#InformaciónConfidencial: Empresarios siguen de cerca los alcances de la Ley Indígena

Para los inversionistas, el punto será conocer hasta dónde llegarán las nuevas obligaciones y qué ocurrirá con proyectos que ya cuentan con permisos, contratos y acuerdos vigentes.
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sometida a consulta por la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió dudas entre empresas y especialistas sobre sus posibles alcances para proyectos de inversión en energía, minería e infraestructura.
El reconocimiento de los derechos de estas comunidades no está en discusión. Las interrogantes están en cómo se aplicarán las nuevas reglas de consulta y consentimiento, particularmente en proyectos que ya cuentan con permisos o se encuentran en operación.
Uno de los principales focos de atención es que la propuesta no parece delimitar expresamente todos los supuestos en los que los procedimientos de consulta podrían alcanzar a proyectos previamente autorizados. La preocupación es que esa falta de precisión pueda derivar en controversias cuando una comunidad obtenga reconocimiento posteriormente o argumente una afectación directa no considerada originalmente.
También existen dudas sobre los alcances del consentimiento en proyectos con impactos significativos y sobre la ampliación, bajo determinados supuestos, hasta siete años del plazo para promover amparos. Para las empresas, esto podría traducirse en una mayor exposición a litigios si esos alcances no quedan claramente definidos.
A ello se suman nuevas obligaciones de participación económica comunitaria, cuya aplicación sobre proyectos existentes o acuerdos celebrados previamente también genera interrogantes. El escenario cobra relevancia ante el crecimiento de 26.7% en el número de comunidades registradas entre 2024 y 2025.
El gobierno ha buscado mantener la gasolina regular alrededor de los 24 pesos por litro y el diésel cerca de 27 pesos, mediante estímulos al IEPS y acuerdos con empresarios del sector. Algunos gasolineros, sin embargo, aseguran que los márgenes se han reducido ante los precios a los que adquieren el combustible.
El problema es mayor con el diésel, debido a su menor rotación y a que parte de las ventas al transporte se realizan a crédito. Empresarios consultados por EL CEO aseguran que, bajo las condiciones actuales, mantenerlo en sus estaciones ha dejado de ser atractivo.
Alrededor de 170 estaciones habrían optado por dejar de comercializar diésel, de acuerdo con reportes del sector. Entre los estados donde se ha presentado esta situación están Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora y Zacatecas. La estrategia para contener los precios comienza así a enfrentar otro desafío: mantener el combustible en las estaciones sin deteriorar los márgenes de quienes lo venden.
Parte de la estrategia estará enfocada en promover la Línea de Denuncia Ciudadana 079, mediante la cual podrán reportarse presuntas irregularidades o abusos cometidos por servidores públicos en trámites y procesos regulatorios.
Ambos organismos también colaborarán para detectar publicidad irregular y productos potencialmente dañinos, además de impulsar esquemas de capacitación para empresas del sector turístico.
El acuerdo contempla reforzar la vigilancia de las condiciones sanitarias en hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos, un sector donde Cofepris y Concanaco buscarán cerrar espacios tanto a irregularidades como a posibles actos de corrupción.
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