FMI y Colombia: por qué un eventual respaldo sería distinto al de Argentina, Bolivia y Ecuador

FMI y Colombia: por qué un eventual respaldo sería distinto al de Argentina, Bolivia y Ecuador. El Gobierno de Abelardo De la Espriella solicitó al FMI iniciar una evaluación técnica mediante la misión del Artículo IV, un primer paso para profundizar la cooperación y explorar mecanismos de financiamiento. (Bloomberg/Samuel Corum)

Bogotá — Colombia se acerca al Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un deterioro fiscal, pero su eventual programa tendría una diferencia frente a Argentina, Bolivia y Ecuador: el país no parte de una crisis macroeconómica comparable.

"Si Colombia no quiere hacer el ajuste fiscal, no debería acudir al Fondo Monetario Internacional, porque eso significaría ponerse más camisas de fuerza", dijo Juan José Echavarría quien enfatiza en lo conveniente que es para el país la ayuda del FMI.

El exgerente del Banco de la República considera que, si el Gobierno está dispuesto a corregir las cuentas públicas, el Fondo podría convertirse en un aliado para llevar adelante ese proceso.

"La primera pregunta es si Colombia quiere o no hacer el ajuste. La segunda es cómo hacerlo", señaló Echavarría.

ANIF advierte que las necesidades de financiamiento del Gobierno son elevadas. Para 2027, el Plan Financiero contempla desembolsos externos por COP$87,7 billones e internos por COP$150,8 billones.

En ese escenario, el FMI podría ofrecer una alternativa frente al financiamiento tradicional. ANIF calcula que una Línea de Precaución y Liquidez tendría un costo cercano a 3,7% efectivo anual.

Ese costo sería inferior al de los bonos externos colombianos con vencimientos similares, que actualmente rondan el 6,6% efectivo anual. La diferencia estimada por ANIF es de unos 290 puntos básicos.

Pero Echavarría advierte que el atractivo principal no estaría necesariamente en conseguir dinero barato.

"Lo importante no es el desembolso. Lo importante es la señal que el Fondo le da a los mercados internacionales y el acompañamiento técnico que ofrece", afirmó.

La historia argentina es mucho más recurrente. Desde su ingreso al FMI en 1956, el país ha tenido 23 acuerdos con el organismo, alternando períodos de financiamiento, ajustes y etapas sin nuevos programas.

El episodio de 2018 es especialmente relevante. Argentina acordó un programa Stand-By por 36 meses que posteriormente fue ampliado y se convirtió en el mayor acuerdo del Fondo hasta ese momento.

Sin embargo, la crisis cambiaria y financiera llevó a reemplazarlo. El FMI concluyó que Argentina no logró recuperar la viabilidad externa prevista, dejando además importantes obligaciones de pago con el organismo.

En 2022, el Fondo aprobó un nuevo programa de Facilidades Extendidas por unos US$44.000 millones, destinado en buena medida a refinanciar vencimientos derivados del acuerdo anterior.

Para Echavarría, el contraste está también en la capacidad política de asumir el ajuste.

"El problema es que Argentina es un despelote permanente y existe una división muy profunda sobre la necesidad de hacer el ajuste fiscal", sostuvo.

El economista considera que Colombia tiene una diferencia relevante: "Nosotros sí queremos hacer el ajuste fiscal".

Eso no significa, sin embargo, que Colombia deba replicar el camino de Javier Milei. Echavarría considera que el ajuste argentino ha sido excesivo para las condiciones colombianas.

"No creo en un recorte en Colombia como el que está haciendo Milei, porque sería demasiado traumático y no es necesario", afirmó.

El caso boliviano tiene otra particularidad. La relación con el FMI estuvo vinculada al proceso de estabilización iniciado en 1985, después de una crisis marcada por hiperinflación, deterioro fiscal y problemas de deuda.

El proceso permitió una fuerte reducción de la inflación. Esta pasó de 18% en 1990 a 3,1% en 1999, mientras la deuda externa pública disminuyó como proporción del PIB.

Bolivia también tuvo programas respaldados por el FMI durante los años noventa y comienzos de los 2000. Sin embargo, posteriormente redujo su dependencia de nuevos acuerdos financieros.

Desde mediados de los 2000, la relación se concentró principalmente en la supervisión económica y las consultas del Artículo IV.

La diferencia con Colombia es que el eventual acercamiento actual ocurre cuando el país todavía conserva acceso a los mercados internacionales y busca complementar sus fuentes de financiamiento.

Ecuador ofrece un antecedente más cercano a un programa de financiamiento efectivo. En 2019, el FMI aprobó un acuerdo de Facilidades Extendidas por US$4.200 millones.

El programa buscaba fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejorar la competitividad, proteger a sectores vulnerables y reforzar instituciones relacionadas con la dolarización.

La pandemia llevó a cancelar ese programa en 2020. Ese mismo año, Ecuador acordó uno nuevo con el FMI por US$6.500 millones, diseñado para enfrentar simultáneamente la crisis sanitaria y económica.

Ecuador completó ese programa en diciembre de 2022. Según la evaluación del Fondo, contribuyó a restaurar la estabilidad macroeconómica, mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer el marco institucional.

La relación volvió a intensificarse en 2024, cuando el FMI aprobó otro acuerdo de Facilidades Extendidas por 48 meses y unos US$4.000 millones inicialmente.

ANIF destaca que este tipo de programas combina financiamiento con consolidación fiscal y reformas, mientras los desembolsos quedan sujetos al cumplimiento de metas cuantitativas y estructurales.

El caso colombiano podría ubicarse entre esas experiencias. ANIF considera que las opciones más probables serían una Línea de Precaución y Liquidez o un Acuerdo Stand-By.

La primera exige un desempeño sólido en varias áreas y requeriría que el Gobierno presente medidas fiscales creíbles. El Stand-By tiene una condicionalidad más amplia y permite negociar el ajuste dentro del programa.

Para Echavarría, esa diferencia resulta fundamental. El Fondo puede convertirse en un mecanismo para demostrar que Colombia está dispuesta a corregir sus desequilibrios.

"Hay emisiones que vienen a Colombia precisamente porque existe un programa acordado con el Fondo y porque se trata de un programa serio", explicó.

Por eso, el eventual respaldo del FMI no necesariamente significaría que Colombia atraviesa una crisis como las que enfrentaron Argentina o Ecuador.