Los vecinos de Almaraz, sobre alargar la vida de la central nuclear: "No será la última, lucharemos por más"

Almaraz está de fiesta. Durante la tarde de este sábado, en la plaza del Ayuntamiento, los niños se deslizan por dos toboganes hinchables de unos cuatro metros y saltan en un castillo inflable con forma de jirafa, mientras los adultos comen y beben en una docena de quioscos de cerveza y comida. Shakira y Daddy Yankee suenan alto en los altavoces y una hilera de sacos convertidos en mosaicos, con dibujos de plantas y del escudo municipal, cuelga a la entrada de la plaza. Este fin de semana se celebran las fiestas en honor a San Roque, patrón del municipio y protector frente a todo tipo de pestes, incluida la despoblación que amenaza a este municipio cacereño de 1.594 habitantes. Este año, el pueblo tiene un doble motivo de celebración.

La central nuclear del municipio, inaugurada en 1981 y que genera unos 4.000 empleos directos e indirectos, según las autoridades locales, debía cerrar sus operaciones de forma gradual a partir de noviembre de 2027, dentro del calendario de cierre nuclear impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y firmado con su socio de coalición Sumar. Sin embargo, el Ejecutivo prorrogó este viernes la actividad de la planta extremeña durante tres años más. Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado , el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de los dos reactores hasta el 8 de junio de 2030.

"El alcalde celebró la noticia en un pregón durante las fiestas por la noche y se veía a la gente abrazándose. Se escuchaba decir: 'Enhorabuena. Seguimos. Hay que seguir luchando'", relata Miguel Ángel Godino Pérez, de 62 años y natural de Casar de Cáceres pero residente en Almaraz desde 1986, tras casarse con una vecina. Ya es uno más. Lleva una camiseta de su peña, La Bellota. La mayoría de los vecinos consultados comentan que, después del pronunciamiento del primer edil, José Antonio Díaz (PSOE), tampoco s e habló demasiado de la central durante la fiesta. Queda una sensación de alivio y, por las calles, apenas se oye hablar de ella, aunque de las farolas cuelgan carteles de apoyo en vivos colores a la instalación. La gente conversa sobre la vida cotidiana —"¿a qué hora quedamos en el bar?", "me encanta esta camiseta", "dame un beso que no nos vemos desde las fiestas pasadas"— y trata de seguir con normalidad.

La vida en Almaraz y los municipios de su entorno ha quedado en suspenso desde 2019, cuando el Gobierno anunció el cierre programado de la planta. "Nos hemos enfrentado a esta incógnita constante... No sabes cómo decirles a tus vecinos que quieren abrir una tienda, una peluquería o cualquier otro negocio que, si la central se apaga, el pueblo puede desaparecer en unos años", cuenta por teléfono Fernando Sánchez, técnico radiológico en la planta y alcalde de Belvís de Monroy, una localidad de 800 habitantes a ocho kilómetros de los reactores y donde, según las estimaciones del político, unas 50 familias trabajan en ellos.

En uno de los dos bares de Almaraz (llegaron a ser una veintena) Irene Vega encarna una historia que el pueblo conoce bien: la de quienes tuvieron que marcharse por falta de trabajo. Esta ama de casa de 77 años conoce el municipio desde antes de la planta. Nació allí en 1949 y vivió en el pueblo hasta los 12 años, con recuerdos felices del vivero donde plantaba pinos y eucaliptos y donde hoy se levanta la central. "Fue una infancia muy feliz", recuerda. Ante la falta de empleo, sus padres se mudaron con ella a la Comunidad de Madrid, donde vive desde entonces, aunque mantiene la casa familiar en Almaraz y pasa allí los veranos con sus tíos que se quedaron; ambos empleados en la planta. "Genera mucho trabajo y esto es importante", defiende Vega.

Los empleados de la central están representados por Borja Romero, presidente del comité de empresa desde hace tres años. Ingeniero industrial encargado de la reparación de las instalaciones, Romero trabaja allí desde hace 15 años: "La planta te deja mucha huella. Es donde he desarrollado mi familia, donde he conocido a mi pareja, que también trabaja allí, y donde vivo feliz. Esta no será la última prórroga y seguiremos luchando por más", cuenta por teléfono.

Considera un punto de inflexión la manifestación que reunió a unas 7.000 personas en el pueblo en enero de 2025. Almaraz nunca había visto nada semejante. Contaron con el apoyo del grupo de presión Sí a Almaraz, sí al futuro , fundado desde Belvís de Monroy por el alcalde Sánchez, para defender la continuidad de la central. Hoy suma 104 entidades adheridas, entre ayuntamientos, cámaras de comercio y otras organizaciones, que representan a más de dos millones de personas de toda España. De acuerdo con esta asociación y con las eléctricas propietarias de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy, a través de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), la planta puede seguir operando con seguridad otros 35 años, hasta alcanzar las ocho décadas de funcionamiento.

La decisión de retrasar el cierre responde sobre todo a un efecto que se desarrolla a miles de kilómetros de Almaraz: la del estrecho de Ormuz. El Gobierno ha justificado el retraso por la crisis energética provocada por el cierre, en plena guerra entre Estados Unidos e Irán, de esta estrecha vía marítima por la que pasa una quinta parte del petróleo y gas mundial. "La crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural", señala en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado .

El precio de referencia del gas natural en Europa se ha duplicado y se encuentra a niveles no vistos desde la invasión rusa de Ucrania, mientras que el gasóleo, utilizado tanto en la mayoría de los coches como en la maquinaria industrial, ha subido un 15,7% en España , según los últimos datos del IPC, referentes a julio y publicados este viernes. La escalada ha sido tan implacable como suficiente para forzar al Gobierno a ampliar la rebaja fiscal prevista para el diésel en septiembre, de cinco a 20 céntimos por litro. Es la segunda rebaja fiscal desde el inicio de la guerra a principios de año, aunque de menor alcance que el recorte del IVA de finales de marzo.

"En el contexto actual, la prórroga (de Almaraz) puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente", argumentan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Si los hogares españoles han sufrido menos que sus vecinos europeos las subidas de la factura de la luz, eso se debe en parte a la diversidad de sus fuentes de energía, y la nuclear aporta su cuota. De acuerdo con Red Eléctrica, Almaraz y las otras cuatro centrales en actividad en España (Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós II) representan cerca de un 20%.

El poder de iluminar millones de casas por toda España es motivo de orgullo para muchos vecinos de este pueblo de Cáceres. La entrada al municipio recibe a los visitantes con una maqueta de los dos reactores de la central. Los empleados además han compuesto una canción en homenaje a las instalaciones. "La central me encanta", sentencia Irene Vega, con un acento extremeño intacto pese a las décadas vividas en Madrid.

No obstante, algunos vecinos de la zona desean el cierre de la central nuclear, como José María González Mazón, residente en Navalmoral de la Mata (17.352 habitantes), a unos 20 kilómetros de Almaraz. Coordinador del grupo de trabajo de energía de la organización ecologista Adenex, el activista de 73 años afirma en una llamada a este diario que su organización presentará una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa para retomar el calendario de cierre de Almaraz.

"Prorrogar Almaraz es un desastre político absoluto e infringe el Estado de derecho", critica González Mazón. Confía en que la medida del viernes acabará en los tribunales y pone como precedente el caso de Garoña. En 2011, la Audiencia Nacional avaló el final de la central burgalesa frente a los recursos de Endesa e Iberdrola. Garoña acabó cerrando en 2013, en la fecha fijada originalmente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A diferencia de hoy, el Ejecutivo entonces no había dado marcha atrás previamente en su propio calendario de cierre.

La principal preocupación de González Mazón es el riesgo de contaminación radiactiva. Afirma haber documentado más de mil incidentes en Almaraz, así como 160 casos de empleados o familiares enfermos por exposición a la radiación, y sostiene además que el reactor 1 atraviesa actualmente una avería grave, en reparación desde hace días, sin que el Consejo de Seguridad Nuclear haya informado de ello en su web. Fuentes de la central lo niegan.

Como técnico radiológico en la planta, el alcalde Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, defiende que Almaraz es segura y, para probarlo, realiza mediciones periódicas de radiación tanto en la central como en los pueblos del entorno. "De hecho, hay zonas con suelos llenos de minerales, como las áreas mineras, que tienen mucha más radiación", subraya. En la misma línea se expresa otro técnico con una experiencia en la central al alcance de pocos, Pedro Pizarro, vinculado como trabajador de una empresa contratista desde 1982 y participante en diversas recargas de combustible hasta su prejubilación, en 2020. Como en una película de ciencia ficción, llegó a retirar cinco veces la cabeza del reactor. "Todo se hace con mucho cuidado y nunca me ha pasado nada", cuenta este vecino, que se mudó al pueblo por la central y hoy tiene 69 años.

Muchos vecinos de la localidad rechazaban la central cuando vino. "Todos pensaban en la bomba atómica, que puede explotar en cualquier momento", comenta Antonio Durán, de 66 años, que trabajó en la construcción de la central durante seis meses. La planta fue proyectada en los años sesenta desde los despachos de Madrid y Sevilla de tres grandes eléctricas de la época —Hidroeléctrica Española (hoy Iberdrola), Sevillana de Electricidad (Endesa) y Unión Eléctrica Madrileña (Naturgy)—, y los tecnócratas franquistas autorizaron el proyecto en 1971 y el inicio de las obras en 1973. Como alcalde, empleado y activista, Sánchez ironiza con la relación exquisita actual del pueblo con la central: "Aquí nos impusieron la central nuclear y ahora, cuando hemos aprendido a vivir con ella, nos la han querido quitar".