La gran distribución cifra en más de 22.000 millones las ventas que se desviarán a Shein, Temu o Aliexpress hasta 2030

El fuerte crecimiento que las plataformas de comercio electrónico chinas están registrando en los últimos años en Europa, y de manera más destacada en España, ha despertado la reacción de las autoridades comunitarias en materia legislativa, y también la preocupación de los operadores comerciales tradicionales por el impacto que la actividad de empresas como Shein, Aliexpress o Temu puede tener en su negocio.

Así lo pone de manifiesto un informe promovido por Anged, la patronal de las grandes empresas de la distribución en España, entre ellas El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Leroy Merlin, entre otras. El mismo, elaborado por la consultora Análisis Económico Integral (AIE) y consultado por este periódico, cifra en más de 20.000 millones de euros las ventas que se desviarán, hasta 2030, desde el conjunto del comercio establecido en España a las plataformas extracomunitarias online, principalmente de las chinas: estas copan el 91% de los paquetes con un valor inferior a 150 euros que llegan a la Unión Europea (UE), según datos del Parlamento Europeo.

En concreto, las estimaciones de Anged y AIE están en una horquilla que parte de los 22.000 millones de euros hasta casi 27.000 millones, según el grado de protección y cumplimiento que resulte de los cambios regulatorios que tendrán lugar en los próximos años. La parte baja de la horquilla, de 22.038 millones, se estima sobre un escenario de máxima protección regulatoria. El mismo cuenta con que se aplique de forma plena la reforma aduanera que la Comisión Europea prepara para 2028. La misma sustituirá la tasa transitoria de tres euros a los paquetes de bajo valor que se aplica en Europa desde el 1 de julio, por un arancel que se calculará sobre el valor, origen y clasificación arancelaria de cada producto, acompañado de una tasa de gestión de dos euros.

Esta será la reforma más profunda del sistema aduanero comunitario en décadas. Incluirá la creación de una autoridad aduanera europea y de un centro de datos común, que, en principio, unificará la declaración de los productos que lleguen a territorio europeo y su trazabilidad, y que permitirá controles automatizados. En un escenario de reforma plena, pero de aplicación media, el impacto sobre el comercio español se calcula en 22.825 millones, mientras que una permanencia del régimen transitorio actual hasta 2030 elevaría la cuota desviada por encima de los 24.000 millones. En un escenario sin cambios, que no se prevé, se rozarían los 27.000 millones.

Para calcular estas cifras, el informe toma los datos de comercio electrónico transfronterizo de bienes, sin incluir servicios, que publica la CNMC, aplicando la cuota de mercado del 13% que, según Nielsen, tienen las plataformas chinas en el total de este tipo de ventas online en España. También se tiene en cuenta una expectativa de crecimiento de estas en línea con lo visto en los últimos años. "Las medidas regulatorias moderan la trayectoria, pero en ningún caso van a revertir el fenómeno. Más allá del arancel que se ponga, el vector que manda es el cumplimiento y el crecimiento del canal", explica Miguel Marín, socio fundador de AIE y autor del informe. En base a esa metodología, estima en 3.600 millones las ventas desviadas en 2025, que a su vez ponen en riesgo 56.200 empleos al año en la distribución y la cadena de proveedores, que pasarían a 94.500 en 2030 pese a un escenario de máxima protección aduanera.

Los autores justifican estas cifras por el alza de las ventas a plataformas asiáticas: de cada euro que estas facturan en España, 8,7 céntimos se quedan en el país, básicamente la mitad del IVA recaudado, por los 36,5 céntimos de los operadores establecidos en España. "Al haber un contacto directo entre la plataforma y el consumidor, se saltan toda la cadena de distribución y no se generan nóminas", resume Yolanda Fernández, economista jefe de Anged. España es el país europeo en el que Shein y Aliexpress tienen una mayor penetración, alcanzando el 52,6% de los usuarios online del país la primera y al 72% la segunda, según datos de Marketplace Universe.

"Ya no estamos ante un tema de regulación. Lo que hace falta es que se cumpla, que haya recursos para ello, y que haya una entidad que supervise", dice la propia Fernández. Esta cree que la tasa transitoria de tres euros a los paquetes de bajo valor, unida a la futura tasa de gestión de dos euros más, puede tener un efecto "desincentivador" en la compra a plataformas asiáticas. La propia Shein ha reconocido que la medida va a afectar a sus ventas en Europa porque tendrá que subir los precios.

El año pasado entraron en territorio europeo 5.900 millones de paquetes con un valor igual o menor a 150 euros, según la Comisión Europea. Fueron un 28% más que en 2024, y en torno al 90% de esa cantidad procede de China. "Un volumen de esta naturaleza desborda la capacidad de control en frontera y convierte en estructural lo que se concibió como una excepción administrativa", dice el informe de Anged y AIE respecto al auge de paquetes y la exención fiscal que disfrutaban.

Dentro de ese cumplimiento, la patronal pone el foco en la seguridad y diseño de los productos chinos que consiguen entrar en Europa y que no cumplirían con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) o con el Reglamento de Seguridad General de los Productos, ambos de la UE. Precisamente, Bruselas investiga a Shein por la supuesta venta de productos ilegales en base a la DSA.

Ese reglamento obliga a que cada estado miembro designe un órgano nacional que vele por su aplicación. España ha designado a la CNMC, pero la legislación que debe dotarle de capacidad efectiva de inspección y sanción lleva más de un año bloqueada en el Parlamento. El propio organismo de Competencia advirtió hace un año de la carencia de "medios organizativos y personales para llevar a cabo estas nuevas funciones".

"Ahora no hay en España una autoridad que pueda abrir un expediente a una plataforma", afirma Teresa Herrero, directora de asuntos europeos de Anged, quien explica que el español es, junto a Polonia, el único país que no tiene en funcionamiento una autoridad que haga cumplir la DSA.