Las protestas por el turismo masivo en Baleares ponen a Aena en el punto de mira

El aeropuerto de Son Sant Joan de Palma batió el pasado mes de agosto su récord absoluto de pasajeros al registrar 4,8 millones de viajeros. El de Ibiza rozó su máximo histórico el mismo mes con 1,5 millones de pasajeros. Hace tiempo que la cantidad dejó de ser un parámetro anhelado por las administraciones para tratar el asunto turístico en Baleares, donde el debate sobre la masificación del territorio ha dado un giro en las últimas semanas y ha puesto en la diana de todas las críticas a la entidad pública gestora de los aeropuertos, Aena, cuyo 51% está en manos del Estado a través de la empresa pública Enaire. La aprobación el pasado 15 de septiembre del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (conocido como DORA III), que prevé más pasajeros en esos aeropuertos, ha puesto en pie de guerra a los movimientos sociales de las islas y ha desatado un nuevo episodio de confrontación política por los planes de expansión y crecimiento de capacidad de los aeropuertos contemplados en el texto.

El DORA III estima un aumento de más de dos millones de pasajeros en el conjunto de aeropuertos de Baleares en apenas cuatro años, pasando de los 47,7 millones previstos en 2027 a los 49,8 que contempla el documento para 2031. El año pasado, que también fue de récord, los tres aeropuertos de las islas ya recibieron 47,1 millones de pasajeros. "Hay que parar estas ampliaciones. Si la población reclama un decrecimiento turístico, es impensable que se siga poniendo sobre la mesa incrementar el número de turistas y de emisiones en territorios que ya están colapsados" señala Pere Joan Femenia, portavoz de la plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma, entidad que el pasado domingo congregó a cientos de personas en la capital balear para protestar por los planes de Aena.

La convocatoria fue especialmente multitudinaria en Ibiza, donde la marcha organizada por la Associació de Joves de la isla congregó a más de 5.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, que salieron a oponerse a los planes de expansión del aeropuerto de Es Codolar. Para Víctor Torres, vicepresidente de la asociación, la manifestación ha supuesto una oportunidad para que la sociedad ibicenca, poco dada a movilizarse, lance el mensaje "de que la isla no se vende". Y es que mientras Ibiza se ha convertido en el territorio balear donde el problema de la vivienda es más grave, con centenares de trabajadores viviendo en autocaravanas y campamentos, más de nueve millones de personas pasaron por el aeropuerto en 2025 con la isla batiendo los récords absolutos de llegada de turistas con 3,3 millones de visitantes.

La movilización social, a poco menos de un año de las elecciones autonómicas y en un escenario delicado por el hartazgo ciudadano por los efectos negativos del turismo, ha saltado también al ruedo político, donde PP y PSOE se responsabilizan mutuamente de agrandar la principal puerta de entrada a las islas y de los planes de crecimiento turístico. Mientras el PP responsabiliza al PSOE de fomentar la masificación ampliando los aeropuertos a través de una empresa controlada por el Gobierno central, los socialistas acusan al ejecutivo de la popular Marga Prohens de no haberse pronunciado en contra de las ampliaciones y de seguir incrementando el número de plazas turísticas en el archipiélago.

Según recogió Aena en la memoria justificativa del DORA III, Baleares fue una de las comunidades que pidió la incorporación de inversiones estructurales" orientadas a la ampliación de capacidad" con el objetivo de "absorber el crecimiento de la demanda". Un extremo que el Gobierno regional rechaza, replicando que el 6 de mayo de este año remitieron una carta a la dirección de Aena para solicitar, precisamente, que las inversiones en los aeropuertos de las islas no fueran ligadas a un incremento de pasajeros. "Hace meses que Prohens sabía las cifras, ¿por qué no salió a negarse y decir que no? Porque en el fondo quería que bajasen las tasas", cuestiona el portavoz del PSOE en las islas, Iago Negueruela, quien también ha cargado contra la empresa pública controlada por su partido, a la que ha acusado de convertir los aeropuertos de las islas en una suerte de "mercadillos". "No me extraña que la gente proteste, hay comportamientos que no son de recibo en una empresa pública".

Unas declaraciones de Negueruela contrapuestas a la posición política que los propios socialistas mantuvieron hasta el último momento durante la tramitación en el Congreso de la ley de Cogestión Aeroportuaria de Baleares, impulsada por los ecosoberanistas de Més per Mallorca, que reclama que el Gobierno regional tenga voz y voto en las decisiones que afectan a los aeropuertos de la comunidad. El PSOE bloqueó hace unas semanas el periplo de la norma en el Congreso de los Diputados, pero en el último momento retiró el veto para permitir su debate en la cámara. En el PP ahora cargan las tintas sobre los socialistas, a los que acusan de ir "a la desesperada a base de mentiras", en palabras de la presidenta de la comunidad, Marga Prohens. Mientras tanto, los ecosoberanistas de Més per Mallorca han dado un paso más allá y han exigido la expulsión del gestor aeroportuario al considerar que se trata de un "agente colonial" que actúa en contra de los ciudadanos de Baleares que sólo busca el rédito económico. "Tiene mala herida, porque gobierne quien gobierne en Madrid, Aena siempre pondrá por delante sus intereses corporativos, ya que sólo quiere extraer el máximo beneficio posible", lamenta Lluís Apesteguia, coordinador de la formación.