El fin del escudo 'antiquiebras' coloca a 80.000 empresas al borde de la causa de disolución

El 'escudo antiquiebra' que el Gobierno aprobó en 2020 para ayudar a las empresas a superar la crisis derivada de la pandemia llegará a su fin el 31 de diciembre. Salvo una ampliación in extremis, las empresas volverán a estar obligadas a computar las pérdidas del año de la pandemia y las del siguiente a efectos de disolución. Los economistas contables del Consejo General de Economistas de España calculan que unas 80.000 sociedades están en riesgo. Expertos del mundo financiero y del sector legal advierten de que aflorará la falta de recursos de muchas compañías, aunque no prevén una avalancha de disoluciones. Una eventual extensión de la protección requiere un real decreto ley y su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. El Ministerio de Economía, encargado de esta regulación, no ha aclarado si prepara una nueva prórroga.

La suspensión de la causa de disolución por pérdidas se aprobó en abril de 2020 y en septiembre de ese año se convirtió en ley. El objetivo era que las empresas ganaran tiempo para reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya fuera con la recuperación de su actividad ordinaria o con el acceso al crédito y a las ayudas públicas. En paralelo, una medida distinta, la moratoria concursal, suspendió el deber de pedir el concurso de acreedores, si bien esta decayó en junio de 2022.

La moratoria contable se prorrogó para los siguientes ejercicios a través de los reales decretos-ley en los que se contempló la ampliación temporal de esas medidas y otras para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y de otras crisis, como la energética, la arancelaria o por el conflicto en Oriente Próximo. El Congreso tumbó tres de esos decretos en enero de 2025, enero de este año y también el pasado febrero. Aunque el Ejecutivo recuperó después la moratoria en otras normas; la última vez fue el pasado marzo, norma que expira a final de año. La exención de contabilizar las pérdidas para calcular la causa de disolución solo es válida en relación a las de 2020 y 2021. Es decir, no protege del deterioro patrimonial posterior.

Según la Ley de Sociedades de Capital, una empresa debe disolverse si sus pérdidas reducen su patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social. Las excepciones son que aumente o reduzca el capital en la medida suficiente o que proceda pedir el concurso. Los economistas contables calculan, con datos estimados del Banco de España y de la Encuesta de Población Activa (EPA), que la moratoria protege a cerca de 80.000 sociedades en riesgo de quiebra y entre 600.000 y 800.000 empleos. Lo expusieron en febrero, en el III Encuentro de Economistas Contables del Consejo General de Economistas; allí pidieron convalidar la moratoria y recordaron que este tipo de medidas "protegen a las pymes, al empleo y en definitiva a la economía productiva".

Los sectores más expuestos son turismo, hostelería, ocio, transporte y comercio, y el riesgo se concentra en pequeñas y medianas empresas. Jordi Santamaría, socio de Legal de la oficina de Barcelona de Grant Thornton, advierte de que el ojo del huracán está sobre todo en las empresas más vulnerables, como las llamadas zombis, "que todavía combinan pérdidas acumuladas, escasa rentabilidad, endeudamiento y dificultades para afrontar sus gastos financieros". Un inversor del ámbito del private equity experto en empresas en dificultades añade otros focos de tensión, como la restauración, el sector cárnico, el vino y su industria auxiliar, las clínicas dentales y las renovables. En estas áreas, las valoraciones se han desplomado a la mitad en nueve meses.

Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, precisa que haber recuperado el nivel de ventas no significa haber reconstruido el patrimonio. "Por eso, el problema trasciende a las grandes compañías rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y exige prestar atención a las pymes con menor capacidad de recapitalización", señala.

Un inversor especializado en empresas en dificultades señala que, si no hay prórroga, las sociedades con patrimonio negativo y créditos ICO pendientes tendrán que actuar a partir de enero. El saldo vivo de las líneas ICO para resistir la Covid rondaba los 24.000 millones en diciembre de 2025, de acuerdo con los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El directivo apunta con el dedo hacia un problema recurrente: a los fondos de reestructuración los llaman demasiado tarde, cuando las condiciones para los dueños ya son peores. Según esta misma fuente, las reestructuraciones en España se han frenado y las operaciones que llegan son más pequeñas.

Las cuentas del año pasado del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento con el que la Sepi salvó 28 compañías, revelan el estado de las grandes rescatadas. El fondo había provisionado 425 millones de los más de 1.000 millones que le quedaban por cobrar, el 42%. En el ejercicio perdió 139,7 millones tras dotar 260,3 millones por deterioro. La Sepi ha recuperado 1.775 millones, el 66% de lo prestado, según sus últimos datos, correspondientes a septiembre.

En abril, el fondo aprobó refinanciar a Vivanta, la red de clínicas dentales que había recibido 40 millones, y el Consejo de Ministros lo autorizó. En septiembre, la compañía entró en concurso de acreedores, como informó CincoDías, y la compañía ha cerrado todas sus clínicas dentales a la espera de que Bruselas se pronuncie. Las cuentas del fondo recogen también que Duro Felguera, Imasa y Vicinay homologaron planes de reestructuración en 2026 y que Losán pidió en mayo la homologación del suyo.

Duro Felguera es un buen ejemplo de una gran empresa dependiente del escudo contable. Tras la homologación de su plan de reestructuración el pasado junio, informó en su documentación publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su patrimonio neto individual seguía siendo negativo a junio de 2026, pero que el cómputo de los préstamos participativos y la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 permitían evitar la causa de disolución. En un caso similar se encuentra Tubos Reunidos, que también se ha servido de la moratoria contable, si bien entró en concurso de acreedores el pasado mayo y en fase de liquidación en el caso de su sociedad matriz desde octubre.

La dificultad para aprobar una prórroga de cara a 2027 es obvia. Las Cortes disueltas y la confrontación reinante entre el PSOE y el PP en plena precampaña electoral son obstáculos adicionales. El adelanto de los comicios al próximo 29 de noviembre y un hipotético cambio de Gobierno han hecho que la incertidumbre aumente. "Una eventual ampliación es posible desde el punto de vista legislativo, pero debería formar parte de la planificación financiera de las compañías afectadas mientras no exista una nueva norma", advierte el socio de Grant Thornton. En la actual situación, el Gobierno solo puede aprobar reales decretos-leyes justificando su urgente necesidad, una capacidad que se limita mucho más a partir del 30 de noviembre cuando comience a estar en funciones. Con esta fórmula legal, que deberá ser convalidada por la Diputación Permanente, se aprobará la nueva normativa sobre la vivienda (el denominado decreto Maricarmen) el jueves 12 de noviembre.

Los expertos consultados no creen que el fin de la moratoria contable provoque una avalancha de disoluciones y cierres automáticos de empresas. Entre enero y octubre se registraron unas 25.000 disoluciones, un 8% más que un año antes, y más de 5.300 concursos, un 3,4% menos, según la consultora Informa D&B. "Si la empresa es viable, debería haber existido un margen suficiente para recuperar las pérdidas que se originaron de forma puntual por la pandemia", indica Santamaría. Ahora se abre un periodo para un amplio abanico de operaciones que ayuden a las compañías viables con dificultades a salir adelante: recapitalizaciones, reducciones de capital, operaciones acordeón, aportaciones de socios, préstamos participativos o procesos de reestructuración.

"Mantener indefinidamente la excepción puede aplazar decisiones necesarias y trasladar el riesgo a los acreedores. El desenlace dependerá especialmente de la capacidad de atraer recursos y de la anticipación con la que se actúe: el riesgo aumenta cuando se espera al vencimiento para negociar con socios y acreedores", añade la socia de Kepler-Karst.