El Gobierno apura la negociación del decreto de vivienda con ayudas a la compra y blindaje del parque público

El Gobierno aprieta las últimas horas de negociación del decreto de vivienda que debe ver la luz en el Consejo de Ministros de mañana martes. Los partidos de coalición, PSOE y Sumar, mantienen conversaciones permanentes con los partidos de la mayoría de la investidura para aquilatar un texto que incorpora algunas novedades sobre los fracasados intentos de primavera y julio. Las partes negocian nuevas ayudas a la compra para los jóvenes y también medidas para proteger el parque público de viviendas. También se continúa perfilando la restricción a que fondos buitre adquieran viviendas residenciales o las bonificaciones fiscales a inquilinos y también a propietarios que tengan sus pisos arrendados y estén afectados por la congelación de los alquileres.

Desde el socio minoritario del Gobierno enfrían un poco las expectativas al asegurar que "el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos: una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos, y la renovación de los contratos", todos puntos calientes de la negociación.

Las mismas fuentes de Sumar aseguran: "No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país". El tira y afloja con los grupos conservadores Junts y PNV lleva a que algunas de las medidas que quieren los partidos más progresistas se queden desdibujadas.

El texto inicial que circuló en julio y que no logró pasar el filtro de la mayoría parlamentaria se ha abierto en canal y se añaden medidas a toda velocidad para responder a la inquietud de la calle que se ha levantado en protestas durante el fin de semana en toda España y que han cristalizado con una acampada en la Puerta del Sol en Madrid. El desahucio de Maricarmen la pasada semana ha abierto lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de "ventana de oportunidad", para sacar un decreto ley que reforme los puntos más dolorosos del mercado inmobiliario y que corrigen en parte la crisis de vivienda que hace para muchos jóvenes inaccesible emanciparse. El presidente tiene un acto de vivienda social en Barcelona donde se esperan nuevas protestas.

Aún no está claro cómo se limitará la compra a los llamados fondos buitres de vivienda, una medida muy simbólica pero con muchas aristas. Sumar ya había planteado la prohibición de que personas jurídicas compraran vivienda residencial y se descartó por complejo. Pero ahora estarían afinando la fórmula para que grandes fondos de inversión dejen de especular con la vivienda, sin dinamitar el negocio de miles de pymes que se dedican a eso.

También están abiertas las negociaciones de bonificaciones fiscales. Los expertos no veían con buenos ojos seguir incentivando las medidas de demanda, como ayudas a la compra, ya que pueden tener a la larga un efecto de subidas de precios. Sin embargo, fuentes del Gobierno dicen que se están estudiando medidas focalizadas en los jóvenes para poder acceder a una primera vivienda y también bonificaciones fiscales a los inquilinos.

Las ventajas fiscales a los propietarios que no suban los alquileres era una exigencia de Junts a la que Sumar se ha avenido desde el principio como cesión para sacar el decreto que negocia la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en primera persona.

También se da importancia al parque público de vivienda que se "blindará" con una calificación permanente de "protegido", dicen las fuentes del Gobierno.