Garamendi, reelegido presidente de CEOE para otros cuatro años

Antonio Garamendi (Getxo, Bizkaia, 68 años) ha vuelto a ser elegido por los empresarios españoles para ser su voz, el líder que represente sus intereses y demandas. La Asamblea Electoral de CEOE, celebrada este jueves en Madrid, ha sellado el respaldo al empresario vasco para otros cuatro años, en un proceso al que no se ha presentado ningún otro candidato. Tampoco tuvo rival en 2018, cuando accedió al cargo tras dirigir la patronal de pymes Cepyme. De completar este nuevo mandato, Garamendi sumaría 12 años como presidente de la gran casa patronal de España.

Una vez finalice este periodo, que si no hay imprevistos llegaría a 2030, Garamendi podría volver a presentarse. En 2023, en el inicio de su segundo mandato, cambió los estatutos para eliminar el blindaje que impedía a los presidentes encadenar más de dos mandatos en la organización. En 2018 sucedió en el cargo a Juan Rosell y en 2022 se impuso con contundencia a Virginia Guinda. Es la única vez en la que ha tenido que ha tenido rival en la carrera electoral.

Aquel intento fue impulsado por el presidente de la gran patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, que en esta ocasión ha respaldado a Garamendi desde el inicio del proceso. Poco después también trascendieron los apoyos de la asociación de autónomos ATA, de otras grandes patronales autonómicas como la madrileña CEIM o de la patronal de pequeñas empresa Cepyme.

En el proceso electoral de esta última, en mayo de 2025, se visibilizó una fractura que algunos empresarios pensaron que se replicaría en los comicios de CEOE. El entonces presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, perdió por un estrecho margen ante la candidata avalada por el propio Garamendi, la de Ángela de Miguel. Entonces se especuló con la posibilidad de que Cuerva plantase cara a Garamendi, pero el líder de la patronal granadina no ha llegado a dar el paso.

Queda lejos la etapa en que Garamendi alcanzaba acuerdos a menudo con el Gobierno, durante la crisis sanitaria del coronavirus. El culmen de ese periodo, más allá de los ERTE y la ley rider, fue la reforma laboral, que rechazó el PP pese a contar con el respaldo de la CEOE. El entonces líder popular, Pablo Casado, ignoró las peticiones de Garamendi de que apoyase la norma, que finalmente salió adelante gracias al voto equivocado de un diputado del PP.

Después el ritmo de los acuerdos se desplomó: con Trabajo no hay entendimiento desde junio de 2024 y con la Seguridad Social desde septiembre del mismo año. El Ejecutivo ha logrado aprobar algunas políticas rechazadas por Garamendi, sobre todo en la anterior legislatura, gracias a una mayoría parlamentaria más propicia, como la segunda parte de la reforma de pensiones.

Pero en la presente legislatura apenas ha habido avances laborales que exijan el aval del Congreso. El Parlamento respaldó la reforma del subsidio de desempleo y la ampliación de los permisos por nacimiento, pero rechazó medidas que el Gobierno solo pactó con los sindicatos y a las que se opusieron los empresarios, como la reducción de jornada. En la misma línea, apenas hay opciones de que prosperen el estatuto del becario, la extensión del permiso de fallecimiento a diez días o la reforma de la prevención de riesgos laborales.

Actualmente, la patronal participa en varias negociaciones con el Ejecutivo: con la Seguridad Social dialoga sobre alguna posible solución al incremento de la incapacidad temporal, así como las cuotas de autónomos. Los empresarios son más optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el primer tema que en el segundo. Con Trabajo, las opciones de entendimiento son casi inexistentes. Los diálogos en marcha tratan sobre la reforma de la indemnización por despido, la transposición de la directiva europea de transparencia salarial o la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas.

El enfrentamiento de Garamendi a las políticas del Gobierno se ha traducido en múltiples reproches cruzados con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También se ha resentido la relación con los sindicatos, que reclaman la renovación del acuerdo de convenios. Firmaron el último en 2023 y estuvo vigente hasta 2025, pero ahora las centrales se quejan de que no ven a Garamendi por la labor de suscribir un nuevo pacto para guiar la negociación colectiva.