Brasil podría liderar estándares globales para el comercio de soya y carne sin deforestación, según WRI

Bloomberg Línea — Brasil puede dejar de limitarse a cumplir con las exigencias ambientales de sus compradores para asumir un papel más relevante en la definición de estándares para el comercio internacional de soya y carne de res libres de deforestación.

Así lo confirma el estudio "Rastreando la responsabilidad: fortalecimiento del monitoreo de la deforestación en las cadenas de suministro de soya y carne de res de Brasil", realizado por World Resources Institute (WRI), una institución sin fines de lucro financiada por gobiernos y fundaciones filantrópicas globales, como Bezos Earth Fund y AKO Foundation.

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"Más que responder a exigencias externas, es una oportunidad para que Brasil convierta la transparencia y la confiabilidad en un pilar de su estrategia de desarrollo", afirmó Mariana Oliveira, directora del Programa de Bosques y Uso de la Tierra de WRI Brasil, en una entrevista con Bloomberg Línea.

Oliveira es una de las autoras del estudio, que reúne a investigadores vinculados a las instituciones WRI Brasil, BVRio, Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Principles for Responsible Investment, WRI China y Proforest.

"Brasil tiene las condiciones para participar y llevar a cabo esta transformación, no solo para seguir suministrando materias primas, sino para ser protagonista en la construcción de cadenas de producción y comercio más resilientes, competitivas y sostenibles", afirmó Oliveira.

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La soya y la carne de res representaron juntas más del 60% del valor de las exportaciones del sector agroindustrial del país en 2024, según datos de Comex citados por el estudio. Al mismo tiempo, estas dos actividades se encuentran entre las que más presión ejercen sobre la vegetación nativa, especialmente en la Amazonía y el Cerrado, según el estudio.

El estudio del WRI analizó 21 iniciativas de monitoreo, diez enfocadas en la soya y 11 en la ganadería, entre las que se incluyen protocolos comerciales, acuerdos voluntarios, plataformas públicas, certificaciones y recomendaciones multisectoriales.

El estudio comparó las iniciativas en seis dimensiones, que incluyen la trazabilidad, el control de la deforestación y la conversión de tierras, las restricciones ambientales, la superposición con áreas protegidas, el cumplimiento ambiental y la presencia de trabajo análogo a la esclavitud.

Según el estudio, Brasil cuenta con un importante marco legal, como el Código Forestal, y dispone de bases de datos oficiales, como el Registro Ambiental Rural (CAR), el Prodes y el Deter, además de plataformas estatales y fuentes complementarias de monitoreo. El reto, sin embargo, es integrar esta información y establecer criterios comparables más claros.

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Entre las prácticas destacadas se encuentran el Protocolo de Monitoreo de Proveedores de Ganado de la Amazonía y el Protocolo Verde de Granos de Pará. Ambos verifican las autorizaciones para la remoción de vegetación, documento que se utiliza para evaluar si dicha remoción fue autorizada legalmente.

Las plataformas SeloVerde de Pará, Minas Gerais y Maranhão también se señalan como experiencias relevantes por combinar datos ambientales con información sobre infracciones, regularización y, en algunos casos, facturas. En conjunto, abarcan aproximadamente 1,3 millones de propiedades rurales, lo que equivale a cerca del 20% de los registros del CAR.

A pesar de la infraestructura disponible, las iniciativas adoptan diferentes fechas de corte, unidades de monitoreo, límites para la detección de la deforestación, mecanismos de auditoría y reglas para el bloqueo o la reincorporación de proveedores.

"A pesar de estas buenas iniciativas, el panorama está fragmentado y, por lo tanto, presenta algunas inconsistencias. Y esto sí puede comprometer la credibilidad de algunas de estas cadenas productivas", afirmó Mariana.

La fecha límite se define a partir del momento en que el sistema comienza a considerar una deforestación o una conversión. Parte de los mecanismos está vinculada a la fecha de julio de 2008, asociada a la aplicación del Código Forestal, mientras que otros utilizan diciembre de 2020, fecha adoptada por la normativa contra la deforestación de la Unión Europea.