Menos consumo, trabas laborales y más desigualdad: la crisis de la vivienda amenaza con enfriar el auge económico español

Analistas e informes alertan de que el desequilibrio del mercado inmobiliario es insostenible a largo plazo, como acaba de advertir la Comisión Europea
La Comisión Europea sitúa la falta de vivienda como el principal riesgo para la economía española. En las previsiones de otoño, publicadas esta semana, Bruselas ha insistido en que el desequilibrio del mercado inmobiliario no solo hará que se mantengan "las presiones sobre los precios", sino que también "podría limitar cada vez más la movilidad laboral y la llegada de trabajadores". La advertencia refleja hasta qué punto lo que pasa con las casas puede acabar marcando el paso de toda una economía, incluso para países que avanzan con solidez como España. Porque además de los riesgos que identifica el informe europeo, otros economistas y estudios señalan muchos otros efectos que van más allá de la industria del ladrillo. Cuando comprar o alquilar se vuelve demasiado caro, advierten, los hogares consumen menos, cae la productividad, los salarios se estancan y se perpetúa la desigualdad social.
En casos extremos, los problemas del mercado inmobiliario pueden convertirse incluso en una amenaza para la estabilidad financiera. Prueba de ello es que más de dos tercios de las casi 50 crisis bancarias sistémicas registradas en las últimas décadas estuvieron precedidas por ciclos de auge y caída en los precios de la vivienda, según el informe de estabilidad financiera mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019. En todos estos años, la organización ha venido advirtiendo de que el mercado inmobiliario no solo refleja el estado de la economía, sino que también amplifica sus ciclos.
En este contexto, la crisis habitacional que sufre España da motivos de alarma. El país afronta un problema distinto al de la crisis de 2008. No hay una burbuja alimentada por un exceso de construcción y crédito, sino una oferta insuficiente y unos precios que se han disparado. Pero que el origen sea diferente no significa que las consecuencias sean menores. Por el contrario, analistas e instituciones coinciden en que es un factor que condiciona el crecimiento económico.
El primer efecto se percibe en el consumo. En su último Informe Anual, el Banco de España alertaba de que los hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler consumen, de media, un 15% menos que aquellos con características similares que viven en una vivienda en propiedad con pocos costes asociados. Cuanto mayor es el esfuerzo para pagar un techo, menos dinero queda disponible para gastar en bienes y servicios, uno de los principales motores de la economía.
Fernando Pinto, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, explica que el dinero que las familias destinan al alquiler deja de circular por otros sectores con mayor capacidad para generar actividad económica. "Aquello que se destine al alquiler de vivienda no se va a dirigir al consumo de otros productos. Por lo tanto, puede verse afectado el consumo interno dentro del PIB, que es una de las variables fundamentales del crecimiento". Aunque la construcción continúa siendo un importante generador de empleo, el creciente esfuerzo que realizan los hogares para acceder a un piso puede terminar enfriando la demanda interna y restando dinamismo al conjunto de la economía. "Con el alquiler se dejan de lado otros bienes que tienen un valor añadido más importante en la cadena", resume Pinto.
El acceso a la vivienda también condiciona el funcionamiento del mercado laboral. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, sostiene que la falta de oferta "es un cuello de botella que puede reducir, en algún momento, la capacidad de creación de empleo, porque no existirá la disposición de la gente para trasladarse allí donde se están generando puestos de trabajo". Si un profesional no puede permitirse vivir en Madrid, Barcelona o Málaga, las empresas tienen más dificultades para cubrir vacantes y la productividad termina resintiéndose.
Aunque todavía no es un problema generalizado, ya empieza a reflejarse en distintos territorios. En Baleares, por ejemplo, las Administraciones públicas han tenido que ofrecer nuevos complementos salariales para evitar que médicos, profesores o policías abandonen las islas por los altos precios de alquiler.
Si otras ciudades mantienen en los próximos años el ritmo de crecimiento de precios registrado desde 2022, con incrementos medios superiores al 10% anual, podrían enfrentarse a una situación similar. La diferencia es que, mientras el sector público puede recurrir a incentivos salariales para retener a profesionales esenciales, muchas empresas privadas carecen de ese margen de actuación. El resultado sería un mercado laboral cada vez menos flexible, en el que resulta más difícil atraer y retener trabajadores allí donde se concentra la actividad económica, con el consiguiente impacto sobre la productividad y el crecimiento.
La vivienda también es clave para atraer población. Cardoso recuerda que desde 2021, entre el 50% y el 60% del empleo creado en España ha dependido de la población extranjera, mientras que la población activa nacida en el país se ha reducido en unas 700.000 personas. Por otra parte, los análisis del Banco de España y Funcas apuntan a que, entre 2022 y 2025, la migración aportó alrededor de 1,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB, situado en el 3,7%.
La inmigración ha sido, por tanto, uno de los pilares del crecimiento reciente, pero mantener ese flujo en el medio y largo plazo dependerá también de que España pueda ofrecer unas condiciones de vida competitivas, incluida una vivienda asequible. Cardoso apunta a que en los próximos años "los países van a competir ferozmente por atraer flujos migratorios", para lo que ve imprescindible "garantizar unas condiciones mínimas de infraestructuras, vivienda y sanidad".
A juicio de Pinto, los migrantes siguen llegando, en parte, porque están asumiendo unas condiciones de vivienda que difícilmente serían sostenibles para otros colectivos."La población inmigrante acepta condiciones de habitabilidad muy distintas a las de los nacionales españoles. No es inusual ver a cinco o siete personas compartiendo viviendas de apenas uno o dos dormitorios, un factor que está alterando por completo la distribución del mercado inmobiliario", detalla.
Ese ajuste, caracterizado por el hecho de que "el hacinamiento crece", permite que el mercado laboral siga funcionando, pero oculta un problema estructural que no puede sostenerse indefinidamente y que termina deteriorando la calidad de vida y la productividad. Y el problema puede agravarse a medida que España compita con otros países europeos por atraer mano de obra extranjera ante el envejecimiento demográfico. Si el acceso a un hogar continúa deteriorándose a un ritmo superior al de sus vecinos, España perderá atractivo frente a otros destinos. Los datos más recientes ya dan cuenta de la creciente brecha; mientras el precio de la vivienda aumentó un 12,8% interanual en España durante el primer trimestre de 2026, la media de la Unión Europea fue del 5,1%, según Eurostat.
La raíz del problema, coinciden muchos expertos, está en la oferta. La construcción de vivienda nueva lleva años sin responder al crecimiento de la demanda. La escasez de suelo urbanizable, la lentitud de los procesos administrativos y unos desarrollos urbanísticos que pueden prolongarse durante más de una década han creado un cuello de botella que mantiene la presión sobre los precios y dificulta aliviar el déficit existente, que el Banco de España cifra en 750.000 casas.
Pero no todos los efectos del encarecimiento de los pisos son negativos, al menos en el corto plazo. Cardoso recuerda que el 70% de la riqueza de las familias está concentrada en activos inmobiliarios, por lo que el aumento de los precios genera el denominado efecto riqueza. "Cuando el precio de la vivienda sube, el valor de la riqueza patrimonial de las familias aumenta, lo que reduce su necesidad de ahorro inmediato y espolea el gasto", precisa. Los propietarios perciben una mayor solvencia económica y tienden a aumentar el consumo, lo que proporciona un impulso temporal a la demanda interna.
Pero el economista advierte a su vez que ese beneficio tiene un alto coste distributivo. El aumento del consumo se concentra en los hogares que ya son propietarios, es decir, los más ricos, mientras que los jóvenes y quienes intentan acceder por primera vez a una casa deben destinar cada vez más parte de sus ingresos al alquiler o al ahorro para la compra. Cardoso enfatiza la gravedad de esta brecha: "Lo perverso de esta situación es que, al analizar los datos por colectivos, los efectos son extremadamente desiguales y se perpetúa una transferencia de riqueza y de poder de compra desde quienes alquilan o quieren adquirir una casa hacia quienes ya son propietarios".
Esa es, para los economistas, la gran sombra de unas cifras macroeconómicas que siguen siendo positivas, como refleja la última revisión de la Comisión Europea, que ha elevado dos décimas su previsión de crecimiento para España este año, hasta el 2,6%. Pero, incluso si en el corto plazo el alza del precio de la vivienda sostiene el consumo en determinados segmentos de la población, también alimenta una creciente frustración entre los hogares con menor capacidad de acceso, dificulta la acumulación de capital humano y termina lastrando el potencial de crecimiento de la economía española a largo plazo.



