El Predial El Impuesto Desaprovechado

Dicha ley lo que busca es homologar criterios en materia catastral y en los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país; facilitar la identificación y ubicación física de los inmuebles; ampliar la base fiscal y hacer más eficiente el cobro del predial.

Para ello, habrá plataformas nacionales Catastrales y de Registros Públicos de la Propiedad; así como habrá una Clave Única Catastral —como una CURP de la propiedad—, y una Cédula Única Catastral y Registral. Todo ello a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En otro escenario, se encuentra a consulta pública el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que se trata de un mecanismo de coordinación y planeación para dicha zona metropolitana.

Sea sobre la Ley o el programa, en el debate político opositor se ha dicho que la homologación catastral, la incorporación de predios que no están registrados y la ordenación de la ZMVM conllevarán un "predialazo", es decir, un incremento en el impuesto predial, además de una intervención en la autonomía municipal y riesgos de afectación a la propiedad privada.

Por Ley, los municipios tienen bajo su responsabilidad el cobro de pocos impuestos, el principal de ellos es el predial. A pesar de ello, hay un bajo nivel de recaudación.

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), 11% de los ingresos totales que obtienen los municipios son obtenidos por ellos mismos; mientras 97% de los ingresos de uno de cada cuatro municipios del país provienen de los niveles estatal y federal.

Esto es atribuible principalmente a una deficiente gestión catastral fomentada por evitar generar descontento entre la ciudadanía por el cobro del predial, sean adeudos o alzas al impuesto.

Apelando a esto último es que la oposición ha argumentado en contra de medidas que benefician principalmente a los municipios, dando oportunidad de digitalizar y modernizar bases de datos y mejorar la recaudación del predial, para hacerse de recursos sin depender casi exclusivamente de partidas federales y estatales.

En cuanto al POZMVM, si bien plantea la organización del uso del territorio, orientaciones para municipios y alcaldías, así como mecanismos de coordinación entre entidades, alcaldías y municipios, no cambia el uso de suelo ni incrementa el impuesto predial; además de que el programa se encuentra a consulta pública hasta el 22 de noviembre, por lo que ya muchos actores de partidos y ciudadanos están expresando sus observaciones.

Si bien existen riesgos legítimos de corrupción o mal uso de recursos, estos no justifican perpetuar un sistema ineficiente que desaprovecha el potencial fiscal de los municipios a través del predial. En el caso del POZMVM, su carácter de consulta pública y su alcance limitado —sin modificar usos de suelo ni impuestos— desmienten las alarmas opositoras.

En suma, ambas iniciativas ofrecen una oportunidad para fortalecer las finanzas locales y ordenar el territorio, siempre y cuando se acompañen de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la autonomía municipal.

MORENA, cuando el cambio se convierte en el espejo del viejo régimen

A propósito de un nuevo aniversario de MORENA, las plazas y los discursos oficiales se llenan de loas a la llamada Cuarta Transformación. Se festeja la consolidación de una fuerza política que redefinió el mapa de México y que, bajo la sombra imán de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, prometió sacudir las viejas estructuras del poder nacional. Sin embargo, detrás de la épica del movimiento social y el relato fundacional, la realidad institucional cuenta otra historia muy distinta.

Lejos de representar un paradigma inédito de hacer política, MORENA se ha consolidado como lo que siempre fue en la práctica: un vehículo pragmático, una maquinaria electoral implacable diseñada para acaparar la representación en los estados, los congresos locales y el Congreso de la Unión. Su éxito no radica en la pureza ideológica de sus filas, sino en su eficacia como artefacto de poder. Y es precisamente ahí donde reside su mayor contradicción.

Al mirar con atención el andamiaje interno, la selección de candidatos, el corporativismo soterrado y la disciplina dictada desde el centro, el partido guinda o morado -hasta en eso falta definición- no inaugura el futuro; más bien resucita los vicios más profundos del pasado.

El morenismo actual evoca, sin ambages, a la versión más retrógrada del viejo PRI: el del pragmatismo sin principios, el del corporativismo clientelar, el del culto a la personalidad y la lealtad ciega por encima del debate técnico o democrático.

Las viejas prácticas del partidazo hegemónico no desaparecieron con la alternancia; simplemente se mudaron de siglas, cambiaron de color y perfeccionaron sus métodos de control bajo un discurso redentor.

Por una sencilla razón, los personajes que lo construyeron son los mismos que construyeron a todos y cada uno de los partidos porque en México solo ha existido el PRI y sus derivaciones, aunque haciendo memoria, también habría de reconocer que el PAN sí que tiene una ideología diferente, pero las mismas mañas que su oposición.

El problema central de este aniversario no es que MORENA funcione como una maquinaria electoral —para eso se fundan los partidos políticos, al fin y al cabo—. La tragedia democrática radica en la simulación: el contraste insalvable entre el mito fundacional de la regeneración moral de la república y la cruda realidad de un partido que recicló lo peor de la clase política tradicional para asegurar su permanencia.

Celebrar quince años de vida partidista debiera ser un ejercicio de autocrítica sobre cómo el idealismo de un movimiento social terminó subordinado a las ambiciones de nomenclatura. En su metamorfosis, MORENA demostró que se puede sepultar al PRI en el papel, mientras se le resucita en las formas, pues nada ni nadie es indispensable en el sistema.

La democracia cuesta y más cuando toma la forma de protestas que generan impactos económicos importantes. Francia lo vivió en mayo de 1968 y hoy busca cómo evitarlo. Las movilizaciones estudiantiles que comenzaron en septiembre por el deterioro de las escuelas públicas ya se convirtieron en un movimiento nacional.

Esta semana centenares de miles de personas salieron a las calles y más de 6,600 personas han sido detenidas desde el inicio, en su mayoría menores de edad.

Los estudiantes reclaman profesores, mejores instalaciones, menos saturación en las aulas y cambios en el sistema de acceso universitario, pero la demanda económica es más grande: exigen al menos 10 mil millones de euros adicionales para la educación pública.

El gobierno, por ahora, ha ofrecido un plan de emergencia y unos 2 mil millones adicionales, insuficientes para los inconformes.

La memoria del 68 es inevitable. No porque Francia esté viviendo una reedición del viejo conflicto, sino porque entonces una protesta universitaria terminó convirtiéndose en una crisis social que paralizó al país.

En el punto más alto de aquellas huelgas participaron hasta 10 millones de trabajadores, cerca de la mitad de la fuerza laboral del país, y el FMI calculó que la pérdida de producción llegó al 2% del producto nacional.

Pero el costo no terminó en las fábricas: los acuerdos de Grenelle contemplaron aumentos importantes del salario mínimo y otras mejoras laborales, mientras la presión sobre las finanzas públicas y la salida de capitales terminaron golpeando al franco.

La diferencia con ese episodio es precisamente lo que vuelve más delicada la situación actual. En 1968 el gobierno pudo responder a la crisis con una combinación de aumentos salariales, gasto y acuerdos sociales. Hoy Francia tiene mucho menos margen. La deuda pública se ubica alrededor de 120% del PIB, el déficit sigue siendo elevado y el costo del financiamiento del Estado ha aumentado.

Por esa razón, los 10 mil millones que reclaman los estudiantes no son solo una demanda educativa: son una prueba de cuánto espacio conserva el gobierno francés para responder a una crisis social con dinero público. La protesta está poniendo frente a frente dos realidades que hasta ahora podían administrarse por separado: una generación que exige más Estado y un Estado que necesita gastar menos.

Ahí es donde está el riesgo económico. Mientras las movilizaciones se mantengan concentradas en escuelas y manifestaciones, el impacto sobre el PIB puede ser limitado y temporal. Pero si el movimiento incorpora de manera sostenida a profesores, sindicatos, transporte y otros sectores, como ocurrió en 1968, el costo cambia de escala.

La experiencia histórica muestra que las huelgas afectan producción, servicios, consumo y confianza; estudios del FMI señalan que los episodios de conflictividad social pueden reducir el PIB alrededor de un punto porcentual respecto a su trayectoria prevista.

Francia tiene entonces una ecuación complicada: si cede y aumenta el gasto, agrava el problema fiscal que ya enfrenta; si recorta o contiene el gasto, puede alimentar una protesta que está dejando de ser puramente estudiantil.

En 1968 la calle consiguió arrancarle recursos al Estado; en 2026 la pregunta es si el Estado todavía tiene los recursos suficientes para comprar esa misma paz social. La diferencia no es sólo de contexto, sino de capacidad fiscal: hace 58 años Francia enfrentó una crisis social con capacidad para gastar; hoy enfrenta una crisis social precisamente cuando su capacidad de gastar está bajo presión.

El Día Mundial del Hábitat, conmemorado el pasado 5 de octubre e impulsado por ONU-Hábitat, pone sobre la mesa una discusión que debería ocupar un lugar central en la agenda económica y política: qué condiciones ofrece una ciudad a quienes la habitan.

En las grandes urbes, el costo de una vivienda también se mide en horas de traslado, gasto de transporte y oportunidades para estudiar, trabajar o convivir. Un hogar alejado de los servicios puede resultar más accesible al comprarlo o rentarlo, pero exigir un desembolso cotidiano considerable; por eso, hablar de acceso a la vivienda obliga a preguntarse cuánto cuesta vivir en ella y qué posibilidades ofrece su ubicación.