El buen legado del decreto de vivienda

¿Qué hacer tras la derrota de los decretos tumbados en el Congreso sobre desahucios y prórroga de alquileres? Una posibilidad es replantearlos, con alguna modificación, como nuevos decretos o como proyectos de ley. Una y otra vez. Para discutir y aclarar cada aspecto técnico, y no solo las lecciones de cosas generales. Y ocupar así al Parlamento en la política de las cosas, más que en las cosas de la política. Otra sería la convocatoria de elecciones anticipadas y elevar el asunto al gran debate previo de ideas y proyectos.

Se preguntarán: ¿equivaldría eso a reincidir en el fracaso aritmético cosechado por los proponentes? ¿a un intento de revancha? No necesariamente. Pese a la intensidad emocional gastada en el Congreso, muchos ciudadanos albergan dudas sobre el alcance de lo discutido. Y es una lástima porque, sobre todo el decreto más largo y completo, ha modificado los términos de la conversación político-económica-social. La ha elevado.

Eso es así porque deja, al menos como legado, la desarticulación de varios mitos. Uno, aplanar o reducir precios de alquileres (ya con topes de precios, ya con prórrogas de alquiler que los congelen) es posible y puede ser deseable. Durante las discusiones se ha recordado que en Cataluña, una de las excepciones por cumplir la Ley de Vivienda, los precios de los alquileres registrados oficialmente en el Incasòl han descendido.

Desde que se aplicó, en el primer trimestre de 2004, hasta igual fecha de 2026, cayeron un 4,7% en la zona hipertensionada de Barcelona. Mientras aumentaban —un 9,5%— en los municipios no regulados; y también en el resto de España. Y que el efecto colateral de la reducción de oferta exige rapidez, energía y más recursos en la construcción de VPOs para estabilizar el mercado: la Generalitat cifra las que tiene en marcha en 38.000 (incluidas 10.000 terminadas) de las 50.000 que prometió para 2030. Las hipotecas también han aumentado un 4,9% en esta comunidad en el año acabado en julio, mientras disminuían un 3,5% en toda España (datos del INE).

Dos, por fin se ha roto la estúpida criminalización de todos los caseros (alguna los calificaba de "sanguijuelas"), al distinguir entre particulares y fondos buitre. Lo que diferencia de estos a los tenedores familiares, pequeños o grandes, no es solo una cuestión de moralidad sino de interés. Los fondos compiten con sectores financieros o tecnológicos y así buscan rentabilidades desbocadas, de hasta (o más) del 15% sobre el activo: y de forma degradante, fragmentando pisos en cuchitriles, o arrendándolos a turistas.

Las familias, que constituyen el mayor grupo de los propietarios, optan más bien por rentas modestas, digamos del 3%, pero con inquilinos conocidos, cuidadosos, de largo plazo. Conviene que el respeto a esos actores —imprescindibles porque sin sector privado tampoco habrá vivienda disponible—, se profese por su cualidad y no solo en contraste con los especuladores. Aunque haya excepciones, de todo signo y en todas partes.

Tres, urge abortar los desahucios a vulnerables, según el ejemplo de Maricarmen. Lo reconocen incluso (aunque retóricamente) algunos de los que han tumbado el decreto.

Y cuatro: para todo ello resulta imprescindible el equilibrio entre intervención y mercado, caseros e inquilinos, derecho a la vivienda y protección de la propiedad. Era razonable exigir a los propietarios prolongar los contratos, sin subir más precio que la inflación; e impedirles desahuciar a los vulnerables. Favorecía más a la parte débil, los inquilinos. Pero a cambio otorgaba a los propietarios ventajas fiscales y compensaciones en caso de impago.