Un presunto soborno de un millón de dólares salpica la salida de Ulises Lara de la Fiscalía mexicana

Una columna del periodista Salvador García Soto vincula la renuncia del exfiscal con una disputa por el control de la aviación privada del Aeropuerto Internacional de Toluca.

La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR), anunciada en julio bajo el argumento de motivos personales, vuelve a situarse en el centro de una controversia. El exfuncionario, uno de los colaboradores más cercanos de la fiscal general, Ernestina Godoy, habría recibido un millón de dólares a cambio de intervenir en un procedimiento judicial relacionado con la operación de la aviación privada del Aeropuerto Internacional de Toluca, según publicó el periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras.

La acusación, sustentada por el columnista en fuentes anónimas de la FGR, no ha sido acreditada públicamente mediante documentos judiciales o una resolución de las autoridades. Sin embargo, introduce nuevos elementos en torno a una renuncia que sorprendió por la cercanía política y profesional entre Lara y Godoy.

El periodista Carlos Loret de Mola había señalado desde septiembre que la salida del exfiscal estaba relacionada con un supuesto acto de corrupción por un millón de dólares. García Soto añade ahora que el presunto pago estaría vinculado con un conflicto empresarial y jurídico por la explotación de la zona de aviación privada del aeropuerto mexiquense.

De acuerdo con la columna, el origen del caso se encuentra en un litigio sobre los derechos de operación de la aviación privada en Toluca. La Secretaría de Marina habría cuestionado un convenio celebrado entre los propietarios originales de los terrenos aeroportuarios y la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

En el conflicto participan empresas vinculadas con OAG, grupo que, según el relato periodístico, controla operaciones relevantes de aviación privada en esa terminal.

García Soto sostiene que, conforme avanzó la disputa, aumentaron las presiones sobre los actuales operadores. En ese contexto, Lara presuntamente habría solicitado un millón de dólares para favorecerlos en una causa penal abierta por la Fiscalía.

La publicación afirma que el dinero fue entregado y que la operación terminó por ser descubierta dentro de la institución. No obstante, el texto no presenta comprobantes del supuesto pago ni identifica públicamente a los funcionarios que habrían documentado la irregularidad.

El columnista también menciona a Bernardo Gómez, vinculado con Televisa e ICA, y a José Miguel Bejos, de Mota-Engil México, como empresarios interesados en una eventual nueva concesión de la operación aeroportuaria. Se trata de afirmaciones atribuidas a la publicación, no de hechos comprobados de manera independiente.

Lara abandonó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes después de aproximadamente seis meses en el cargo. Su nombramiento había reforzado la influencia de Ernestina Godoy dentro de la FGR, tras años de colaboración entre ambos en la Fiscalía de la Ciudad de México.

La versión difundida por García Soto sostiene que Godoy informó personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el supuesto soborno y que ambas habrían optado por separar al funcionario de su responsabilidad sin hacer públicas las acusaciones.

El señalamiento supone una acusación de especial gravedad: que las máximas autoridades del Ejecutivo y de la Fiscalía conocieron un posible delito y decidieron manejarlo como una salida administrativa.

Hasta el momento, la información consultada no permite confirmar que ese encuentro haya ocurrido en los términos descritos por el columnista ni que exista una investigación penal formal contra Lara por estos hechos.

La primera cuestión es si existe un expediente interno relacionado con el supuesto pago. La segunda, si las autoridades investigaron los señalamientos antes o después de la renuncia. Y la tercera, si se presentó alguna denuncia ante las instancias competentes.

La gravedad de la acusación exige distinguir entre los hechos documentados y las versiones de fuentes no identificadas. La renuncia de Lara es un hecho público; el supuesto soborno y el presunto encubrimiento siguen siendo señalamientos periodísticos pendientes de corroboración independiente.

El episodio coloca nuevamente bajo escrutinio a la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy. Una institución encargada de perseguir delitos enfrenta ahora preguntas sobre la conducta de uno de sus antiguos responsables y sobre las circunstancias en las que abandonó el cargo.

La respuesta de las autoridades será determinante para establecer si la salida de Ulises Lara fue únicamente una decisión personal o si estuvo relacionada con una irregularidad que ameritaba una investigación penal.

La disputa por el aeropuerto de Toluca De acuerdo con la columna, el origen del caso se encuentra en un litigio sobre los derechos de operación de la aviación privada en Toluca.

Una renuncia sin explicaciones Lara abandonó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes después de aproximadamente seis meses en el cargo.

Las preguntas para la Fiscalía Más allá de las versiones periodísticas, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno de la FGR y la transparencia en las salidas de sus altos funcionarios.