UIF, FEMSA y herencias: los casos que definieron el inicio de año de la nueva SCJN

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó su primer periodo de sesiones de 2026 dejando una combinación de resoluciones polémicas, divisiones internas y criterios que podrían redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes .

Durante la primera mitad del año, el máximo tribunal concentró parte de sus esfuerzos en resolver más de 1,000 asuntos heredados por la anterior integración de la Corte , entre ellos litigios fiscales, administrativos y penales de alto impacto.

Al mismo tiempo, la nueva conformación del Pleno dejó ver posturas divergentes entre los ministros y una tendencia que, de acuerdo con algunos análisis, ha favorecido al gobierno federal en asuntos relevantes.

Según el informe Nuevo Poder Judicial, primeros hallazgos de su desempeño , elaborado por Integralia, de los 196 asuntos resueltos por la nueva SCJN durante sus primeros cinco meses de operación, 132 tuvieron un sentido favorable al gobierno federal.

La SCJN resolvió asuntos de alto impacto como el a deudo fiscal de FEMSA , la validez de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias y la discusión sobre la posibilidad de reabrir sentencias firmes bajo la figura de la denominada "cosa juzgada fraudulenta".

La ministra Lenia Batres Guadarrama , quien se perfila para asumir la presidencia de la Suprema Corte en 2027 por un periodo de dos años, se ha convertido en una de las figuras más visibles y polémicas del nuevo tribunal.

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante la discusión del 3 de julio sobre el tratamiento fiscal de las afores heredadas , cuando la ministra expresó su respaldo a la posibilidad de gravar las herencias de manera general.

Creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado (…) Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo", sostuvo durante la sesión.

Posteriormente, Batres defendió públicamente esa postura en distintos espacios, lo que generó críticas de diversos sectores e incluso un deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , quien manifestó su desacuerdo con la propuesta.

El posicionamiento también provocó la respuesta del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García , ponente del asunto, quien explicó públicamente que el criterio discutido por la Corte no implicaba establecer un nuevo impuesto a las herencias.

Las diferencias entre Batres y algunos integrantes del Pleno también se han reflejado en otras discusiones. En semanas recientes, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía cuestionó la exclusión de criterios previos en proyectos elaborados por la ministra y criticó que algunas de sus observaciones no fueran incorporadas en los engroses de diversas resoluciones.

Otro de los asuntos que generó mayor atención fue el relacionado con el a deudo fiscal de FEMSA por 2,868 millones de pesos , correspondiente al ejercicio de 2011.

La ministra Batres impulsó en dos ocasiones que el máximo tribunal atrajera el caso, pese a que previamente había señalado que los ministros ya no debían convertirse en "pescadores de asuntos fiscales" .

Sin embargo, la propuesta no obtuvo respaldo del resto de los integrantes del Pleno y la Corte terminó por dejar firme la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) , que previamente había anulado el crédito fiscal.

Durante la discusión, Batres planteó la posibilidad de aplicar un criterio más reciente de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para permitir que la autoridad pudiera impugnar este tipo de resoluciones debido a su monto económico.

No obstante, el ministro Giovanni Figueroa sostuvo que dicho criterio no podía aplicarse de manera retroactiv a, por lo que debía prevalecer la legislación vigente al momento en que se originó el litigio.

Una de las resoluciones de mayor impacto económico y financiero aprobada durante este periodo fue la validación de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial o de una solicitud previa de un organismo extranjero.