Transparencia obliga a Cuerpo a difundir el informe de la Abogacía del Estado con el que justificó el boicot a la opa de BBVA por Banco Sabadell

Responde as a la reclamacin de un tercero que pide conocer el anlisis en el que se bas el Gobierno para endurecer las condiciones de la operacin ms all de las que estableci la CNMC

A punto de cumplirse un ao del fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell, el papel del Gobierno en esa operacin sigue estando en cuestin y bajo la lupa. El boicot de Moncloa fue clave para el desenlace y no slo levant suspicacias en Bruselas, donde la Comisin abri un expediente al Ejecutivo de Pedro Snchez, sino que tambin ha provocado que otros agentes del mercado pidan luz y taqugrafo sobre el procedimiento. Entre otras acciones, el Consejo de Ministros aprob una serie de medidas que endurecan las condiciones que haba puesto previamente Competencia para dar luz verde a la adquisicin amparndose en un informe de la Abogaca del Estado para el Ministerio de Economa que dirige Carlos Cuerpo ; ahora, el Consejo de Transparencia le obliga a hacerlo pblico para conocer los argumentos con los que su departamento estuvo capacitado para imponer a la operacin condiciones distintas a la materia de competencia.

La resolucin responde as a un recurso presentado por un demandante cuya identidad "no tiene la condicin de interesado", segn el documento. Dicho reclamante solicit a Ministerio del vicepresidente acceder al informe de la Abogaca del Estado relacionado con la capacidad del Consejo de Ministros para imponer condiciones en la operacin. El departamento liderado por Cuerpo deneg el acceso, argumentando que la Ley de Defensa de la Competencia establece un rgimen especfico de confidencialidad para este tipo de expedientes; el solicitante recurri la denegacin y ahora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo avala y ordena a Economa proporcionar el informe solicitado, salvo las partes que puedan ser confidenciales y cuya exclusin debe estar debidamente justificada.

Entre otras cosas, Transparencia seala que el Ministerio no justific que el informe tuviera carcter confidencial ni form una pieza separada como exige la ley; tambin expone que la Ley de Defensa de la Competencia establece un rgimen especfico de confidencialidad, pero no absoluto ni extensivo a toda la documentacin. "Partiendo de que la aplicacin de los lmites deber ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de la proteccin, as como atender a las circunstancias concretas de cada caso, este Consejo considera que no se ha justificado de forma suficiente la concurrencia de los lmites previstos en las letras f) y h) del artculo 14.1 LTAIBG, por lo que no puede fundamentarse en ellos la denegacin del acceso a la informacin solicitada", explica el organismo. Aade adems que el deber de secreto del artculo 43 de la Ley de Defensa de la Competencia es para empleados pblicos y no limita el derecho de acceso a terceros y da un plazo de diez das al Ministerio para entregar el informe requerido al solicitante, justificando cualquier parte que excluya por confidencialidad.

De esta forma, Moncloa tendr que desvelar casi doce meses despus algunos de los argumentos en los que se bas su inslita intervencin en la opa. Nunca antes hasta ese momento el Gobierno haba endurecido las condiciones impuestas por la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una operacin similar en ningn otro sector. El Ejecutivo autoriz la adquisicin, pero impidi los despidos y el cierre de sucursales y oblig a ambas entidades a mantener separadas la personalidad jurdica y el patrimonio durante tres aos, as como la autonoma en la gestin de su actividad, lo que en la prctica supona congelar durante al menos tres aos una fusin entre ellas y eliminar gran parte de los incentivos que BBVA y los accionistas interesados pudieran tener en su xito.

Los accionistas terminaron rechazando la oferta de Carlos Torres, que no lleg al mnimo del 30% que se haba marcado -la aceptacin se qued en el 25,33% de las acciones y del 25,47% de los derechos de voto-, pero la operacin ha marcado un antes y un despus en el panorama corporativo del pas. El Gobierno amenaz con el veto desde el lanzamiento oficial de la propuesta y sus condiciones lanzaron un claro mensaje al mercado de hasta qu punto el Ejecutivo est dispuesto a intervenir si lo considera oportuno.

La maniobra no slo no gust al mundo empresarial espaol, sino que gener malestar en Bruselas, que el pasado mes de junio ampli el expediente abierto al pas y le urgi a adaptar una directiva regional que marca la capacidad de margen del Gobierno en las grandes operaciones bancarias.