Inversiones Con El Freno De Mano Puesto

Sin embargo, la narrativa oficial choca frontalmente con la arquitectura recaudatoria plasmada en la Ley de Ingresos de la Federación y las recientes modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por un lado, el discurso ejecutivo invita al capital corporativo a establecerse en el país, prometiendo certidumbre jurídica y ventajas competitivas. Por el otro, el apretón fiscal impuesto a los grandes contribuyentes para garantizar una recaudación tributaria que roza el 59% de los ingresos totales impone techos severos a la operación de esas mismas empresas.

Se promueve la llegada de megaproyectos intensivos en capital, pero la imposibilidad de deducir adecuadamente el costo financiero (intereses) desincentiva el financiamiento para grandes expansiones.

Al endurecer el tratamiento del ISR sobre los ingresos acumulables y limitar las deducciones, el sistema fiscal actúa en la práctica como un "impuesto mínimo" que penaliza los años de arranque o reestructuración, momentos en que las inversiones operan temporalmente con margen negativo.

La política fiscal actual intenta equilibrar dos metas incompatibles: sostener un presupuesto público sumamente presionado mediante la fiscalización agresiva al gran capital, al tiempo que pretende proyectar un entorno atractivo para la inversión productiva. ¿Qué pensarán los ex secretarios neoliberales del pasado?

México y Estados Unidos tienen una ventana de oportunidad que, con el paso de los días, se va cerrando. Donald Trump y Claudia Sheinbaum tienen razones para buscar un entendimiento comercial antes de las elecciones de medio término, lo que podría darles réditos políticos a ambos.

El presidente de Estados Unidos podría presentar un resultado favorable a sus electores, mientras que el gobierno mexicano conseguiría reducir la incertidumbre que pesa sobre empresas e inversionistas. La posibilidad existe, pero el tiempo apremia y las diferencias que separan a los dos países siguen siendo grandes.

La negociación ha avanzado lo suficiente para mantener abiertas las expectativas, aunque no para dar por hecho un acuerdo. El 28 de octubre, Reuters informó que los dos gobiernos evaluaban la viabilidad de alcanzar un entendimiento antes de los comicios. México busca reducciones importantes en los aranceles estadounidenses a los automóviles, el acero y el aluminio.

Y conviene hablar de las preocupaciones de Washington sobre el contenido estadounidense en los vehículos y la participación de China en las cadenas productivas mexicanas. No hay una fecha límite formal, pero sí una coyuntura política que difícilmente se repetirá en las mismas condiciones.

El problema es que las señales de optimismo se entrelazan con diferencias importantes. A mediados de octubre, las conversaciones se estancaron ante la resistencia de funcionarios estadounidenses a reducir los aranceles sobre los metales. Las tarifas del 50 % al acero y al aluminio y del 25 % a los automóviles sujetos a las medidas correspondientes siguen siendo un obstáculo.

Nuestro país necesita alivio frente a esos gravámenes, mientras Washington pretende obtener concesiones antes de modificar sus políticas comerciales. La cercanía que proclaman los mandatarios no elimina la distancia que todavía existe entre las posiciones de sus negociadores.

También conviene poner en perspectiva el avance de las barreras no arancelarias. Que México haya atendido o resuelto determinados puntos de la agenda no significa que todas las diferencias comerciales hayan sido superadas ni que Estados Unidos haya aceptado las respuestas mexicanas. Las barreras regulatorias y administrativas son apenas una parte del debate.

Los aranceles, las reglas de origen, el contenido regional y las exigencias estadounidenses sobre las cadenas de suministro siguen formando parte de una negociación más amplia. Confundir ambos asuntos podría llevarnos a interpretar como un acuerdo prácticamente concluido lo que todavía es un proceso abierto.

El margen para un entendimiento dependerá de que ambas partes estén dispuestas a convertir sus exigencias en compromisos concretos. México necesita que el alivio arancelario se traduzca en condiciones verificables para sus exportadores, no solamente en promesas de seguir negociando. Washington, por su parte, buscará presentar cualquier concesión como resultado de compromisos mexicanos en materia de producción, contenido regional y cadenas de suministro. El punto de equilibrio está ahí, en lo que cada gobierno acepte ceder y en las garantías que obtenga a cambio.

Existe, además, una variable que complica el panorama: Canadá. Las dificultades entre Washington y Ottawa han empujado a México a buscar una salida bilateral, con la esperanza de obtener beneficios sin esperar a que los tres socios resuelvan sus diferencias.

La estrategia puede dar resultados en el corto plazo, pero también entraña riesgos. El T-MEC sigue vigente y su revisión tiene implicaciones para toda América del Norte. Un acuerdo con Estados Unidos podría aliviar la presión inmediata, pero no sustituiría la necesidad de preservar reglas comunes y certidumbre para las cadenas regionales de producción.

La ventana está entreabierta, pero nadie puede garantizar cuánto tiempo permanecerá así. Si los dos gobiernos logran traducir los avances en compromisos verificables, México podría llegar a noviembre con mejores condiciones para su industria y una señal favorable para la inversión.

Si las diferencias sobre los aranceles vuelven a imponerse, la negociación seguirá su curso, aunque con menos incentivos políticos para acelerar una solución. No hay que confundir la urgencia de anunciar avances con la capacidad de alcanzarlos. Para México, lo importante no es conseguir una fotografía antes del 3 de noviembre, sino evitar que la oportunidad de mejorar sus condiciones comerciales se diluya entre las exigencias de Washington y los tiempos electorales de nuestros vecinos del norte.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tuvo una carrera política propia de un júnior de la Revolución: senador a los 43 años, gobernador de Michoacán a los 46, una situación económica cómoda y el prestigio de ser hijo de quien era. Pero en 1986 tomó una decisión que ponía en riesgo todo ello: él y Porfirio Muñoz Ledo renunciaron al PRI y fundaron la Corriente Democrática, provocando la primera ruptura del partido hegemónico que se tradujo en una fuerza opositora real en México, aunque fuera de expriistas.

Nunca sabremos si, efectivamente, Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones de 1988, pero tampoco de la legitimidad de Salinas de Gortari. Lo que es cierto es que las condiciones del proceso fueron desventajosas, no había controles ni sanciones, ni siquiera existían tipificados los delitos electorales, incluso costó vidas opositoras. Eran los tiempos en que era la propia Cámara de Diputados electa la que se erigía como colegio electoral para calificar la elección y cuando se podía decir que "se cayó el sistema" como simple explicación a la opacidad en el conteo.

Fue gracias a aquel movimiento que se empezó a modelar un órgano electoral autónomo, hasta llegar al INE, hoy tan venido a menos. Fueron ellos los primeros en proponer una credencial de elector con fotografía. La evolución democrática de México de finales del siglo XX pudo darse de muchas formas, pero le tocó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Muñoz Ledo dar el primer paso, aunque tres veces se le negó la presidencia, y cuando llegó uno de los que creció con el movimiento, lo relegó al papel de precursor, lo ninguneó y hasta retó, aunque hoy exprese sus condolencias.

Aquella experiencia de la década de los 80 queda como antecedente para cuando la historia de vueltas: actualmente, con un partido casi hegemónico, sin equilibrio de poderes, con una oposición en decadencia, sin figuras opositoras relevantes y una democracia erosionada, pareciera más factible que el cambio provenga de una fractura de Morena.

Es un escenario del que no se ven señales ahora, y puede que tampoco en 2030, pero que se ve más posible y probable que ahora sean excuatroteístas a los que corresponda cavar la tumba de Morena, a que alguien de la actual oposición lo haga. Falta ver quién o quiénes, como el Ingeniero en los 80, tenga el arrojo de hacerlo, o por lo menos la conveniencia.

La compraventa de un inmueble suele percibirse como un trámite rutinario, pero detrás de cada operación existe un factor que puede marcar la diferencia entre una inversión segura y un problema legal de gran escala: la certeza sobre la propiedad. Uno de los focos rojos más importantes surge cuando la persona que vende no figura como titular en el Registro Público de la Propiedad. Aunque esta situación no implica automáticamente que la operación sea inválida, sí exige una revisión cuidadosa antes de avanzar.

Es importante entender que existen escenarios legítimos en los que una persona puede tener derechos sobre un inmueble sin que estos aparezcan todavía actualizados en el Registro. Un trámite sucesorio en proceso, una escritura pendiente de inscripción o una resolución judicial aún no registrada pueden explicar esta discrepancia. Sin embargo, cada caso debe respaldarse con la documentación correspondiente y seguir el orden jurídico necesario para que la transmisión de la propiedad pueda formalizarse correctamente.

El verdadero riesgo surge cuando quien pretende vender carece de derechos sobre el inmueble o no tiene facultades para representarlo. En esos casos, el comprador puede enfrentarse a conflictos legales, reclamaciones del verdadero propietario, pérdida de la posesión e incluso procesos largos y costosos para intentar recuperar su dinero.

En este contexto, el trabajo preventivo cobra un valor fundamental. Kallify, proptech legaltech especializada en la dictaminación jurídica de inmuebles, recomienda realizar una dictaminación jurídica antes de firmar cualquier contrato o entregar un anticipo. Verificar la titularidad, identificar posibles copropietarios, revisar sucesiones pendientes, detectar gravámenes y confirmar que no existan adeudos son pasos esenciales para dotar de seguridad jurídica a una operación que, para muchas familias, representa una de las decisiones patrimoniales más importantes de su vida.

Halloween ofrece un pretexto para hablar de las vacantes que espantan, pero el asunto merece una lectura que trascienda la fecha. Según el Termómetro Laboral de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, 38% de los participantes descarta una oferta sin rango salarial; detrás de esa respuesta hay una cuestión económica: se pide al candidato invertir tiempo, entregar información personal y someterse a evaluaciones sin conocer una condición esencial del intercambio.

La falta de claridad sobre las funciones y las exigencias profundizan ese desequilibrio. Para las empresas, la opacidad tiene un costo: puede alejar al talento que necesitan y prolongar sus procesos de contratación. Para quienes buscan trabajo, implica decidir con información insuficiente sobre algo que compromete su ingreso, su tiempo y su estabilidad.

Pero también vemos una preocupación más grave: las ofertas falsas que usan la promesa de empleo para cometer fraudes o captar personas con otros fines son un riesgo sobre el que han advertido autoridades federales. La existencia de engaños vuelve indispensable poder verificar quién contrata, para qué actividad y en qué condiciones. La necesidad de obtener ingresos puede reducir el margen para rechazar una oferta o detenerse a comprobarla; por ello, resulta inaceptable que toda la responsabilidad de detectar el peligro recaiga en quien necesita trabajar.

La confianza debe entenderse como parte de la infraestructura del mercado laboral: cuando se deteriora, aumenta el costo de buscar empleo y también el de contratar. Las empresas necesitan asumir la claridad de sus anuncios como una responsabilidad desde el primer contacto; las plataformas y los canales de difusión, fortalecer la verificación y la atención de reportes; y las autoridades, investigar los mecanismos que convierten una oferta laboral en un instrumento de captación delictiva.

La discusión sobre mejores empleos también debe incluir la seguridad para acceder a ellos, porque una economía que aspira a aprovechar su talento tiene que ofrecer condiciones para que buscar una oportunidad de progreso no implique poner en riesgo el patrimonio o la integridad.

Somos líderes en negocios, economía y alta dirección en México con más de 50 años de trayectoria. Impulsando el éxito empresarial a cada minuto. www.mundoejecutivo.com.mx

La inteligencia artificial también tiene una huella ambiental: ¿quién pagará la factura?