El Gobierno aprobará una prestación para los trabajadores y empresas afectados por los incendios

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley para ampliar la protección de los trabajadores y las empresas afectados por los incendios que se extienden estos días por distintos puntos del país. La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y negociada durante el fin de semana con los agentes sociales y las comunidades autónomas afectadas, constituye una prestación extraordinaria que nace como una respuesta temporal a la emergencia actual y permitirá cubrir situaciones que hasta ahora no estaban contempladas, como la de trabajadores que no pueden acudir a su puesto porque han sido evacuados, han perdido su vivienda o carecen de servicios básicos. De aprobarse, entraría en vigor esta misma semana.

El Ministerio de Trabajo asumirá desde el primer día el coste de la inactividad (salario y cotización) derivada de esta emergencia climática , según han explicado fuentes ministeriales. Hasta ahora, la legislación establecía que los primeros cuatro días del permiso por causas climáticas debían ser asumidos por las empresas. Con el nuevo modelo, el Estado cubrirá las prestaciones correspondientes y las compañías no tendrán que afrontar los costes salariales y de cotización asociados a ese periodo ―no obstante, aún está pendiente de concretar qué porcentaje de las prestaciones asumirá el ministerio―. Los trabajadores, por su parte, mantendrán la protección y las cotizaciones correspondientes.

Además, la norma ampliará los permisos por fallecimiento , añadiendo cinco días a los ya contemplados por la legislación para estos casos (actualmente se contemplan dos días que se pueden ampliar a cuatro cuando es necesario el desplazamiento). Aunque los detalles del decreto todavía se siguen negociando, se contempla que la norma cubra cualquier situación en la que la emergencia climática no haya afectado directamente al centro de trabajo, pero impida al empleado acudir a su puesto por las circunstancias provocadas por la catástrofe. La medida permitirá así proteger a quienes, pese a que su empresa continúe funcionando con normalidad, no puedan trabajar por las consecuencias de la emergencia. Es el caso, por ejemplo, de una persona que se encuentre alojada en un pabellón municipal o se mantengan en una zona confinada. En estos casos, la imposibilidad de trabajar no deriva de una enfermedad o de un accidente laboral.

Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo han obligado a evacuar y confinar a decenas de municipios. Entre las tres regiones, ya están afectadas 77.000 hectáreas y hay alrededor de 90.000 evacuados o confinados . Solo en Ávila, son 50.000 hectáreas, lo que lo convierte en el mayor incendio y "el más agresivo" de la historia de España. Ante este escenario, el problema no se limita a los centros de trabajo afectados por las llamas, pues miles de personas pueden verse impedidas para desplazarse y no tienen los medios para continuar con su actividad.

El nuevo mecanismo busca cubrir precisamente estos casos y escenarios similares que puedan ocurrir durante este verano debido a emergencias climáticas . De esta forma, las consecuencias de una evacuación, la imposibilidad de acceder al domicilio o la falta de condiciones básicas para la vida cotidiana podrán justificar la interrupción temporal de la actividad laboral, sin que el trabajador pierda su protección ni las cotizaciones correspondientes.

La nueva regulación se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años. España cuenta ya con un permiso climático de cuatro días para los trabajadores que no pueden desplazarse a sus puestos por una emergencia y con la obligación de adaptar o modificar la jornada, como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores. Este permiso climático fue aprobado mediante Real Decreto en noviembre de 2024 tras la trágica Dana que sufrió Valencia en octubre de ese año, que acabó con la vida de 229 personas y arrasó con buena parte del tejido productivo de la zona. La legislación también establece la negociación colectiva de protocolos de actuación ante riesgos medioambientales y reconoce derechos específicos a los representantes de los trabajadores en esta materia.

El texto que aprobará mañana el Consejo de Ministros tiene carácter coyuntural y responde, según las fuentes, a la necesidad de actuar con rapidez ante las emergencias actuales. Sin embargo, defienden que la norma debería incorporarse de forma permanente al sistema de protección social, pues España se enfrentará en los próximos años a episodios climáticos extremos similares a los que sufre a día de hoy. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado este lunes en más de 170.000 las hectáreas que han sido afectadas por los incendios forestales en España en lo que va del año, un número seis veces mayor que las hectáreas afectadas en 2025. En su opinión, estos datos corroboran que el contexto actual es más complicado que años anteriores.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre el Gobierno aprobará una prestación para los trabajadores y empresas afectados por los incendios y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.