Gobierno investiga red de los Hernández Casillas por contratos electorales de más de 2,000 mdp; caso Guadalupe Taddei, bajo revisión
Raquel Buenrostro reveló cómo operaba la red empresarial y los antecedentes de Guadalupe Taddei en los organismos electorales.
El Gobierno de México presentó una investigación sobre una presunta red de empresas que durante más de dos décadas obtuvo contratos para suministrar materiales y servicios a organismos electorales, tanto federales como estatales, mediante posibles esquemas de simulación de competencia y dispersión de recursos que involucraría a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas.
Durante la presentación, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso los antecedentes de los empresarios involucrados, sus vínculos con antiguos funcionarios públicos y la evolución de sus compañías dentro del mercado de proveeduría electoral.
El caso también alcanzó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que incorporó a 25 personas físicas y 15 morales a su lista de personas bloqueadas, por lo que el gobierno anunció cambios para transparentar las contrataciones de materiales electorales y fortalecer la producción pública de estos insumos.
Empresas electorales: una red con contratos por más de 2,000 millones de pesos con los Hernández Casillas
De acuerdo con la exposición de Buenrostro, la investigación identificó a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas como figuras centrales de un grupo empresarial que comenzó a participar en contrataciones electorales desde finales de los años noventa.
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Ambos iniciaron su trayectoria en la administración pública durante 1983, en la Secretaría de Gobernación, dentro del Registro Nacional de Población (Renapo). Posteriormente, en 1989, se incorporaron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La funcionaria señaló que sus antecedentes están vinculados con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien ocupó cargos en ambas dependencias y posteriormente desarrolló actividades en el Estado de México. Según la exposición, los hermanos Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a constituir empresas proveedoras.
Uno de los antecedentes mencionados corresponde a 2005, cuando un escándalo relacionado con contratos de estos empresarios en el Instituto Electoral del Estado de México derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
La investigación gubernamental identificó que, entre 2014 y 2023, proveedores relacionados con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2,000 millones de pesos en 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (Oples).
Para el periodo 2024-2025, la red habría mantenido presencia en 15 entidades, con contratos por aproximadamente 646 millones de pesos.
El mecanismo consistía en presentar distintas propuestas económicas y acordar previamente qué empresa obtendría cada contrato. De esta manera, aunque participaran varios proveedores, el dinero terminaría beneficiando al mismo grupo empresarial.
La funcionaria también señaló que algunas compañías comparten domicilios y teléfonos, carecen de empleados o no acreditan capacidad técnica para prestar los servicios contratados. Además, describió posibles mecanismos de dispersión de recursos mediante otras sociedades, con el propósito de ocultar a los beneficiarios finales.
Según la investigación presentada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF identificaron indicadores relacionados con posibles empresas fachada, facturación irregular y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, estas observaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial.
El funcionario explicó que la decisión se tomó a partir de reportes de operaciones inusuales y sospechosas, así como de indicadores de riesgo relacionados con movimientos de dinero entre cuentas sin una actividad comercial aparente.
Entre las señales identificadas mencionó transferencias rápidas de recursos y operaciones con personas cuya actividad económica no parece corresponder con los movimientos registrados.
Reyes Colmenares precisó que todavía no se conocía el número de cuentas inmovilizadas ni los montos involucrados, debido a que las instituciones bancarias debían proporcionar esa información. Tampoco reveló los nombres de las personas y empresas bloqueadas, debido a las restricciones legales.
Guadalupe Taddei y los Hernández Casillas: los cambios en las contrataciones electorales
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el origen de las presuntas irregularidades se limite a la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
La mandataria recordó que Taddei fue designada en 2014 como consejera presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova. En 2023 llegó a la presidencia nacional del instituto mediante un procedimiento de insaculación.
Sheinbaum sostuvo que las investigaciones deben determinar las responsabilidades de quienes hayan participado en las contrataciones, sin excluir a funcionarios de distintas administraciones.
Como parte de las medidas preventivas, anunció que presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir las boletas electorales federales. También planteó incorporar a instituciones académicas y a la Auditoría Superior de la Federación en su esquema de supervisión.
El objetivo, explicó, es establecer reglas claras, precios de referencia y procedimientos transparentes para las adquisiciones de materiales electorales, de cara a los comicios de 2027.
Presunta simulación de competencia y empresas fachada Buenrostro explicó que las compañías presuntamente participaban en licitaciones para aparentar competencia, aunque sus beneficiarios finales estarían relacionados entre sí.
UIF bloquea a 40 personas y empresas Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, informó que la dependencia incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la lista de personas bloqueadas, como resultado de sus análisis financieros.
