UIF bloquea a 40 personas y empresas por operaciones vinculadas con proveedores del INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó este miércoles que incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar movimientos financieros que ameritan la revisión de las autoridades competentes.

Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.

La UIF precisó que el bloqueo constituye una medida administrativa de carácter preventivo y que no representa una determinación definitiva sobre la responsabilidad de las personas o empresas involucradas.

Sin embargo, la dependencia no reveló sus identidades ni confirmó si todas están directamente relacionadas con los contratos del INE que actualmente se encuentran bajo investigación.

La decisión de la UIF se produce en medio de la controversia por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del organismo electoral, un caso que provocó una crisis interna y derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.

Las versiones difundidas sobre el caso apuntan a una posible red de empresas que habría simulado competencia en procesos de adjudicación y triangulado recursos. Ante estos señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación formal para revisar posibles conflictos de interés, prácticas de colusión y uso indebido de recursos públicos.

La crisis también provocó cambios en la estructura directiva del organismo. Después de la salida de Taddei, el Consejo General designó provisionalmente a Blanca Cruz García para encabezar la institución.

A este movimiento se sumaron otras salidas de funcionarios vinculados con la administración anterior. Hasta ahora, al menos 30 servidores públicos han dejado sus cargos, ya sea mediante renuncias voluntarias o destituciones relacionadas con las investigaciones internas.

La controversia ocurre mientras el INE se prepara para el proceso electoral federal 2026-2027, en el que México renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y diversos cargos locales.

En este contexto, las investigaciones sobre los proveedores y sus operaciones financieras añaden presión sobre el organismo, que deberá atender los señalamientos y garantizar la organización de los próximos comicios.

Por ahora, el bloqueo anunciado por la UIF y la denuncia presentada ante la FGR abren una nueva etapa en las pesquisas. Las autoridades deberán determinar si las operaciones financieras detectadas están relacionadas con las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales y si existen responsabilidades administrativas o penales.

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