¿Cuáles son los principales escollos en América Latina para lograr una consolidación fiscal?

La calificadora advierte que la situación complica la posibilidad de que los gobiernos realicen ajustes duraderos sin afectar la inversión pública o los servicios sociales. Al mismo tiempo, el aumento de la deuda dejó a varios países con menos margen para responder a nuevos shocks.

El informe señala que los ratios de deuda aumentaron en 14 de los 18 soberanos analizados entre 2019 y 2025. La mediana de la deuda pasó del 45% al 55% del producto interno bruto durante ese período, mientras que nueve países terminaron 2025 con una deuda equivalente a por lo menos el 60% de su economía.

Para Moody's, esta combinación de mayor endeudamiento y gasto rígido aumenta la necesidad de conseguir mejoras duraderas en el resultado primario.

VER MÁS: El terremoto complica el estrecho camino fiscal que enfrenta Colombia, advierte Bloomberg Economics

El concepto de gasto rígido incluye tanto partidas obligatorias por ley, contratos o disposiciones constitucionales como otros gastos que, aunque técnicamente pueden modificarse mediante el presupuesto, resultan políticamente o socialmente difíciles de reducir.

En promedio, los salarios, los intereses de la deuda, los subsidios y las transferencias representaron el 77% del gasto de los gobiernos centrales de los 18 países analizados en 2024.

Brasil aparece como el caso más extremo: alrededor del 97% de su gasto fue considerado rígido durante el período 2021-2024. Le siguieron Argentina, con 90%; Costa Rica, con 89%; Colombia, con 87%; y Uruguay, con 83%.

En el otro extremo se encuentran Perú y Nicaragua, con una proporción de gasto rígido de aproximadamente 57% y 55%, respectivamente. Guatemala y Panamá también presentan estructuras relativamente más flexibles.

Sin embargo, Moody's advierte que una menor proporción de gasto rígido no necesariamente implica una situación fiscal más cómoda. Algunos países tienen una mayor proporción de gasto de capital, pero parte de esas erogaciones también puede estar comprometida mediante contratos, asociaciones público-privadas o transferencias a empresas estatales y gobiernos subnacionales.

Uno de los principales cambios posteriores a la pandemia fue el aumento de los costos de financiamiento y de las transferencias.

El gasto promedio en intereses pasó del 2,5% del PIB en 2019 al 2,9% en 2024. Como estos pagos no pueden reducirse mediante las decisiones presupuestarias ordinarias, cada aumento de esta partida reduce los recursos disponibles para otras áreas y para el propio ajuste fiscal.

Las transferencias y los subsidios también aumentaron. Pasaron, en promedio, del 8,4% al 9% del PIB entre 2019 y 2024.

Esto genera un problema particularmente complejo: incluso cuando un gobierno quiere reducir el déficit, una parte importante de sus gastos aumenta automáticamente o requiere reformas legales para ser modificada.

El segundo gran escollo es el nivel de endeudamiento acumulado desde la pandemia.

Solo cuatro de los 18 países analizados tenían en 2025 una relación entre deuda y PIB inferior a la de 2019. Entre ellos se encuentran Argentina y Ecuador, que reestructuraron parte de sus obligaciones en 2020.

Para Moody's, una deuda más elevada implica que los gobiernos necesitan obtener mejoras sostenidas en su resultado primario para estabilizar o reducir el endeudamiento. El problema es que algunos países todavía presentan déficits superiores a los necesarios para estabilizar su deuda.

VER MÁS: México sostiene que cuentas fiscales están "bajo control" en medio de presión de calificadoras