SAT vs Sedena: la batalla legal contra proveedores por presunta defraudación fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) , encabezado por Antonio Martínez Dagnino, mantiene una disputa jurídica con un grupo de empresas proveedoras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntas irregularidades fiscales.

De acuerdo con la información publicada por el director general de EL CEO, Mario Maldonado en su columna en el diario El Universal, los expedientes fiscales y judiciales señalan que las compañías están vinculadas al empresario Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero y obtuvieron contratos públicos por más de 4,000 millones de pesos durante la última década.

Las investigaciones derivaron en créditos fiscales, procesos penales y litigios administrativos que continúan abiertos, mientras las autoridades buscan acreditar un posible esquema de simulación de operaciones.

El caso surgió tras una serie de auditorías realizadas por el SAT a empresas como Nicela, Intman, Introm Textil, Operadora Safrat, Caroem Construcciones, Zagis, Industrial Gym, Hollond Textile Solutions y RAEG Textil.

Entre los procedimientos más relevantes figura el crédito fiscal por 98.1 millones de pesos impuesto a Nicela, relacionado con operaciones por alrededor de 130 millones cuya materialidad no habría sido acreditada.

Asimismo, Intman recibió un crédito fiscal por 95.7 millones de pesos derivado de observaciones sobre operaciones por aproximadamente 40 millones de pesos.

Aunque éstos son los créditos más relevantes, las demás empresas del grupo también enfrentan resoluciones fiscales por distintos montos", señaló Maldonado en su texto.

Las resoluciones fueron impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) , aunque varios recursos promovidos por las empresas no prosperaron.

En marzo de 2025, el juicio de nulidad promovido por Intman fue desestimado. Posteriormente, un tribunal colegiado negó un amparo solicitado por la compañía en abril de 2026.

En el caso de Nicela, el TFJA confirmó en octubre de 2024 el crédito fiscal determinado por la autoridad tributaria.

Estos antecedentes coinciden con las investigaciones penales que derivaron en la vinculación a proceso de Mario Alfonso Ortiz Romero, familiar de uno de los principales empresarios relacionados con el grupo.

No obstante, algunos recursos legales sí generaron resultados favorables para las compañías.

Mario Maldonado señala que en marzo pasado, un tribunal colegiado ordenó emitir una nueva resolución para reexaminar pruebas y argumentos presentados por diversas empresas involucradas en el litigio.

Sin embargo, recientemente, el 22 de junio de 2026, la Quinta Sala Regional Metropolitana del TFJA dejó sin efecto s observaciones fiscales por cerca de 50 millones de pesos.

La resolución consideró presuntas irregularidades procedimentales del SAT, particularmente en los requerimientos de documentación realizados durante las auditorías.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones sobre una presunta simulación de operaciones y posibles sobreprecios cercanos a 700 millones de pesos en contratos relacionados con el suministro de bienes para el Ejército.

Tanto las investigaciones penales como los procedimientos fiscales y administrativos continúan en curso, sin que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto", alertó Mario Maldonado.