Trabajo rehará el proyecto contra la brecha salarial en las empresas tras el rechazo de los sindicatos a la primera propuesta

El Ministerio de Trabajo presentó el 1 de julio a los agentes sociales un proyecto de decreto para transponer la directiva europea de transparencia salarial. Es una mesa que empieza muy tarde, una vez cumplido el plazo que tenían los Estados para incorporar esos preceptos a sus normativas nacionales, y que arranca con mal pie para Trabajo. En la segunda reunión para abordar este asunto, celebrada este miércoles, los sindicatos han presentado un texto muy crítico con la propuesta del departamento de Yolanda Díaz, que ha respondido con la promesa de rehacer el proyecto.

Los representantes de los trabajadores consideran que el borrador actual se queda muy lejos de lo que impone la directiva, que obvia multitud de obligaciones dispuestas en esa norma europea e incluso discuten la fórmula elegida, al considerar que hay aspectos con rango de ley que deben ser modificados, según el texto que han entregado al ministerio y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Así, los sindicatos reclaman una norma que debería enfrentarse al Parlamento ( donde el Gobierno no tiene mayoría ), mientras que Trabajo planteaba un decreto que saldría adelante con la sola aprobación del Consejo de Ministros. El ministerio no precisa qué cambios hará, pero se compromete a elaborar una nueva propuesta para encontrar el apoyo de las centrales, con la perspectiva de que el respaldo patronal es casi imposible.

Los sindicatos subrayan que el texto de Trabajo "no aborda la modificación de aquellas materias que requieren de una norma con rango legal para poder ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico". "En consecuencia", lamentan UGT y CC OO, "se relega a un tiempo futuro, incierto e indeterminado, la trasposición completa de la directiva". Las centrales consideran que mediante la vía por decreto y con los contenidos propuestos "el Gobierno opta por incumplir las obligaciones del legislador europeo, pues la fecha máxima que tenían los Estados para llevar a cabo la transposición era el 7 de junio de 2026″. "No podemos compartir esta forma de proceder, máxime cuando el Gobierno ha tenido tres años desde la publicación de la directiva, para elaborar un proyecto normativo con rango adecuado para introducir las modificaciones legales y reglamentarias pertinentes", agregan.

Tras este posicionamiento crítico de partida, los sindicatos pasan a listar elementos que echan en falta en la propuesta de Trabajo. Por ejemplo, subrayan que la norma europea establece su aplicación para empleados privados y públicos, pero que el texto de Trabajo no articula cómo desarrollar la directiva para los segundos. También dicen que se deberían cambiar artículos del Estatuto de los Trabajadores , el 26 (que regula el salario) y el 28 (el de la igualdad retributiva por razón de sexo), y que el ministerio no plantea esta posibilidad.

Además, los sindicatos indican que la directiva reconoce el derecho de los candidatos a conocer antes de la contratación la retribución inicial o banda retributiva del puesto; prohíbe a la empresa indagar sobre el historial retributivo del candidato; y exige neutralidad de género en los anuncios de vacantes, pero que la propuesta de Trabajo no aborda ninguna de estas cuestiones. "La ausencia de regulación sobre la fase precontractual se trata de una laguna total, no de una insuficiencia parcial, que debilita notablemente la transposición de la directiva", agregan CC OO y UGT.

Asimismo, las centrales critican que se exima a las empresas con menos de 50 trabajadores de obligaciones relacionadas con la progresión retributiva: "Aunque se permita por la directiva, no estamos conformes y consideramos que esta exigencia no debe estar limitada al tamaño de la plantilla". Las centrales también se quejan de que no se articula un "mecanismo de transparencia y comparabilidad externa y pública", como exige la directiva; que no hay previsión para comparar los salarios en estructuras multiempresariales; y que no se refuerza el papel de la negociación colectiva.

Fuentes de Trabajo trasladan que estudiarán el texto de los sindicatos y que elaborarán una nueva propuesta para intentar atraerles al acuerdo. En la negociación también participan CEOE y Cepyme, que no firman un pacto con Trabajo desde hace más de dos años. Desde entonces el ministerio ha acordado con las centrales la reducción de jornada , rechazada por el Parlamento, y varios proyectos pendientes de desarrollo, como el refuerzo de la prevención de riesgos y la ampliación de los permisos por fallecimiento .

También ha acordado las últimas subidas del salario mínimo, que no exigen respaldo parlamentario, como tampoco lo necesita el refuerzo del registro horario prometido por Trabajo como plan B ante el fracaso del recorte de jornada. Los sindicatos han dicho que no volverán a pactar con el Gobierno si la reforma del control horario no se apruebe antes de agosto.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre trabajo rehará el proyecto contra la brecha salarial en las empresas tras el rechazo de los sindicatos a la primera propuesta y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.