Un impago de seis millones a las distribuidoras pone a Holaluz al borde de la inhabilitación

El procedimiento de inhabilitación abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica a la comercializadora Holaluz-Clidom, publicado en el BOE el pasado sábado, responde a impagos de peajes y cargos por parte de esta compañía a las grandes distribuidoras eléctricas, que han llegado a sumar unos seis millones de euros. Esa deuda coloca a la empresa catalana, que prepara sus alegaciones, a las puertas de una posible extinción de su licencia para vender energía.

El pasado 8 de abril la distribuidora de Iberdrola (I-DE Redes Inteligentes) denunció ante el Ministerio para la Transición Ecológica el impago por parte de Holaluz de una deuda en concepto de peajes y cargos que ascendía a casi un millón de euros (986.085 euros). Así figura en el borrador de resolución de inhabilitación de la comercializadora que dirige Carlota Pi para vender electricidad elaborado por el ministerio, al que ha tenido acceso este diario.

Los peajes (que sirven para pagar el uso de las redes eléctricas) y los denominados cargos (que se destinan a financiar costes como la deuda eléctrica, subvenciones o determinadas renovables) son la parte fija de la factura de la luz que las comercializadoras cobran a sus clientes en el recibo. Estas tienen que trasvasar el importe cobrado a las distribuidoras que, a su vez, aunque no se lo hayan pagado, deben traspasar lo recaudado por peajes y cargos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo supervisor que se encarga de liquidar los gastos del sistema eléctrico. En dicha liquidación las distribuidoras tienen derecho a cobrar los peajes correspondientes a sus puntos de suministro. Pero si falla un eslabón de la cadena recaudadora, se pueden quedar sin cobrar.

Según el citado borrador, tres días después de aquella denuncia, el 11 de abril, el director general de Política Energética acordó iniciar actuaciones para conocer qué estaba ocurriendo con Holaluz, y determinar "la conveniencia o no" de iniciar un procedimiento de extinción del permiso para vender energía por parte de la comercializadora que dirige Carlota Pi, algo que el ministerio aprobó el pasado jueves y publicó en el BOE el sábado, según adelantó EL PAÍS.

Pero la denuncia de Iberdrola no fue ni la única ni su deuda la más elevada. Ya el 27 de abril, la distribuidora de Endesa (E-distribución Redes Digitales) envió su propio escrito al ministerio en el que denunciaba que Holaluz mantenía una deuda global por peajes y cargos con ella de 2,367 millones de euros.

Pocos días después, la compañía catalana respondió que todas estas cuantías constaban "debidamente abonadas", aportó una relación de pagos (y sus justificantes) realizados a Iberdrola este año y pidió el archivo de las actuaciones.

Tras solicitar información actualizada a Endesa e Iberdrola, que son las dos mayores distribuidoras españolas, aparece en escena la distribuidora de Naturgy (UFD Distribución Eléctrica), tercera del sector. Esta comunica también al ministerio que es también acreedora de una deuda de Holaluz por peajes y cargos de casi un millón de euros (951.670 euros).

Ya el 20 de mayo, Iberdrola y Endesa detallan, en respuesta al requerimiento de Transición, que la deuda de Holaluz seguía casi en los mismos niveles de abril: 1,061 y 2,674 millones de euros, respectivamente, y aportan los burofaxes enviados para reclamar la deuda. A finales de mayo, la situación se había agravado hasta el punto de que, según el borrador de resolución del ministerio, Endesa era ya acreedora de 4,2 millones de euros y Naturgy de 1,153 millones.

Entre medias se sucedieron varios escritos de la comercializadora catalana en la que se mostraba dispuesta a colaborar y aseguraba que, a 29 de mayo, se encontraba al corriente de pago con Iberdrola y Naturgy y que trabajaba con Endesa en "un acuerdo marco de colaboración técnica y económica" para poder regularizar las remesas. Holaluz aludió entonces a que su "situación de liquidez" se había visto "severamente tensionada por un incremento sin precedentes de los costes regulados y de ajuste del sistema", en alusión al coste de la operación reforzada de Red Eléctrica tras el apagón. También hace referencia a los cambios fiscales de la factura (la bajada del IVA de la luz) aprobados por el Gobierno en marzo.

Aunque la deuda de Naturgy bajó hasta los 261.000 euros (a 15 de junio), la de Endesa, que es su principal distribuidora, pues su zona de distribución es Cataluña, donde se concentra el negocio de Holaluz, aún superaba los tres millones de euros (3,071 millones) al comenzar julio. Es a partir de ese momento cuando el ministerio opta por iniciar el procedimiento de inhabilitación durante un año (como marca la normativa) para el que Holaluz está preparando en estos momentos alegaciones con su equipo jurídico.

Según el documento del ministerio, el acuerdo del pasado jueves, que incluye medidas cautelares como la prohibición de firmar nuevos contratos, de hacer ofertas o el acceso a datos de la CNMC, le fue notificado a Holaluz, a REE, el operador del mercado (Omie), así como a las distribuidoras y las comercializadoras de referencia (COR). A estas compañías, que suministran a los usuarios domésticos con la tarifa regulada (PVPC), se traspasarían los clientes de Holaluz en el hipotético caso de que sea inhabilitada. Además, el procedimiento requiere de un informe de la CNMC.

El reciente endurecimiento de las medidas contra las comercializadoras eléctricas que incumplen con sus obligaciones de pago proviene del Reglamento general de suministro de la Unión Europea, que el Gobierno transpuso el pasado 11 de febrero en un real decreto ley que, en el apartado 4 de su artículo 14, establece, para acreditar la capacidad económica de estas compañías "el pago de los peajes de acceso a la red y los cargos". Estos deben desembolsarse en los 20 días posteriores a la facturación al cliente.

Fuentes próximas a Holaluz aseguran que, tanto con Endesa como con Naturgy, ha llegado a un acuerdo de pago y que con Iberdrola la deuda más antigua es de solo 15 días y no supera los 500.000 euros. La compañía, que cuenta con 250.000 contratos con miles de comunidades energéticas, y apenas representa el 1% del mercado, considera que el monopolio de las grandes eléctricas y su enorme poder no deja margen para competir en la comercialización de electricidad.

En el caso de inhabilitación, el ministerio debe publicar una resolución en el plazo de tres meses y la comercializadora estaría obligada a comunicar a sus clientes del cambio de suministrador y su traspaso a una COR. Por su parte, esta también debe informar a los citados clientes: por un parte a los pequeños, con menos de 10 kW de potencia contratada, que pueden ser suministrados con el PVPC y, por otro, a los de mayor potencia que deberán buscar otra comercializadora pues su permanencia en el PVPC les supondría un recargo del 20% en la factura.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre un impago de seis millones a las distribuidoras pone a Holaluz al borde de la inhabilitación y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.