¿Qué inversiones extranjeras revisará México por seguridad nacional? Esto propone la reforma

La reforma a la Ley de Inversión Extranjera que aprobó el Senado no significa que todas las inversiones extranjeras en México tendrán que pasar por un nuevo filtro de seguridad. El cambio se concentra en determinadas operaciones que puedan involucrar sectores estratégicos y representar riesgos para la seguridad nacional.

El Senado aprobó el dictamen el 30 de septiembre con 65 votos a favor y 30 en contra en lo general. En lo particular, la votación fue de 65 votos a favor y 28 en contra. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, por lo que todavía falta que San Lázaro la discuta y, en su caso, la apruebe para que pueda continuar su proceso hasta convertirse en ley.

El punto central es crear un mecanismo específico para revisar determinadas adquisiciones realizadas por inversionistas extranjeros cuando puedan comprometer la seguridad nacional.

La propuesta establece un nuevo régimen de escrutinio de seguridad nacional para operaciones que impliquen una participación extranjera superior a 49% de una empresa mexicana y que, además, superen el monto que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

El mecanismo se enfocaría en actividades consideradas estratégicas, entre ellas:

Actividades relacionadas con el acceso o control de información sensible.

La propia CNIE podrá determinar otras actividades análogas que deban someterse al procedimiento.

Esto significa que superar el 49% de participación extranjera no implicaría automáticamente que una operación sea rechazada. El porcentaje funciona como uno de los elementos que pueden activar el nuevo procedimiento cuando también se cumplan las demás condiciones previstas en la reforma.

La reforma amplía la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que actualmente es un órgano de naturaleza económica y está integrada por distintas dependencias federales.

El dictamen incorpora con voz y voto a las personas titulares de:

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Con ello, las autoridades responsables de seguridad y defensa tendrán participación directa en las decisiones de la Comisión relacionadas con las inversiones sujetas al nuevo régimen.

Además, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional participarán como invitados permanentes, con voz pero sin voto, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El nuevo procedimiento no contempla únicamente una decisión de "sí" o "no".

Autorizar la adquisición cuando determine que no existen riesgos para la seguridad nacional.

Autorizarla con medidas de mitigación, es decir, imponer condiciones para reducir los riesgos identificados.

Impedir la operación cuando determine que existen razones de seguridad nacional para hacerlo.

Además, los integrantes de la Comisión no podrán abstenerse de votar cuando se trate de asuntos de seguridad nacional y las decisiones se tomarán por mayoría.

El procedimiento establece un plazo de resolución que fue reducido por las comisiones del Senado de 60 a 45 días hábiles. Ese plazo puede verse afectado por solicitudes de información y otros supuestos previstos en la legislación.

¿Esto significa que México cerrará la puerta a la inversión extranjera?

No. El objetivo declarado de la reforma es elevar el escrutinio de determinadas operaciones, no establecer una prohibición general a la inversión extranjera.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, defendió que la incorporación de las autoridades de seguridad no implica una militarización de la economía y sostuvo que la reforma busca proteger la soberanía y la estabilidad del Estado sin impedir la llegada de capital internacional.

La oposición planteó una lectura distinta. El PAN sostuvo que incorporar a las Fuerzas Armadas con voz y voto puede generar incertidumbre jurídica para los inversionistas y afectar la capacidad de México para atraer capital.

Por eso, el debate de fondo no es solamente sobre seguridad nacional. También está relacionado con qué tan predecibles serán las reglas para una empresa extranjera que quiera adquirir una participación de control en una compañía mexicana.

Entre otras medidas, contempla multas para quienes transmitan participaciones accionarias pese a una negativa de autorización o sin contar con una resolución favorable, así como para quienes incumplan las medidas de mitigación impuestas por la Comisión.

Incluso se incorpora la posibilidad de ordenar una desinversión. En esos casos, el inversionista extranjero tendría un plazo de 90 días hábiles para desincorporar los activos adquiridos, con posibilidad de una prórroga por un periodo igual.

Este es uno de los puntos que conviene tener presentes varios días después de la aprobación del Senado.

La reforma todavía debe pasar por la Cámara de Diputados. La minuta fue enviada a San Lázaro el 30 de septiembre y forma parte de los asuntos que esa Cámara tiene pendientes de revisar.

Además, el propio dictamen establece que, una vez que las nuevas disposiciones entren en vigor, la Comisión tendrá 180 días naturales para emitir una resolución general que determine el monto a partir del cual se activará el nuevo procedimiento de escrutinio de seguridad nacional.

Es decir, todavía falta conocer uno de los parámetros prácticos más importantes: el umbral económico que determinará qué operaciones, además de cumplir con los demás requisitos, deberán someterse al nuevo escrutinio.

El cambio puede ser relevante especialmente para compañías extranjeras interesadas en adquirir participaciones de control en empresas mexicanas que operen en áreas consideradas estratégicas.

Hasta ahora, la discusión sobre una adquisición podía concentrarse principalmente en cuestiones económicas, regulatorias y de competencia. Con el nuevo régimen, determinadas operaciones podrán ser analizadas también desde una perspectiva de seguridad nacional, con participación directa de las autoridades responsables de defensa, seguridad e inteligencia.

Por eso, el alcance real de la reforma dependerá no sólo de su aprobación definitiva, sino también de cómo la CNIE defina los montos, sectores y criterios que activarán el nuevo procedimiento.

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