SAT va por las finanzas de los sindicatos en 2027; nuevas obligaciones podrían llegar a la Ley del ISR

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incrementará la vigilancia fiscal sobre sindicatos y otras personas morales sin fines de lucro en 2027. La medida podría elevar sus costos administrativos y sentar las bases para incorporar estas obligaciones de manera permanente en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

En entrevista con EL CEO, Roberto Colín Mosqueda, coordinador de Redes Sociales de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México (CCPM), explicó que el artículo transitorio contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027, aprobada en la Cámara de Diputados, podría funcionar como un programa piloto para incorporar mayores mecanismos de fiscalización en el futuro.

(En un futuro corto) Podría implementarse. Hay disposiciones que se han dado en la Ley de Ingresos de manera transitoria y después se modifican las leyes, para que quede como una disposición de ley. Este podría ser el primer paso de mayores obligaciones para este tipo de organizaciones", señaló.

El programa de verificación y comprobación forma parte de un paquete de acciones impulsadas por el gobierno federal para combatir la evasión fiscal y el uso de facturas falsas. Para ello, los sindicatos y otras organizaciones deberán acreditar la materialidad de sus operaciones, así como el origen y destino de los recursos que administran.

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La vigilancia fiscal del SAT obligaría a los sindicatos y otras personas morales que tributan bajo el Título III de la Ley del ISR a reforzar sus controles internos y documentar sus operaciones. Esto implicaría destinar recursos adicionales al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Colín Mosqueda explicó que el impacto no sería uniforme, sino que dependería de cada sindicato. Las organizaciones más afectadas serían aquellas que actualmente carecen de controles suficientes para acreditar sus ingresos y gastos.

Toda la implementación de nuevos controles va a derivar en un costo adicional. Deberán llevar controles de ingresos, de cuotas sindicales que reciban, tanto del patrón como del trabajador; tendrán que llevar controles de los gastos que realizan para identificar que estén relacionados con la actividad del sindicato", destacó.

En ese sentido, el costo de implementar estos mecanismos dependerá, en buena medida, del tamaño de cada organización y del número de cuotas sindicales que reciba. Sin embargo, el especialista advirtió que mantener la documentación y los controles necesarios representará un gasto relevante para algunos sindicatos, partidos políticos y donatarias.

Seguramente los sindicatos tendrán que invertir recursos en la implementación de controles, y es que la documentación les permitirá demostrar la materialidad, la trazabilidad de las operaciones, y con ello dar esa transparencia a la autoridad de que sus operaciones son legítimas", agregó.

La medida también se enmarca en las metas de recaudación del gobierno federal. Para el Paquete Económico 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta ingresos totales por 10.6 billones de pesos, de los cuales entre 6.2 y 6.3 billones corresponderían a la recaudación tributaria.

El incumplimiento de las disposiciones fiscales podría tener consecuencias que van más allá de los costos administrativos. Uno de los riesgos, según Colín Mosqueda, es que el SAT determine que las actividades de una organización no corresponden al régimen bajo el cual tributa.

El Título III de la Ley del ISR regula a las personas morales con fines no lucrativos, mientras que el Título II establece el régimen aplicable a otras personas morales. Si la autoridad determina que una organización no cumple con las condiciones para tributar bajo el primero, podría exigirle el pago del ISR conforme al régimen que corresponda.

Esto podría derivar en la determinación de impuestos sobre ingresos que debieron recibir otro tratamiento fiscal, así como en créditos fiscales y multas. A su vez, estas sanciones podrían traducirse en mayores ingresos para las arcas del gobierno federal.

Otro riesgo está relacionado con la materialidad de las operaciones. Los sindicatos deberán contar con documentación suficiente para demostrar que sus transacciones son reales y que los recursos tienen un origen y un destino identificables.

Si no logran acreditar la legalidad de las operaciones, las organizaciones podrían enfrentar consecuencias adicionales, incluidas posibles implicaciones penales, dependiendo de las irregularidades detectadas.

Por ahora, el futuro de esta medida aún está en discusión en el Senado de la República. Si se aprueba, la nueva vigilancia fiscal no solo implicaría mayores exigencias para acreditar el uso de los recursos, sino que también podría abrir la puerta a obligaciones permanentes en la legislación tributaria.

Sindicatos enfrentarían mayores costos administrativos La vigilancia fiscal del SAT obligaría a los sindicatos y otras personas morales que tributan bajo el Título III de la Ley del ISR a reforzar sus controles internos y documentar sus operaciones.

SAT vería mayor recaudación La medida también se enmarca en las metas de recaudación del gobierno federal.

Sindicatos verían implicaciones penales Otro riesgo está relacionado con la materialidad de las operaciones.