Asociación Mexicana de Internet respalda la Ley de Economía Digital, pero advierte riesgos de exclusión y fraude

La Ley de Economía Digital entró en vigor el pasado 5 de noviembre y busca reducir el uso de efectivo en el país.
La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) respaldó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aunque advirtió que su implementación podría generar problemas de inclusión financiera, seguridad y privacidad si no se atienden las condiciones necesarias para facilitar la transición hacia los pagos digitales en México.
A través de un posicionamiento publicado en noviembre de 2026, la organización, que representa a empresas de la industria tecnológica, reconoció que el país necesita reducir su dependencia del efectivo y consideró que la legislación representa un paso para atender pendientes en materia de digitalización financiera.
Sin embargo, la asociación señaló que la nueva legislación parte de un diagnóstico incompleto, pues considera que la infraestructura para realizar pagos digitales ya existe y que el principal reto consiste en lograr que más personas adopten estas herramientas.
Para la AIMX, la transición también requiere capacitación, confianza, conectividad, dispositivos adecuados, reglas de privacidad y certeza sobre quién deberá asumir los costos de su implementación.
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Nuestro respaldo viene acompañado de una advertencia: la ley parte de un diagnóstico incompleto: asume que la infraestructura ya existe y que sólo falta adopción", señaló Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la asociación.
La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de noviembre y entró en vigor el 5 de noviembre. A partir de esa fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con 15 días hábiles para definir los sectores en los que los pagos digitales serán la única opción.
Ante este escenario, la asociación presentó ocho propuestas para las autoridades, con el objetivo de que las disposiciones secundarias permitan impulsar la digitalización sin dejar fuera a personas y negocios que todavía enfrentan dificultades para utilizar o recibir pagos electrónicos.
También respaldó la posibilidad de que el Banco de México (Banxico) ordene que las terminales acepten códigos QR y homologue la experiencia de uso de las aplicaciones financieras, con la intención de reducir las barreras para quienes todavía no utilizan estos servicios.
Otro de los puntos que considera favorables es el reconocimiento de la identidad digital con efectos jurídicos, debido a que permitiría abrir cuentas a distancia y facilitar el acceso a servicios financieros en lugares donde no existen sucursales.
Asimismo, la organización destacó que los pagos electrónicos pueden contribuir a la formalización de pequeños negocios, ya que generan historiales que permiten demostrar ingresos y acceder a crédito formal. También pueden aportar trazabilidad para combatir el lavado de dinero y la extorsión.
El primero tiene que ver con la falta de capacitación. La AIMX considera que el uso del efectivo no responde únicamente a una costumbre, sino también al desconocimiento sobre cómo utilizar las herramientas digitales de manera segura y al temor de perder dinero por fraudes.
El segundo riesgo está relacionado con la seguridad de las operaciones. La asociación explicó que la CURP Digital permite identificar a quien abre una cuenta, pero no evita que un defraudador convenza a esa persona de autorizar una transferencia. Por ello, consideró necesario establecer reglas de reembolso ante operaciones fraudulentas y estándares de seguridad para comercios y tesorerías.
La conectividad también representa un desafío. Aunque sistemas como SPEI, CoDi y DiMo funcionan, la disponibilidad de señal, teléfonos adecuados y herramientas en distintos idiomas no está garantizada para toda la población.
En este punto, la asociación destacó que las aplicaciones financieras pueden exigir equipos recientes y operar únicamente en español, lo que representa una barrera en un país con 68 lenguas indígenas y más de siete millones de hablantes.
A esto se suma el costo que representa para los pequeños negocios aceptar pagos electrónicos. De acuerdo con un estudio presentado por la Concanaco Servytur ante la Cámara de Diputados, 94% de las MiPymes tienen celular y 88% cuentan con internet, pero 46% todavía no acepta pagos con tarjeta. El principal obstáculo son las comisiones.
La protección de los datos personales es otra de las preocupaciones de la AIMX. La organización advirtió que la ley no incorpora referencias a privacidad y datos personales en su articulado, pese a que la identidad biométrica, la línea telefónica, las cuentas y las transacciones quedan vinculadas mediante la CURP.
Finalmente, cuestionó las facultades que se otorgan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores en los que el efectivo dejará de ser una opción de pago. A juicio de la asociación, hacen falta criterios claros, consultas públicas, límites por monto y mecanismos de defensa para quienes puedan resultar afectados.
Entre ellas se encuentra crear un programa nacional de capacitación y concientización, con módulos obligatorios al abrir cuentas, campañas permanentes sobre prevención de fraudes y formación para los comercios que comiencen a recibir pagos digitales.
También propuso garantizar el reembolso en un plazo breve de las operaciones fraudulentas realizadas sin culpa de la persona usuaria, además de establecer procedimientos ágiles para atender las aclaraciones.
En cuanto a la eliminación del efectivo en determinados sectores, la asociación pidió establecer criterios públicos que consideren el riesgo de lavado de dinero, el monto promedio de las operaciones, el nivel de bancarización y la cobertura de red. Asimismo, planteó realizar consultas públicas, establecer periodos de transición y mantener un monto por debajo del cual siempre se acepte efectivo.
Otra de sus propuestas consiste en asignar presupuesto real a los programas de conectividad y permitir pagos exclusivamente digitales únicamente en lugares donde exista una cobertura de red suficiente y verificable.
En materia de privacidad, propuso establecer mayores garantías para el uso de datos personales y biométricos, limitar el acceso de las autoridades al historial de pagos y mantener la CURP Digital como una opción, en lugar de convertirla en una condición para acceder a servicios.
Las últimas dos propuestas están relacionadas con mejorar los estándares de seguridad para los comercios que reciben pagos y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Para ello, planteó códigos QR dinámicos y firmados, conservación de registros de autenticación y operación, así como informes anuales del Ejecutivo al Congreso sobre adopción, exclusión, fraude y uso de la información personal.
Ante la próxima emisión de las disposiciones secundarias, la Asociación Mexicana de Internet hizo un llamado a la SHCP, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para que sometan a consulta pública la primera lista de sectores y las reglas que acompañarán la implementación de la ley.
Iván Díaz González señaló que los 15 días hábiles disponibles permiten escuchar a los sectores que deberán adaptarse a las nuevas disposiciones.
La organización también recomendó establecer mesas técnicas con autoridades, empresas, academia y sociedad civil, además de incorporar la experiencia de compañías especializadas en ciberseguridad, prevención de fraude y protección de datos.
Para la AIMX, el éxito de la nueva legislación no debe medirse únicamente por el número de terminales instaladas, sino por la cantidad de personas que adopten los pagos digitales, los casos de fraude que se registren y las posibles barreras que impidan a alguien realizar compras por no contar con una cuenta, teléfono o conexión.
La adopción no se decreta: se construye. Y la inclusión financiera se logra abriendo cuentas, no cerrando cajas", concluyó Díaz González.
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AIMX respalda los pagos digitales Entre los aspectos positivos de la nueva ley, la Asociación Mexicana de Internet destacó la obligación de los tres órdenes de gobierno de aceptar pagos digitales en trámites y servicios, así como las disposiciones relacionadas con la interoperabilidad de los sistemas de pago.
Pero también hay riesgos No obstante, la asociación identificó cinco vacíos que, desde su perspectiva, podrían convertir una legislación orientada a la inclusión en una fuente de exclusión, fraude y litigios.



