Grave amenaza a los derechos sociales

Hasta el año 1900, en España sufrir un accidente laboral era sinónimo de pobreza absoluta. En ese ejercicio se aprobó la ley de accidentes de trabajo, que estableció que en caso de accidente, "el patrono abonará a la víctima una indemnización igual a la mitad de su jornal diario". Costó sangre. Hasta 1942 no se aprobó el seguro obligatorio de enfermedad que concedió a "todos los productores económicamente débiles" una indemnización del 50% de la retribución. En 1963 la Ley de Bases de la Seguridad Social estableció prestaciones económicas mínimas para las situaciones de incapacidad laboral , invalidez, desempleo, muerte y supervivencia.

El cambio sustancial en los derechos sociales llegó con la Constitución de 1978, que vino precedida de intensas movilizaciones obreras promovidas por los sindicatos. La Carta Magna abrió la puerta al desarrollo de una decisiva legislación social (pensiones, desempleo, salud) y que sigue ampliándose con el Ingreso Mínimo Vital y leyes sobre la vivienda.

Hoy la protección de los trabajadores en situación de incapacidad temporal (IT), enfermos o accidentados, es la segunda más importante de la Seguridad Social. Los trabajadores perciben entre el 60% y el 75% de su salario cuando están de baja. El derecho se complementa a veces hasta el 100% del salario, de acuerdo con los convenios pactados entre la patronal y los sindicatos.

Durante los últimos años el gasto por IT ha aumentado notablemente . El gasto público ha pasado de los 7.485 millones de euros en 2018 a los 18.407 millones de euros en 2025. A ello hay que añadir los 17.000 millones que aportan las empresas, según la CEOE.

Este aumento del gasto ha sido aprovechado por el presidente del PP , Alberto Núñez Feijóo, para desacreditar infundadamente un derecho que salva a los trabajadores de la pobreza cuando caen enfermos. El líder de la oposición censuró que los trabajadores que no trabajen cobren lo mismo que los que sí lo hacen . Este es precisamente el derecho que hay que defender.

Las causas del aumento del gasto por la IT están bien documentadas: principalmente, el envejecimiento de la población. La Fundación Adecco indica que en 2025 en España vivían 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. En 1999 ambos colectivos eran prácticamente iguales. También, el alargamiento de las listas de espera en la sanidad. En las intervenciones quirúrgicas no urgentes fue 121 días en junio de 2024. Las bajas por salud mental ya representan un 20% del total. El incremento de la precariedad (temporalidad y bajos salarios) genera más bajas.

Hay respuestas serias: La Fundación Economía y Salud sostiene que la reforma de la IT "es un ejercicio de redefinición del contrato social en torno al trabajo, la salud y la protección colectiva, que exige audacia reformadora, rigor analítico y capacidad de diálogo entre agentes".

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales aboga por un gran pacto de Estado, como el Pacto de Toledo para las pensiones, para abordar las bajas laborales. Cree que aquí "no hay fraude". Recuerda que "una persona trabajadora tiene que ejercer su derecho y nuestro deber como sociedad es cuidar de su salud y de su recuperación". Recortar derechos solo acarreará más pobreza.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre grave amenaza a los derechos sociales y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.