Empresarios expropiados por Chávez piden volver a operar en nueva apertura petrolera de Venezuela

Los dueños que Venezuela dejó fuera del petróleo ahora reclaman volver a trabajar en la nueva apertura.La Costa Oriental del Lago de Maracaibo en Venezuela.(Raylí Luján)

Bloomberg Línea — A sus 98 años, Vincenzo Scionti sigue hablando de trabajo en Venezuela. No habla de retirarse. Tampoco de vender lo que queda de aquella empresa que construyó durante más de medio siglo junto a su familia y sus socios. Cuando se le pregunta qué haría si recuperara el muelle que levantó en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, vuelve una y otra vez a la misma palabra: trabajar.

Scionti llegó desde Italia a Venezuela con 26 años. Han pasado más de cinco décadas desde entonces y una vida entera quedó asociada al Lago de Maracaibo, a sus embarcaciones y a una actividad empresarial que comenzó mucho antes de que la familia supiera cuál sería el tamaño que tendría la industria petrolera venezolana.

El petróleo era una posibilidad. El servicio era la realidad.

Ver más: El multimillonario Harold Hamm entra al petróleo de Venezuela con un acuerdo en la Faja del Orinoco

En el lago había barcos que necesitaban entrar, salir, ser reparados, soldados y mantenidos. Y alrededor de esas necesidades Scionti y sus socios fueron construyendo una operación que terminó incluyendo un muelle, un atracadero y el proyecto de desarrollar un pequeño astillero para reparar barcos, remolcadores y otras embarcaciones. "Había que asistirlo, repararlo, soldarlo, conservarlo", recuerda en conversación con Bloomberg Línea en la ciudad de Maracaibo.

La conservación, dice, era el secreto. Un barco podía tener 30 o 40 años y seguir navegando si recibía el mantenimiento adecuado.

Aquella idea de construir sobre lo que ya existía terminó convirtiéndose en una empresa familiar de varias generaciones. Pero la operación fue desmantelada después de que el Estado tomara sus activos en 2009, a través de una legislación aprobada por Hugo Chávez para la nacionalización de compañías que tercerizaban servicios para la estatal Petróleos de Venezuela. No fue solamente el muelle: las distintas divisiones de la compañía fueron afectadas y la estructura que la familia había construido durante décadas quedó fragmentada.

"La comunidad fue dividida completamente. Fue repartida en pedazos", recuerda José Menegaldo, yerno de Scionti y quien fuera abogado de Costa Bolívar Construcciones C.A.

Ahora, casi dos décadas después, el muelle vuelve a estar en el centro de una transformación que puede resultar paradójica: mientras Venezuela intenta atraer capital privado y extranjero para recuperar su industria petrolera, algunos de los empresarios que fueron desplazados de los servicios que sostenían esa industria esperan que el Estado les permita volver a trabajar.

El caso de Costa Bolívar concentra buena parte de esas preguntas.

El muelle de Scionti continúa registrado a nombre de sus propietarios, según explican sus representantes. Pero después de la expropiación pasó al control de Pdvsa y posteriormente estuvo vinculado a la operación de la rusa Gazprom. Hoy forma parte del entorno operativo de PetroZamora, la empresa mixta que es operada por North American Blue Energy Partners (NABEP).

PetroZamora, que opera campos de la Costa Oriental del Lago, ya estaba bajo participación de NABEP antes del nuevo acuerdo anunciado en agosto entre Venezuela, Estados Unidos y la compañía. Datos publicados en junio situaban su producción en 104.000 barriles diarios en abril de 2026.

El 31 de agosto, NABEP anunció un acuerdo con Estados Unidos que contempla una inversión cercana a US$100.000 millones y el desarrollo de reservas venezolanas, mientras que Reuters reportó que la compañía asumirá operaciones de varios campos anteriormente vinculados a empresas rusas y chinas.

Para los Scionti, el nuevo escenario no elimina su reclamación. La vuelve más urgente.

Costa Bolívar no era solamente el muelle que hoy ocupa PetroZamora. En su momento de mayor expansión, la compañía llegó a manejar unas 1.300 personas directamente y alrededor de 5.000 trabajadores indirectos, según Menegaldo. La operación incluía embarcaciones, tres diques flotantes, gabarras, grúas, lanchas para transporte de personal, talleres, una planta de concreto y una estación de combustible.

También tenía negocios que quedaron fuera de lo que originalmente debía ser afectado por la legislación petrolera de 2009. Una planta de asfalto en Ciudad Ojeda producía unas 380 toneladas por hora; otra división operaba una planta de trituración y agregados en Trujillo, mientras que la compañía había creado uno de los primeros centros de manejo de desechos peligrosos de Venezuela para tratar lodos y aguas aceitosas provenientes de la actividad petrolera.

Las tres divisiones fueron tomadas junto con el resto de los activos.

La planta de asfalto desapareció. La de agregados quedó prácticamente inoperativa y el centro de manejo de desechos está actualmente invadido, según Menegaldo. De toda aquella estructura, el muelle es el único activo que mantiene una operación petrolera.

En 2009 fueron alrededor de 72 las empresas afectadas por la legislación de expropiación impulsada durante el gobierno de Chávez para tomar el control de actividades conexas a la industria petrolera. Algunas recibieron posteriormente pagos parciales por sus activos. Otras no recibieron nada.

Menegaldo calcula que unas 40 compañías, principalmente de Maracaibo y de la Costa Oriental del Lago, mantienen reclamaciones pendientes y se han agrupado para exigir que la nueva Ley de Hidrocarburos produzca un efecto concreto sobre sus propiedades.

La ley derogó el marco legal que sustentó las expropiaciones, pero el reglamento posterior no estableció, según los empresarios, un mecanismo específico para revertir aquellas ocupaciones ni definió qué ocurrirá con los activos que permanecen bajo control estatal o de nuevos operadores.

"Si la ley fue derogada, se supone que la propiedad vuelve a nosotros", plantea Menegaldo. La intención, insiste, no es paralizar la producción petrolera. Si el operador actual necesita utilizar el muelle, una alternativa sería reconocer la propiedad, establecer un alquiler o acordar alguna forma de compensación.

El problema es que, después de 17 años, tampoco existe una respuesta formal sobre cómo hacerlo.

Los propietarios sostienen que sus compañías siguen apareciendo registradas a su nombre. No obstante, no pueden entrar a las instalaciones, utilizarlas ni disponer de ellas. En el caso de Costa Bolívar, incluso después de pasar por Pdvsa y por la operación vinculada a Gazprom, la propiedad nunca habría sido formalmente transferida a esas entidades.

Ver más: Petrolera respaldada por EE.UU. planea más que duplicar su producción en Venezuela para 2028

Menegaldo recuerda que cuando se comunicaron con los operadores rusos recibieron una respuesta sencilla: ellos habían recibido el activo de Pdvsa y, por tanto, lo consideraban propiedad de la estatal.

Ahora la situación vuelve a cambiar con NABEP, a cargo del controvertido empresario Alejandro Betancourt.

PetroZamora opera desde las instalaciones que una vez pertenecieron a Costa Bolívar y es precisamente esa operación la que quedó incorporada al nuevo mapa petrolero de Venezuela. Menegaldo sostiene que las compañías que hoy trabajan allí incluso han aprovechado infraestructura que ya existía, mientras realizan nuevas obras, como el reemplazo de tuberías metálicas por tuberías plásticas.

Por eso, la discusión sobre la restitución no ocurre en un vacío. Los antiguos propietarios están reclamando activos que ya tienen nuevamente un valor económico dentro de la apertura petrolera.

Y en el caso de Costa Bolívar aparece otro elemento que ahora adquiere especial relevancia: sus accionistas ya no son únicamente venezolanos.

La compañía nació de dos familias que compartían la propiedad. Uno de los socios falleció sin ver resuelta la disputa y sus descendientes heredaron su participación. Hoy, según Menegaldo, esos herederos son ciudadanos estadounidenses. Del lado de los Scionti también existe una nueva generación con nacionalidad estadounidense.

El resultado es que alrededor de 70% de Costa Bolívar estaría actualmente en manos de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el cálculo de Menegaldo.

Es una consecuencia de los 17 años transcurridos desde la intervención: familias de origen italiano y venezolano que construyeron sus empresas en el país tienen ahora hijos y nietos que también son estadounidenses.

Para Menegaldo, ese elemento introduce una nueva dimensión en la reclamación justo cuando Estados Unidos participa directamente en la nueva etapa petrolera venezolana.