Barcelona abre el debate de los supermercados públicos en plena subida de precios

Barcelona ha reabierto el debate sobre los supermercados públicos en plena subida de los precios. El alcalde, Jaume Collboni, anunció que la ciudad tendrá el año que viene su primera tienda tras reunirse con su homólogo neoyorkino, Zohran Mamdani, quien ha lanzado ya un plan para abrir cinco tiendas que permitirán a los ciudadanos ahorrarse hasta un 30% en sus compras. El plan de Collboni, que ha sorprendido e indignado a comerciantes, todavía debe definirse. El sector, que ve innecesario el proyecto, le pide que se fije en el modelo británico y no ve con malos ojos una fórmula que consista en ofrecer el excedente de las grandes cadenas que ahora canalizan entidades como los bancos de alimentos. Los partidarios de crear una red pública, sin embargo, le aconsejan observar otras iniciativas, como la que abastece a los militares estadounidenses, ante las crecientes dificultades de buena parte de la ciudadanía para asegurarse productos frescos y saludables.

Tras el anuncio en Nueva York, apenas han trascendido detalles sobre la propuesta de Collboni. El primer supermercado piloto, según el Ayuntamiento, estará en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en un local de titularidad pública, gestionado por una entidad social y vinculado a la formación profesional de sus trabajadores. Esa idea no es nueva en España. Precisamente, el PSOE acaba de tumbar este mes una propuesta de Podemos para crear una red de supermercados públicos al considerar que los márgenes ajustados con los que trabaja el sector lo hacían inviable. El anuncio del alcalde, sin embargo, ha reavivado esa idea en un momento clave. Desde el sector, la propuesta genera recelos: fuentes consultadas recuerdan que se avecinan unas elecciones municipales y temen que, si continúa la escalada de precios, la propuesta acabe incorporándose a más programas electorales.

En los últimos cinco años, la inflación en España ha aumentado alrededor del 25%, mientras que la de los productos alimentarios lo ha hecho un 35%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ahora, los alimentos aún no se han visto arrastrados por la subida de los combustibles y en agosto registraron un avance interanual del 2,3%. Sin embargo, el sector cree que la persistencia del conflicto actual puede abocarlos a un aumento de precios. Según el INE, algunos productos ya se han encarecido: las legumbres (17,3%), la patata (5,3%) y la fruta (3,2%). La pobreza alimentaria, además, está lejos de resolverse. Según un informe de Cáritas, uno de cada diez hogares en España sufre inseguridad alimentaria y 2,8 millones de personas se ven obligadas a renunciar a una dieta saludable, a reducir la cantidad de alimentos o a saltarse alguna comida.

Los supermercados públicos tradicionalmente se han justificado sobre todo por dos razones: la desertización, es decir, la falta de establecimientos, o los precios. "Barcelona no tiene problemas de acceso a los supermercados. No hay desiertos alimentarios, pero sí ciertos oasis alimentarios, espacios donde hay producto fresco o de calidad, pero tan caro que sus vecinos no pueden pagarlo. Y eso ocurre en barrios con gran afluencia de turistas donde las clases bajas no llegan y se ven abocadas a comprar procesados", explica Ana Moragues, directora del Observatorio de Acción e Investigación Alimentaria y profesora de la Universidad de Barcelona (UB).

A falta de más detalles sobre el proyecto, los expertos miran al exterior para buscar otras experiencias. El alcalde no tiene que explorar más allá de las fronteras españolas para hallar un supermercado público. Puede encontrar uno en Rota (Cádiz), en la base estadounidense. Allí hay un gran economato gestionado por la DeCa, una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos que permite que las familias de los militares "ahorren miles de dólares al año en sus compras en comparación con los precios comerciales", según consta en su página web. Ese es precisamente el modelo que algunos expertos recomiendan para la iniciativa de Mamdani. Errol Schweizer ha estado asesorando en los últimos meses a la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en inglés) sobre el proyecto de supermercados. Y lo tiene claro. "El modelo a seguir para esta iniciativa es el de los economatos militares, que usan fondos públicos para alimentar a más de un millón de militares a diario", explica Schweizer en una conversación telefónica. "Lo consiguen subvencionando los márgenes de venta al público y negociando precios mayoristas muy bajos", concreta.

Mamdani sí ha anunciado una inversión de 70 millones de dólares (61 millones de euros) para sus cinco primeras tiendas. Schweizer cree que la fórmula de Mamdani es viable si se cumplen varias condiciones: que destine subsidios públicos para que haya rebajas en los productos, que haya una escala considerable, que se vendan alimentos frescos y que todos los ciudadanos puedan ir a comprar. Esa opción ha soliviantado a los comerciantes estadounidenses y también espanta a los tenderos barceloneses, que dicen que ya operan con márgenes muy reducidos. "Esa idea supone generar una competencia desleal que no toca", resume la presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori. "Estamos de acuerdo con la necesidad planteada: cómo hacemos que los alimentos sean más asequibles. A partir de aquí, creemos que el Ayuntamiento debe trabajar con el sector comercial y ver por qué sube tanto el producto fresco, examinando los costes de energía, inmobiliarios, fiscales, laborales… Y entonces podremos adoptar soluciones", señala.

La patronal del gran consumo también se ha opuesto a la medida. "En España ya hay una elevada competencia entre operadores", apunta en un comunicado. "En Barcelona no tiene sentido", asiente Javier Asensio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). "La ciudad no es un desierto alimentario y estamos hablando de un sector competitivo. Si el Ayuntamiento se pone a competir con esas empresas, ni será más eficiente ni más barato", sostiene Asensio, que cree que hay que buscar el encarecimiento en otro punto de la cadena, en especial donde inciden los costes energéticos.

El sector espera que el modelo de Collboni se asemeje más al del Reino Unido o Suecia. Allí existen los llamados supermercados sociales, en los que un operador compra el excedente a grandes superficies para venderlo a gran escala a precios que oscilan entre un 10% y un 30% respecto al de las cadenas tradicionales, y en los que solo puede comprar población vulnerable. El excedente se destina a fines comunitarios. "No es una opción, los ciudadanos no quieren comprar las sobras de otros", replica enseguida Schweizer.

Moragues, de la UB, tampoco cree que esa experiencia aporte ninguna novedad. "El sector público ya interviene en el sector con los mercados municipales, las ayudas a comercios, las rebajas fiscales... Pero sí hay que tener una visión de ecosistema y tener en cuenta el comercio del barrio, otras iniciativas a las que puede vincularse o la colaboración con entidades de la zona", añade Moragues, quien concluye: "Abrir el debate sobre el papel de la Administración para garantizar el derecho a la alimentación ya es importante".