Cuerpo empujó para suavizar el decreto de los centros de datos y exigió tener la última palabra en las futuras revisiones de la norma

El Ministerio de Economa forz hasta siete concesiones clave para hacer viable el sector de los 'data center' que, segn la patronal SapinDC, se juega 70.000 millones de inversin

La Comisin Europea apercibe al Gobierno por el decreto de centros de datos y le recuerda la obligacin de someter las normas que afectan al sector digital a su anlisis

El Ministerio de Economa ha sido el gran contrapeso, dentro del propio Gobierno, al decreto que pone coto a los centros de datos, que ayer se debati en el Consejo de Estado. El departamento que dirige Carlos Cuerpo abri fuego amigo en favor del sector durante la tramitacin y arranc a Transicin Ecolgica siete concesiones clave que acabaron suavizando la norma. Adems, el vicepresidente primero se ha asegurado la ltima palabra sobre cualquier revisin futura, segn consta en la memoria del anlisis de impacto normativo (MAIN) consultada por EL MUNDO.La Direccin General de Poltica Econmica, que depende de Cuerpo, elev varias peticiones para flexibilizar las exigencias, principalmente energticas, que el equipo de Sara Aagesen incorpor al borrador presentado en el mes de agosto. Aquel texto preliminar soliviant a las grandes tecnolgicas que promueven estas infraestructuras -de Amazon a Microsoft- y a CCAA como Madrid o Aragn, que han convertido la economa de la inteligencia artificial en su principal vector de crecimiento. Tambin a elctricas y renovables, que confan en los centros de datos para levantar la demanda y vender su produccin sorteando el cctel de vertidos y precios negativos que est alterando el mercado en horas solares.El borrador recibi 632 alegaciones en apenas dos semanas. Economa fue contundente: pidi ampliar de 18 a 36 meses la ventana de adicionalidad, es decir, el plazo para vincular cada centro de datos a nuevas plantas renovables. Tambin rebajar de diez a seis aos la duracin mnima de los contratos de energa verde (PPA), y dar seis meses de margen tras obtener el acceso a la red, para cumplir ese requisito.

El equipo de Cuerpo puso el foco en una de las exigencias ms polmicas: la correlacin horaria. La obligacin de que los centros de datos acrediten, hora a hora, que al menos el 80% de la electricidad que consumen es renovable. El ministerio sugiri medirla en periodos ms amplios. Transicin Ecolgica accedi a medias, con una va transitoria de cinco aos para aquellas instalaciones que acepten adaptar su consumo a las rdenes de Red Elctrica en aquellos tramos del da en los que la operacin del sistema es ms complicada.

Total o parcialmente, todas las alegaciones de Economa fueron atendidas. La de mayor calado fue dejar en manos del vicepresidente primero la llave de cualquier futura modificacin del decreto que tenga cierta envergadura. Y es que se necesitar el acuerdo previo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos para actualizar la norma. Es decir, Carlos Cuerpo, que preside ese rgano, tendr la ltima palabra.

Hacienda tambin aleg y pidi revisar el impacto econmico y presupuestario por los costes de adaptacin de los proyectos pblicos ya iniciados. Lo que subyace es la duda de si los centros de datos de la propia Administracin se salvaran de la quema. El departamento de Arcadi Espaa tuvo menos suerte: se rechazaron tres de sus seis peticiones, aunque s se excluyeron del decreto instalaciones estatales consideradas crticas.

Las medidas de alivio que elevaron Economa y Hacienda evidencian una preocupacin compartida por el posible efecto econmico de la norma. La patronal de los centros de datos, Spain DC, cifra en unos 70.000 millones de euros la inversin en juego, adems de una notable contribucin fiscal, algo que preocupa especialmente a las autonomas ms expuestas al sector.

Ello contrasta con la implicacin directa y el respaldo sin fisuras del equipo econmico de Moncloa, liderado por Manuel de la Rocha, a un marco que el lobby tecnolgico califica como el ms exigente de Europa. Segn evidencia la memoria, el Gobierno no ha realizado ningn informe de impacto econmico ni cuantificado cunto costar cumplir un decreto que, siempre segn el sector, abocar una fuga de capital si sale adelante.

Los promotores siguen considerando insuficientes los cambios del texto definitivo, pero los cambios introducidos a instancias de Economa reflejan el creciente peso de Carlos Cuerpo en el Gobierno. De perfil tcnico, el vicepresidente primero ha ido ganando protagonismo y, sin perder su condicin de independiente, se ha convertido en una baza electoral de Pedro Snchez para el 29-N, incluso antes de que el lder socialista delegara en l las competencias de Transportes tras la dimisin de scar Puente.

De la memoria se desprende tambin el silencio de la Oficina de Coordinacin y Calidad Normativa, bajo el paraguas de Moncloa. El rgano recibi el 31 de agosto la peticin de informe, pero nunca lo emiti, sin que se ofrezca explicacin alguna. Y eso pese a que el Gobierno ha tramitado la norma por la va de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad. El Gobierno justifica el acelern en la necesidad de anticiparse a una avalancha: los centros de datos acumulan ya 12 GW de permisos de acceso a la red, el triple de las estimaciones ms ambiciosas.

Uno de los efectos que ms temen en Transicin Ecolgica es que ese aluvin de demanda acabe encareciendo la luz para todos los consumidores. Segn la memoria, ni siquiera el nuevo real decreto impedir que parte de la carga de integrar a los data center, autnticos devoradores de energa, se reparta entre hogares y empresas. Al exigir que el 80% de cada hora de su consumo est cubierto por renovables, el impacto del 20% restante ser socializado y asumido por el resto de consumidores. Tecnolgicas y energticas sostienen, en cambio, que la llegada de los centros de datos abaratar los peajes del recibo al repartir los costes fijos del sistema entre ms usuarios.

Hacienda tambin aleg y pidi «revisar el impacto econmico y presupuestario por los costes de adaptacin de los proyectos pblicos ya iniciados».

Al exigir que el 80% de cada hora de su consumo est cubierto por renovables, el impacto del 20% restante «ser socializado y asumido por el resto de consumidores».