Sumar presiona al Congreso y calcula que cinco millones de inquilinos se beneficiarán de la prórroga de dos años de alquiler

Sumar ha querido elevar la presión sobre los grupos parlamentarios que aún no han desvelado el sentido de su voto a los dos decretos de vivienda que se someterán al escrutinio de las Cortes este viernes. Para ello, ha dado a conocer el número estimado de hogares que se verían beneficiados por la prórroga automática de dos años a la que pueden acogerse los inquilinos con contratos que vencen antes del 31 de diciembre de 2028, una fórmula recogida en el gran decreto publicado este miércoles en el BOE. Según los cálculos que maneja la formación a través del Panel de Hogares, que deben tomarse como una previsión y no como una cifra cerrada, hay alrededor de 1,9 millones de contratos potenciales. Aplicando a ese volumen la media de 2,5 personas por hogar que utiliza el INE, el socio minoritario de Gobierno habla de un alcance próximo a los cinco millones de personas.

El paquete tendrá un coste fiscal para las arcas públicas de unos 2.000 millones de euros, según la Memoria Presupuestaria que acompaña al texto del real decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La medida más onerosa para Hacienda es la bonificación fiscal a los inquilinos, cifrada en unos 835 millones, aunque otras fuentes del Gobierno elevan la cantidad por encima de los 950 millones de euros.

La memoria refleja el impacto económico que tiene el decreto para las arcas del Estado. Sumar esgrime los cinco millones de beneficiarios como argumento ante los grupos parlamentarios de la mayoría de la investidura que todavía no han dicho qué votarán el viernes. Principalmente Junts, que se mostró "decepcionado y preocupado" por los textos, aunque sin desvelar el sentido de su voto, y Podemos, que criticó con dureza que el Gobierno haya aprobado dos decretos en vez de condensar todas las medidas en un solo paquete.

Sumar busca trasladar a la negociación parlamentaria la dimensión que, según sus propias previsiones, tendría una medida que permite mantener durante un máximo de dos años las condiciones del contrato vigente, en un contexto de precios al alza y de la mayor movilización social en torno a la vivienda que se recuerda en España.

Los cálculos de la formación sitúan en 751.166 los contratos que vencerían en 2026 y podrían acogerse a la prórroga, otros 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028, hasta rozar los 1,9 millones. Se trata, en todo caso, de una estimación elaborada a partir de los datos disponibles, por lo que resulta difícil anticipar con concreción cuántos hogares terminarán beneficiándose de la medida si esta prospera.

El impacto se concentraría especialmente en las comunidades con un mayor volumen de alquiler. Sumar calcula que en Madrid habría unos 402.000 contratos potencialmente prorrogables en todo el periodo y en Cataluña, alrededor de 339.000. Le siguen la Comunidad Valenciana, con unos 224.000, y Andalucía, con unos 263.000 contratos.

En el análisis económico que ha redactado el Ejecutivo también se contemplan dos partidas que tendrán un impacto negativo conjunto de 750 millones en el IRPF al cambiar el gravamen de la imputación de rentas inmobiliarias y elevar hasta el 80% la reducción por la prórroga de los contratos de alquiler. En el texto que acompaña el real decreto no se detalla, sin embargo, el impacto económico de otras bonificaciones a los caseros para abaratar los alquileres.

Por el lado de la recaudación, Hacienda prevé ingresar 170 millones anuales por la sujeción de los alquileres temporales a un IVA del 10% y otros 37 millones tras elevar la fiscalidad para los propietarios que suban la renta por encima de los límites de contención previstos en el texto.

La norma publicada este miércoles establece que la prórroga podrá solicitarse en los contratos de vivienda habitual vigentes cuya prórroga obligatoria o tácita termine antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino esté al corriente del pago y lo haya estado durante los ocho meses anteriores. La extensión se podrá solicitar por periodos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo las condiciones del contrato. El propietario deberá aceptarla, salvo determinadas excepciones, entre ellas que exista un acuerdo diferente entre las partes, se firme un nuevo contrato o concurra una necesidad real y acreditada del arrendador de ocupar la vivienda.

Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es.

Los datos que facilite serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S.L.U., (C/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid), con la finalidad de gestionar sus dudas y/o testimonios y elaborar contenido informativo. Podrá ejercer sus derechos reconocidos en materia de protección de datos a través de la dirección dpo@prisa.com acreditando su identidad e identificando el derecho que desea ejercitar. Para más información consulte la Política de Privacidad.