SCJN busca acercamiento con empresarios tras polémicas por resoluciones fiscales
La SCJN busca fortalecer su relación con la iniciativa privada mediante la creación de mesas de trabajo y diálogo con representantes empresariales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca fortalecer su relación con la iniciativa privada mediante la creación de mesas de trabajo y diálogo con representantes empresariales, luego de una serie de resoluciones judiciales que generaron controversia en el sector.
Los ministros del máximo tribunal firmaron recientemente el Programa de Vinculación, Diálogo y Formación Especializada con el Sector Empresarial "Por la Certeza Jurídica", con el objetivo de fortalecer la confianza de los empresarios en las decisiones del Poder Judicial, tras los cambios derivados de la reforma judicial.
En el acuerdo participaron organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Farmacéutico Mexicano y el Consejo de Empresas Globales.
El presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, celebró la iniciativa de la Corte y aseguró que la certeza jurídica es indispensable para impulsar la inversión y el crecimiento económico del país.
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El acercamiento ocurre después de que la SCJN abordara asuntos que generaron polémica entre los empresarios, entre ellos los adeudos fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, el caso de FEMSA y la discusión sobre la posibilidad de revisar sentencias firmes, bajo el principio de cosa juzgada.
A finales de noviembre de 2025, la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó que la Corte atrajera el caso, después de un intento previo que no prosperó.
La solicitud abrió cuestionamientos sobre el respeto al principio de cosa juzgada, que protege las resoluciones judiciales firmes. Sin embargo, el procedimiento de atracción no implicaba, por sí mismo, una vulneración de ese principio.
La discusión sobre la posibilidad de revisar asuntos previamente resueltos por las extintas Salas de la Corte también generó polémica a finales de 2025. Entre los casos que provocaron cuestionamientos figuró la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya constitucionalidad ya había sido abordada por la anterior integración del tribunal.
Pese a la controversia por el caso de FEMSA, la resolución de la Corte favoreció al conglomerado regiomontano. Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la importancia de enviar un mensaje de certeza jurídica a las empresas y emprendedores, en un contexto de debilidad de la inversión.
Estamos obligados como tribunal constitucional a enviar un mensaje muy claro en el sentido que México sí ofrece seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la federación", señaló la ministra.
Durante la sesión del 13 de noviembre de 2025, los ministros resolvieron una serie de amparos relacionados con los créditos fiscales de TV Azteca, Elektra y Nueva Elektra del Milenio, por un monto conjunto de 48,393 millones de pesos.
En la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía sostuvo que la anterior integración de la Corte no debió atraer los amparos de Elektra, aunque aclaró que esa circunstancia no los volvía improcedentes.
Tras las resoluciones, Grupo Salinas anunció que llevaría sus controversias fiscales a instancias internacionales. Sin embargo, meses después informó que había alcanzado un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El conglomerado también dio a conocer que TV Azteca liquidó adeudos fiscales por más de 4,000 mdp, mientras que Elektra se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias, tras realizar pagos por 16,000 millones de pesos.
FEMSA y la polémica por la cosa juzgada Uno de los asuntos que generó controversia fue el adeudo fiscal de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) por 2,868 millones de pesos (mdp), correspondiente al ejercicio fiscal de 2011.
Los conflictos fiscales de Ricardo Salinas Pliego Otro de los asuntos que generó controversia fue el de los adeudos fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, cuyos litigios quedaron pendientes desde la anterior integración de la SCJN.
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