¿Quién va a pagar el rescate económico de Colombia?

Colombia necesita un ajuste fiscal. En eso coinciden los expertos, incluso quienes se oponen frontalmente al gobierno actual de Abelardo de la Espriella. El viceministro de Hacienda del anterior gobierno de Gustavo Petro, Leonardo Pazos, admitía la semana pasada en una entrevista con Efe que en las cuentas públicas colombianas el "desbalance es estructural" entre los ingresos y los gastos, aunque no esté de acuerdo en cómo quiere hacer De la Espriella ese ajuste.

El Congreso colombiano aprobó in extremis el pasado 20 de octubre, el último día para hacerlo, los Presupuestos Generales de la Nación. Por error, se votaron dos borradores distintos del proyecto presupuestario en el Senado y en la Cámara de Representantes, por lo que el texto final tendría que haber sido conciliado entre ambas versiones. Pero como el plazo expiraba ese día, no pudo hacerse, así que el Gobierno lo expidió por decreto dos días después.

Antes de la aprobación de los presupuestos, De la Espriella anunció una Ley de Rescate Económico, destinada a reducir el déficit fiscal, cuyo proyecto de ley fue presentado el viernes 30 de octubre de 2026 por el vicepresidente, José Manuel Restrepo. Este dijo que se trataba de "salvar a Colombia de la quiebra" y acusó al gobierno anterior de haberles dejado una "bomba de tiempo fiscal".

Durante la campaña electoral, De la Espriella había anunciado recortes en el gasto público de hasta el 40 % para combatir el déficit, pero también había dicho que no subiría los impuestos. El propio Restrepo se contestaba a sí mismo en la revista Semana: "Algunos dirán, 'pero ustedes dijeron que no iba a haber más impuestos en su gobierno'; es cierto, pero nunca imaginamos que el Gobierno anterior fuera tan mentiroso y ocultara gastos". Y afirma que no hay "recursos suficientes para pagar salarios de funcionarios públicos, pensiones, salud, defensa ni siquiera los intereses de la deuda pública".

La deuda pública en Colombia supone el 62 % del PIB. No es mucho comparado con otros países. Sin embargo, el pago de la deuda es la partida más grande de los presupuestos. En los recién aprobados, se le destinan a este concepto unos 45.000 millones de dólares. Además, el país sigue endeudándose. La semana pasada el Gobierno colombiano emitió bonos por valor de más de cinco mil millones de dólares.

La teoría económica no ha llegado a un acuerdo en cuál es el límite para el endeudamiento público. Básicamente, un país puede endeudarse en la medida en que puede seguir endeudándose para pagar su deuda. Japón, por ejemplo, cuya deuda pública es dos veces su PIB, paga sus bonos a diez años a un interés del 2,77 %. Nadie parece pensar que Japón vaya a tener problemas para pagar sus deudas. Los emitidos por Colombia la semana pasada a ese plazo tenían un interés del 7,65 %, lo cual indica que ahí sí surgen más dudas.

"Uno no puede comparar el tamaño de la deuda pública de un gobierno en América Latina con el de un gobierno en otras partes del mundo", afirma Marc Hofstetter, profesor de Economía en la Universidad de los Andes. "Los japoneses tienen una deuda sobre porcentaje del PIB de más del 200 % y logran hacer eso sostenible, nosotros no. Nosotros, con una deuda de más del 60 % que tenemos en este instante, el mercado financiero nos demanda tasas de interés locales [en pesos] del 15 %", explica. "No hay manera de hacer sostenible una deuda con tasas de interés de de ese estilo", añade.

"Lo otro que hay que considerar en ese cálculo es el tamaño propio del Estado: los franceses tienen un Estado que representa más del 50 % de la economía, el nuestro es un tercio de la economía", afirma también Hofstetter. "La comparación del tamaño de la deuda debe incorporar este elemento también". No obstante, si en el caso de Japón el país disfruta de una posición fiscal holgada con un déficit anual del 4 %, las cuentas públicas de Francia atraviesan serios problemas. ¿Y en Colombia, es tan dramática la situación?

"No sé si la palabra apropiada es 'rescate' o no, pero quedarse cruzados de brazos y simplemente seguir a velocidad de crucero y no hacer nada, sencillamente, ya no es una opción", resume Marc Hofstetter. "El Gobierno propone una combinación de recorte en el gasto público con más impuestos". Ambas cuestiones han sido criticadas por la oposición, hasta el punto de convocar una protesta el día 24 de noviembre contra los presupuestos generales y agitar el fantasma de una huelga general.

Por el lado de los recortes, la oposición cuestiona los que se darían en educación, programas sociales y presupuesto para la administración de Justicia en relación al proceso de paz. En cuanto a las subidas de impuestos, que inicialmente afectarían únicamente a las rentas más altas, se ha criticado también la supresión de las tarifas reducidas en el impuesto sobre el valor añadido.

"Es cierto que hay un incremento en el IVA para muchos bienes que tenían tarifas de 0 % o del 5 % y pasarían al 19 %, aunque si uno es justo con lo que está proponiendo el Gobierno, el proyecto tiene presupuestado una devolución de ese IVA a los sectores menos favorecidos", explica Hofstetter. Es decir, del IVA, que normalmente no es un impuesto progresivo y que grava a todos por igual, serían eximidos totalmente el 30% con rentas más bajas. "Eso son 19 millones de personas: en términos distributivos, si uno quiere tomar el argumento de la izquierda, aquí es un mal argumento, porque a esa gente le van a devolver la totalidad".

El gobierno de Gustavo Petro renunció a su línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero, si se busca financiación, es una ayuda ineludible. "Hay una conversación en marcha con el FMI, aunque no hay detalles sobre el tamaño del préstamo que pediría el Gobierno, se habla de entre 5.000 hasta 16.000 millones de dólares", continúa Hofstetter. "Efectivamente, vendría muy bien, primero, por completar el financiamiento a tasas de interés más bajas, algo que nunca sobra; y segundo, porque son más ojos sobre las ideas de cómo ajustar las finanzas públicas y, en eso, el fondo tiene una enorme experiencia".

Leonardo Pazos no es tan optimista. Cree que el Gobierno ha buscado desde el primer momento al FMI para poder endosarle lo "más impopular" de las reformas que pretendía desde el primer momento emprender. Para el exviceministro colombiano de Hacienda, el actual Ejecutivo busca un cambio de "enfoque" en la economía.

En su opinión, el objetivo no se trata tanto de una reactivación de la economía y del empleo, como de una reorientación hacia el extractivismo para que una minoría empresarial con socios extranjeros, principalmente estadounidenses, se lucre exportando "petróleo, carbón, minerales raros". De hecho, para potenciar la inversión, el plan de rescate económico prevé también reducir el impuesto de sociedades.

Pazos no cree que el Gobierno pueda lograr su promesa de que la economía colombiana crezca al 6 %, como ha prometido, convencido de que "el compromiso de ellos es otro" porque "están haciendo un trabajo paralelo". Para Hofstetter, sin embargo, las medidas podrían hacer que para 2030 los números cuadren y "el ajuste sea del tamaño que requiere la economía colombiana para ser sostenibles".