Las eléctricas preparan la batalla por la rebaja de impuestos a las nucleares tras la prórroga de Almaraz

Las grandes eléctricas han dejado claro en los últimos días que la pelea por la energía nuclear en España no termina con la prórroga de la vida útil de Almaraz (Cáceres), cuya extensión del permiso de explotación aprobó el Gobierno el pasado 14 de agosto después de años de presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que tomara esa decisión.

Ese mismo viernes de verano y con media España de vacaciones, Foro Nuclear, la asociación que representa los intereses del sector atómico y que está dominada por Iberdrola, Endesa y Naturgy -las dueñas de los siete reactores repartidos por la península Ibérica-, celebraba la ampliación de los dos reactores extremeños hasta 2030 y ponía encima de la mesa sus exigencias respecto al papel que debe desempeñar la energía nuclear en el futuro modelo energético español. "Resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación", señalaba en un comunicado.

Fuentes del sector tienen claro que las propietarias de las centrales darán una batalla que supone un coste entre tasas e impuestos de alrededor de 1.500 millones de euros cada año. Aunque aseguraron ante la opinión pública durante mucho tiempo que solo pedirían la clausura de Almaraz si el Gobierno se avenía a estudiar cambios en la fiscalidad, finalmente renunciaron a esa exigencia y solicitaron la prórroga sin más contrapartidas. Era una línea roja que le impuso el Ministerio para la Transición Ecológica , competente en la materia, para aceptar la extensión del permiso de explotación: que la prórroga no costase dinero al contribuyente.

El sector se pertrechó con los argumentos esgrimidos en diversos informes por expertos de grandes consultoras como PwC, EY, Nera Consulting, según los cuales la carga fiscal que soportan las nucleares es inviable para su operación. El Ejecutivo de coalición no tuvo en cuenta estos planteamientos, que por el contrario sí calaron en los partidos de la oposición. La Fundación Faes que preside José María Aznar ya se posicionó a favor de mantener la energía atómica en abril de 2025. Pocas semanas después, la Comunidad Valenciana, gobernada por PP y Vox, eliminó la ecotasa autonómica que paga la planta atómica de Cofrentes, propiedad de Iberdrola.

Vox también exigió a María Guardiola, presidenta de Extremadura, que bajara impuestos autonómicos a Almaraz. Pese a la resistencia inicial, la líder del PP extremeño acabó reduciendo a la mitad la ecotasa si finalmente se prolongaba la vida útil de la central cacereña más allá de 2027, como finalmente ha ocurrido.

Con esos mimbres, las eléctricas optaron por jugar la partida nuclear en el largo plazo. Su expectativa, afirman diversas fuentes del sector, era superar la meta volante de Almaraz para dar la batalla fiscal y la ampliación del resto del parque nuclear previsto para 2035, después de las elecciones previstas para 2027. S erá entonces el Ejecutivo que salga de las urnas el que tenga que abordar las decisiones que marcarán la política energética de España para la próxima década. Hoy por hoy, todas las encuestas (excepto la del Centro de Investigaciones Sociológicas), apuntan a un posible gobierno que lleve a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo (PP) con el apoyo de Santiago Abascal (Vox).

Fuentes empresariales, con todo, distinguen los gobiernos regionales del central. Las grandes eléctricas mantuvieron fuertes choques con los hermanos Álvaro y Alberto Nadal en el anterior Gobierno de Rajoy, cuando ambos ocuparon altos cargos económicos en el gabinete popular. Hoy, Alberto Nadal es el responsable de Energía del Partido Popular desde la oposición. A este respecto, las empresas no olvidan que la reforma energética de 2013 -con el de Alberto Nadal como secretario de Estado de Energía- introdujo nuevos tributos y medidas fiscales, algunas de las cuales hoy siguen en vigor y pagan específicamente las nucleares, como el tributo al combustible nuclear gastado y residuos radiactivos.

El sector también entiende que el escenario actual es muy diferente: hace una década el déficit del sistema eléctrico estaba desbocado hasta casi 30.000 millones de euros, y hoy prácticamente está embridado . Tras la prórroga de Almaraz hace dos semanas, el propio PP pidió de inmediato ampliar la vida útil de todas las centrales nucleares de España, aunque el partido se cuidó de mencionar la fiscalidad.

Sin embargo, más incluso que en Génova, entre las empresas se confía más en la influencia que pueda ejercer Vox, cuya labor para permitir gobiernos populares en las autonomías ya ha dejado varios antecedentes de su postura sobre la energía nuclear. Hace poco menos de un mes el partido presentó una Proposición no de Ley para impulsar la nuclear en España, instando al Gobierno "a poner fin a la imposición de gravámenes fiscales como la 'Tasa Enresa' o los impuestos especiales que impactan directamente en el precio de la electricidad para las familias y la industria". Asimismo, exigía "promover los mecanismos oportunos para tratar de eliminar la fiscalidad especial impuesta por las administraciones territoriales".

El partido de Abascal se alinea así con la política energética de otros gobiernos afines como el de Donald Trump en Estados Unidos, firme defensor de la energía nuclear. Las eléctricas recordaban tras la prórroga de Almaraz que la central hermana gemela de la de Cáceres en Estados Unidos está programada para funcionar hasta los 80 años, frente a los 47 años de vida útil que limita el actual calendario de cierre en España.

Aunque la expectativa es que las competencias en materia energética estén en manos del PP si finalmente logra gobernar, en el sector confía en la influencia que puede ejercer Vox, como ya hizo con en Extremadura y Valencia. A ello hay que añadir algunos lazos específicos que le unen a las empresas implicadas. Una de las compañías que ha hecho una mayor defensa de la ampliación nuclear ha sido Endesa, firma propiedad de la italiana Enel, a su vez controlada por el Estado transalpino que lidera Giorgia Meloni. La mandataria goza de trato directo con Santiago Abascal y sus formaciones políticas están hermanadas en Europa. Además, el consejo de administración de Endesa cuenta con la presencia del independiente Guillermo Alonso, un abogado de larga trayectoria y considerado próximo al líder de Vox.