De la Espriella está entre la responsabilidad fiscal y un nuevo estallido social en Colombia

Paro nacional de Colombia en mayo de 2021Paro nacional de Colombia en mayo de 2021 Photographer: Carlos Bernate/Bloomberg(Bloomberg/Carlos Bernate)

Bogotá — El presidente Abelardo De la Espriella enfrenta un nuevo frente de tensión política por la Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca corregir el deterioro de las finanzas públicas, pero que ha abierto una discusión sobre el costo que asumirán los hogares colombianos.

ANIF reconoce la urgencia del ajuste, pero advierte sobre el alcance de las medidas tributarias: "el proyecto incluye múltiples medidas tributarias que no se anticipaban".

La ampliación de la base del IVA, los cambios en el impuesto de renta y las modificaciones a las contribuciones de seguridad social han generado cuestionamientos.

Según José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, no hacer el ajuste puede llevar a Colombia a un default en 2027.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Advierte que para Colombia la decisión de hacer o no el ajuste fiscal significa cumplir o no sus compromisos financieros. (Bloomberg/Santiago Mesa)

La discusión tiene lugar en medio de un escenario fiscal complejo. Sin ajustes el déficit fiscal alcanzaría el 9,4% del PIB en 2027, el nivel más alto en más de 30 años.

El centro de pensamiento calcula que la Ley de Rescate Económico tendría un efecto de 4,09% del PIB sobre el balance primario hacia 2030, que llegaría a 4,73% al incorporar otras medidas de ajuste.

Sin embargo, el tamaño de la corrección fiscal contrasta con el debate político que han provocado los impuestos propuestos.

La discusión ya no se limita a cuánto necesita recaudar el Gobierno, sino también a cuáles sectores de la población terminarían asumiendo el costo.

"Nos vemos el 19 de noviembre en las calles", sentencia Walter Rodríguez, una de las nuevas caras del progresismo en Colombia.

Fue electo senador hasta 2030 por el Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro. Asegura que "No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras el dictadorzuelo de Abelardo De la Espriella y su combo nos hunden nuevos impuestos".

Uno de los puntos más sensibles es la modificación de la base del IVA. El proyecto plantea que la mayoría de los bienes que actualmente pagan una tarifa del 5% pasen al 19%, mientras se mantendrían excluidos los alimentos más básicos y servicios esenciales.

El informe de ANIF señala que permanecerían sin IVA medicamentos, salud, educación, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento de vivienda y transporte público.

La propuesta también contempla un mecanismo de devolución del impuesto para los hogares de menores ingresos.

Según el documento, EfectIVA cubriría al 68% de la población, más de 35 millones de personas. La devolución sería del 100% para los tres grupos de menores ingresos y disminuiría progresivamente hasta el 30% para el sexto grupo.

El mecanismo comenzaría el primero de enero de 2028. Para evitar que los hogares tengan que asumir primero el incremento y esperar después la compensación, el Gobierno propone entregar en diciembre de 2027 un anticipo equivalente a la primera quincena de 2028.

Sin embargo, la discusión sobre qué productos conservarían los beneficios tributarios ha generado especial controversia.

El café tostado pasaría de una tarifa del 5% al 19%, una modificación que ha generado preocupación en el sector cafetero.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, pidió reconsiderar la medida. "Proteger el consumo de café colombiano también es proteger nuestra economía", manifestó.

La discusión también alcanza a otros alimentos y productos de consumo cotidiano.

La senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña cuestionó que productos como el café, el azúcar, el chocolate, la avena, las pastas, los fríjoles y las lentejas pasen a pagar una tarifa del 19%.

A esa lista se suman frutas y verduras mencionadas por congresistas que han rechazado la iniciativa.

La controversia se concentra en el posible encarecimiento de productos que hacen parte de las compras habituales de los hogares.

El rechazo no proviene exclusivamente de los sectores que tradicionalmente se oponen al Gobierno. La iniciativa también ha encontrado resistencia entre congresistas de partidos que respaldaron la elección de De la Espriella.

Una de las voces críticas es la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, colectividad que avaló al mandatario. La congresista expresó su rechazo a los cambios tributarios.

"No apoyaremos: IVA a frutas, verduras y granos, más cargas tributarias a la clase media ni IVA a los insumos del campo", indicó.

En la Cámara de Representantes, Carol Borda, también de Salvación Nacional, marcó distancia frente al componente tributario y respaldó los recortes al gasto estatal. "Mi voto sí a la reducción del Estado. Mi rotundo no al aumento de impuestos".

Una fuente en el Ministerio de Hacienda, que ante la prohibición de hablar con medios de comunicación prefiere no ser mencionada, aseguró a Bloomberg Línea que la propuesta no es una camisa de fuerza y que los puntos más controversiales son precisamente los que el Ejecutivo puede reconsiderar durante el trámite Legislativo.

Advierte eso sí, que más allá de qué se mantiene y qué sale del texto final, lo que se apruebe en Congreso tiene que ser suficiente para dar el mensaje adecuado a los inversionistas internacionales que hoy confían en que Colombia enderezará el camino.

El rechazo a los puntos que toca a la clase media se extendido a varias colectividades. Congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos Conservador y Liberal, La U y algunos sectores del Partido Verde han manifestado reparos a los incrementos tributarios.

En el Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, también se opuso a nuevos tributos. "Los colombianos no aguantan un impuesto más", afirmó.

Pero es el Pacto Histórico, principal fuerza de oposición, el que ha anunciado su intención de llevar el inconformismo a las calles.

La senadora Laura Cristina Ahumada cuestionó que el proyecto aumente los impuestos al consumo mientras reduce la tarifa de renta empresarial.

"Al mismo tiempo, le sube el impuesto a la comida y les baja la renta a las empresas, del 35% al 31%, y alivia el impuesto a los grandes patrimonios", señaló la congresista.