La inversión en defensa tiene un impacto fugaz en la economía y menor que otro tipo de gasto público

Los países de la OTAN están envueltos en un gasto militar al alza para cumplir los objetivos que ha marcado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dedicar un 5% del PIB, lo que volvió a abrir el viejo debate de cañones o mantequilla. Ante las reticencias de algunos gobiernos, como el español, de incrementar hasta ese punto el gasto que drenaría recursos de otras políticas públicas, la patronal del sector esgrime que la inversión en defensa da un importante empujón a la economía. Un reciente estudio de investigadores del Banco de España enfría esta asunción al asegurar que el efecto multiplicador es inferior a lo estimado por informes anteriores. Y aseguran sus autores que este gasto "tiene efectos a largo plazo más efímeros y de menor magnitud que los proyectos generales de inversión pública".

Uno de los retos para calcular de forma adecuada el impacto en la economía del gasto en defensa es el largo ciclo de vida y los retrasos en la ejecución. Entre el anuncio del contrato y la producción se pueden producir retrasos importantes —los autores calculan que de entre uno y cinco años— y el tratamiento estadístico de las inversiones militares implica que el gasto solo se registra en las cuentas nacionales tras la entrega, para la que pueden pasar hasta diez años, sin reflejar el incremento de la producción en ese periodo. Los investigadores creen que logran salvar esta dificultad con su método y han creado una base de datos que abarca más de 30 años de contratos de defensa.

Con su método concluyen que la inversión pública prácticamente no reacciona durante el primer año, empieza a aumentar lentamente durante el segundo y alcanza su máximo cuatro años después de que se haya producido el choque. Es decir, que el impacto en el PIB de la adjudicación de los contratos es similar a cero durante los dos años y medio iniciales. A continuación, la producción aumenta hasta alcanzar su punto máximo cuatro años después para luego caer. En ese cuarto año, el multiplicador fiscal, esto es, el impacto en la economía de la inversión (en este caso sin tomar en cuenta salarios y otros consumos como la compra de combustible), supera ligeramente el uno. Traducido, quiere decir que por cada euro gastado en el proyecto, la actividad económica aumenta en otro euro. En el año quinto llega a ser del 1,3 y a partir de ahí cae hasta extinguirse. Pero es un efecto transitorio que a partir del año siete vuelve a ser cero. Además, los contratos adjudicados a empresas en el extranjero generan un impacto macroeconómico insignificante.

Otro estudio de BBVA Research de 2025 estimaba que el multiplicador fiscal del gasto en defensa en los dos primeros años llegaba al 1,5 y que cuando se cogía solo el dato de inversión (sin salarios), podía llegar hasta el 2 (es decir, por cada euro se conseguirían dos). En lo que sí coincidía el estudio era en el carácter transitorio del impacto. La patronal del sector de la defensa en España, TEDAE, encargó a PwC un estudio sobre el impacto económico del gasto en Defensa que publicó la semana pasada y que arroja un multiplicador medio del 2,3 en el año 2025 (por cada euro invertido, se generaron 2,3).

En sus conclusiones, los tres investigadores del Banco de España observan que "los proyectos de inversión pública de mayor envergadura pueden generar efectos más persistentes que los observados en el caso de la inversión en defensa", y recuerdan que sus estimaciones solo se refieren a los efectos directos del gasto en defensa. "Los responsables políticos también podrían tener que tener en cuenta los costes económicos causados por los conflictos militares y los posibles efectos disuasorios de la mejora de las capacidades de defensa mediante la inversión en este ámbito" para tener una foto completa, agregan.