Nuevas reglas antilavado de dinero: estas son las modificaciones y requerimientos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las reglas secundarias a la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en un esfuerzo por reforzar las regulaciones contra el lavado de dinero.

Las disposiciones, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), serán aplicadas a las más de 120,000 personas físicas y empresas inscritas en el padrón de actividades vulnerables.

De acuerdo con el documento, las modificaciones al marco regulatorio entrarán en vigor el próximo 30 de noviembre, aunque su aplicación será gradual y los principales requerimientos comenzarán a exigirse a partir del 2027, mientras que las auditorías iniciarán en 2028.

Las nuevas reglas sustituyen un modelo uniforme por un enfoque basado en riesgos , ya que ahora las entidades deben de tener una metodología formal para evaluar, analizar y mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con la naturaleza y el nivel del riesgo de las operaciones.

Con base en este esquema, los sujetos deberán clasificarse de acuerdo con su nivel de exposición en categorías de riesgo bajo, medio y alto, para que después les puedan ser aplicadas medidas de control y seguimiento personalizadas.

Como parte de este enfoque, se incorporarán herramientas de monitoreo, auditorías, capacitación y certificación, además de prever una implementación gradual acompañada de lineamientos, criterios y mecanismos de orientación para facilitar su aplicación de acuerdo a cada caso.

En el caso de las auditorías de cumplimento, será obligatoria realizar una revisión anual por organismos internos o externos certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda.

Además, las nuevas reglas buscan reforzar las obligaciones para identificar quién controla la empresa o fideicomiso, además de las personas con las que realizan operaciones, para detectar posibles movimientos que representen un riesgo.

Para asegurar la identidad, se deberá integrar expedientes únicos de identificación de clientes y usuarios con información que deberá mantenerse actualizada, ser verificable y conservarse de manera segura durante un periodo mínimo de 10 años.

Sumado a ello, como parte de políticas internas más estrictas , se deberá contar con un Manual de Políticas Internas actualizado, monitoreo automatizado de operaciones y capacitación anual, junto con mecanismos automatizados que faciliten la identificación de operaciones inusuales, el seguimiento de transacciones y la generación de alertas tempranas.