Más reglas y más control para los bancos: Moncloa pone el foco en los créditos al consumo y las reclamaciones de los usuarios en el arranque de curso

El Ministerio de Economa retomar en septiembre la aprobacin de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que rechaza el sector, e impulsar la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos de crdito al consumo para otoo

El Gobierno arranca el curso con los bancos en el foco. Moncloa tiene previsto darle un nuevo impulso a dos proyectos que generan recelos en el sector: la Ley de contratos de crditos al consumo y la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero , dos figuras que llevan aos sobre la mesa y que ahora el Ministerio de Economa quiere convertir en realidad, aadiendo con ello ms presin regulatoria y ms control a la actividad de las entidades en su relacin con los clientes. Se espera un otoo caliente. Ninguna de las dos son nuevas, pero ahora Carlos Cuerpo quiere concluir lo que inici su antecesora y mentora, Nadia Calvio , y quiere hacerlo adems en un momento en el que el sector financiero europeo clama por una reduccin de la carga normativa para poder competir con ms agilidad frente a los gigantes estadounidenses.

La ley de contratos de crditos al consumo se encuentra en una fase ms avanzada. El Ejecutivo aprob el anteproyecto a inicios de ao y se baraja el mes de noviembre como una probable fecha para su entrada en vigor. Se trata de una reforma legal promovida desde Europa que busca limitar los tipos de inters a los que se concede la financiacin al consumo, precisamente en un momento en el que los bancos estn apostando por este segmento como una de sus lneas de negocio con ms potencial. En el mes de junio, coinicidiendo con la preparacin de las vacaciones de las familias, el saldo vivo de este tipo de crditos aument en 2.270 millones de euros, un 5,3% ms que el mes precedente, segn los ltimos datos disponibles del Banco de Espaa.

La norma aspira a ser eficaz frente al aumento exponencial de los microcrditos y las tarjetas revolving que no slo los bancos, sino sobre todo otro tipo de entidades financieras de crdito, han promovido con alegra y prcticas rayanas en la usura en los ltimos aos.

Tal vez por eso, el sector bancario cree que la ley puede ayudar a distinguir entre unos acreedores y otros y subraya "la importancia de que se haya incluido la reserva de actividad, que implica que ninguna persona fsica o jurdica podr desarrollar con carcter profesional las actividades de concesin de crditos bajo el mbito de aplicacin de la ley sin haber obtenido la preceptiva autorizacin y hallarse inscrita, en su caso, en los correspondientes registros administrativos. Esto conlleva una mayor proteccin al consumidor e iguala el tratamiento de todo aquel que concede crdito al consumo, lo que hasta ahora no ocurra, y favoreca el crdito usurario sin limitacin de intereses", apuntan desde la Asociacin Espaola de Banca (AEB) , patronal que rene a los mayores bancos del pas.

En este sentido, la AEB defiende que el sector siempre ha evaluado de manera rigurosa la capacidad de pago del consumidor y que desde hace tiempo cuenta con "polticas y procedimientos para facilitar la renegociacin" de los usuarios en apuros.

Sin embargo, entre los consumidores hay un sabor agridulce. Desde organizaciones como la Asociacin de Usuarios Financieros (Asufin) , celebran la trasposicin para igualarnos a otros pases europeos, pero advierten de que "nos estn marcando un gol" al implementar el reglamento que desarrolla la ley. "Los bancos estn consiguiendo que el Banco de Espaa ya no distinga entre el crdito al consumo, el minicrdito o los crditos en internet que dan otro tipo de entidades. El riesgo que vemos en el reglamento es que tampoco distingue, marca un solo lmite y ese lmite se toma por arriba, es decir, considerando los tipos mximos de las tarjetas revolving, que estn al 18% o 20%. Si t vas al banco a pedir un crdito personal, que normalmente est entre el 6% y el 8%, y te lo venden al 14%, ya no vamos a poder decir que estn por encima del lmite aprobado. Dicho de otra forma, estn permitiendo una subida masiva de los crditos al consumo", advierte Patricia Surez, presidenta de la organizacin.

El otro objetivo regulatorio que pretende abordar Carlos Cuerpo en septiembre es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Su creacin se plante por primera vez en 2022, con Calvio al frente de Economa, sin embargo, nunca desde entonces ha llegado a concretarse y la polmica ha rodeado todo su periplo parlamentario. Solo en una ocasin ha estado a punto de salir adelante en la anterior legislatura, pero decay por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023. El Gobierno guard el proyecto en el cajn y ah ha permanecido pese a las reclamaciones de las organizaciones de usuarios que consideran que es un instrumento fundamental para atender las demandas de los clientes y reducir la litigiosidad judicial en los casos de mala praxis financiera.

El organismo unificar las reclamaciones que antes gestionaban por separado el Banco de Espaa, la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Direccin General de Seguros y, segn defiende Economa, "resolver los conflictos, quejas y reclamaciones en un plazo mximo de 90 das, de forma gratuita y sin necesidad de recurrir a los tribunales" cuando se trate de reclamaciones inferiores a los 20.000 euros.

El sector bancario ha mostrado su rechazo al proyecto desde el inicio al considerar que la Autoridad aade complejidad a su actividad diaria y abre un foco de litigiosidad aadido. Tampoco avala que tengan que financiarla con sus recursos, aunque en este aspecto consiguieron eliminar la propuesta inicial de tener que pagar 250 euros por cada reclamacin recibida .

Desde la AEB aseguran que "el sistema funciona" y que la iniciativa choca con la tendencia a la simplificacin regulatoria que trata de impulsar la UE. "En un momento en el que Europa busca simplificar y ganar eficiencia en la regulacin bancaria para ganar en competitividad, un organismo ms supondra un conflicto con esta tendencia", responden a este diario.

En esta lnea insiste tambin CECA , la otra gran patronal del sector, que indica que "en un momento en el que Europa est insistiendo en la necesidad de reducir cargas, simplificar marcos normativos y ganar competitividad, debemos ser especialmente cuidadosos con cualquier iniciativa que pueda aadir costes, duplicidades o complejidad administrativa".

Para Asufin, la Autoridad facilitara muchsimo al consumidor encontrar la va de reclamacin frente a la "atomizacin actual", si bien advierte de que para que funcione tiene que estar "bien dotada presupuestariamente".