BBVA consigna la fianza íntegra de 1,17 millones de euros impuesta por el caso Villarejo

La Audiencia Nacional ha recibido ya la fianza de más del millón de euros que el Juzgado Central de Instrucción número 6, dirigido por el magistrado Antonio Piña, ha impuesto a los 16 acusados por los espionajes que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo para BBVA. El banco ha consignado, por un lado, 754.285,50 euros para responder por los nueve ex altos cargos, entre ellos el expresidente de la entidad Francisco González , que serán juzgados por delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, entre otros. Por otro lado, ha presentado un aval por el importe restante, de 419.047,50 euros, para afrontar su parte como persona jurídica.

De este modo, BBVA ha hecho frente a la totalidad de la caución que el juzgado de instrucción impuso a todos los acusados, de manera solidaria, por la novena pieza separada de la macrocausa. Se trata de la relativa a la contratación por parte del banco del Grupo Cenyt, el entramado empresarial del expolicía, con el fin de obtener información de políticos, empresarios y periodistas que pudieran perjudicar a los intereses de la entidad financiera. Estos encargos tuvieron lugar, al menos, entre 2004 y 2016. Por ellos, el comisario cobró 10,3 millones de euros, según consta en el sumario de la causa.

El ahora titular del juzgado central, Antonio Piña, acordó la apertura de juicio oral para elevar la causa al tribunal que juzgará el caso cinco meses después de que la Sala de lo Penal rechazara los recursos de los encausados contra la decisión del juez que instruyó toda la causa, Manuel García Castellón (ya jubilado), de proponer juzgar a BBVA, a varios exdirectivos del banco, así como a Villarejo y a un círculo cercano del expolicía.

En esta fase procesal el magistrado fijó una fianza de 1.173.333 euros para asegurar el pago de posibles indemnizaciones a las víctimas de los espionajes derivadas de una eventual sentencia condenatoria. La fianza es solidaria para todos los acusados, lo que quiere decir que en caso de impago, el juez puede proceder a la localización de los bienes más fáciles de embargar de cualquiera de las personas físicas o jurídicas acusada, sin dividir a partes iguales, hasta cubrir el importe total.

En este sentido, BBVA ha activado sus recursos para afrontar la fianza íntegra. Como es habitual, las empresas suelen tener pólizas de seguro para asegurar la responsabilidad civil en la que pudieran incurrir administradores o directivos. En este caso, la entidad pilotada por Carlos Torres tiene dicho seguro contratado con Mapfre. En un escrito con fecha del pasado 28 de julio, al que ha tenido acceso Cinco Días , la aseguradora recuerda que la cuantía está destinada a garantizar las posibles compensaciones, pero en ningún caso puede destinarse a compensar "cualquier cantidad en concepto de multa o penalización de índole penal y de cualquier cantidad en concepto de daños morales".

De este modo, ha puesto a disposición del juzgado hasta 754.285,50 euros para cubrir a las posibles responsabilidades civiles de Francisco González, presidente de la entidad durante casi 20 años; Ángel Cano, ex consejero delegado de la entidad; y Julio Corrochano, exjefe de Seguridad Corporativa y a quien se le atribuye ser el enlace entre BBVA y Villarejo. También de Antonio Béjar, exresponsable de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) ―uno de los encausados más críticos con la estrategia de BBVA durante el proceso―; Eduardo Arbizu, quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad; José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del banco; el magistrado Eduardo Ortega, exdirector de los servicios jurídicos de BBVA; y Joaquín Gortari, quien fuera jefe de gabinete de González y responsable global de Auditoría Interna. En la lista, también figura Óscar Santos Touche, empleado de la entidad que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el policía jubilado ya estaba en prisión provisional.

Dos días después de esta comunicación, el pasado 30 de julio, BBVA notificó a la Audiencia Nacional que ponía a su disposición la cuantía restante mediante un aval emitido por Banco Occidental, entidad que pertenece al grupo bancario, de acuerdo a otro escrito consultado también por este periódico.

BBVA es la única empresa del Ibex 35 investigada en el caso Villarejo que finalmente irá a juicio. El juez que instruyó la causa y los fiscales concluyeron que el sistema de prevención de delitos no funcionó correctamente, ya que dejó al margen de control la actuación de la presidencia ejecutiva y la alta dirección en relación a los encargos que hicieron a Villarejo durante más de 10 años. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción solicita para la entidad una multa de 181,1 millones de euros .

Francisco González es quien, según la Fiscalía y el instructor, dio la orden de contratar a Villarejo. Por ello, el ministerio público pide 173 años de prisión por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Sin embargo, el encausado para el que la Fiscalía reclama mayor castigo de cárcel es el exjefe de Seguridad de la entidad financiera, Julio Corrochano, antiguo comisario de la Policía Nacional, que se enfrenta a 243 años de prisión.

En cuanto al resto de ex responsables de la entidad financiera, la acusación pública ha solicitado penas que oscilan entre 26 años y medio y 43 años de prisión, excepto para Ángel Cano y Joaquín Gortari para quienes pide el sobreseimiento de su posible responsabilidad penal. Sin embargo, se sentarán en el banquillo porque varias de las acusaciones particulares personadas en la causa sí piden penas de prisión para ellos.

También será juzgado el protagonista de este caso de corrupción, el comisario jubilado José Manuel Villarejo , que llevó a cabo los espionajes a través de Cenyt, grupo empresarial que canalizó los contratos y las facturas. Anticorrupción solicita para él una pena de 174 años de prisión, lo mismo que para su socio, el abogado Rafael Redondo.

En la vista oral también estarán presentes el expolicía Antonio Bonilla, que se enfrenta a 43 años de cárcel; un agente de la Policía Nacional, para quien interesa una pena de 33 años de cárcel; y dos ex altos cargos policiales: José Santiago Sánchez Aparicio, ex comisario general de la Policía Judicial y Manuel Vázquez López, el ex comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que afrontarán la vista oral porque así lo ha solicitado una acusación particular.