Los tics del dinero negro aún manchan el ladrillo: "Hagamos parte de la compra del piso en efectivo. 20.000 euros o 30.000, lo que veamos"

Los pagos en B se han reducido drásticamente desde la burbuja inmobiliaria, pero en el mercado todavía perduran prácticas que buscan evadir impuestos
El dinero negro no ha desaparecido por completo del mercado inmobiliario español, aunque ya no es un compañero de viaje tan habitual como en los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Algunos compradores siguen encontrándose con propuestas para abonar una parte del precio de la vivienda fuera de escritura y así evadir impuestos, una práctica que denuncia Ana Marcos, que vive de alquiler en Madrid y lleva años buscando vivienda para comprar. En todo este tiempo, no solo ha sido testigo de cómo los precios escalaban sin descanso, sino también de algunas distorsiones del mercado. Una de las últimas se produjo a comienzos de año, cuando visitó una vivienda en el barrio de Pacífico de la mano de un intermediario —que se identificó como agente inmobiliario independiente— que le explicó que había margen para negociar el precio siempre que una parte de la operación se realizara en efectivo. Cuando Marcos le preguntó de qué cantidad hablaba, la respuesta fue clara: "20.000, 30.000, lo que veamos". La justificación, recuerda, era que habría "beneficios fiscales para las dos partes". La compraventa nunca llegó a materializarse, pero la táctica no parece ser un episodio aislado. Tras comentarlo con varias amigas que también buscan casa, dos de ellas le aseguraron haber recibido propuestas similares para abonar una parte del precio fuera de escritura.
"El dinero negro es como las meigas, haberlas, haylas, pero luego nadie las ha visto. Y en todos los sectores diría", resume José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). En sus 23 años de trayectoria profesional en el sector asegura haber oído y visto prácticamente de todo, pero sostiene que los controles normativos y fiscales han reducido drásticamente estas prácticas en el sector. "En los últimos 15 años, cuando interviene un profesional inmobiliario, es muy difícil que se dé". En cambio, pone el foco en "una estirpe de mal llamados intermediarios que se sacan un ingreso extra haciendo este tipo de cosas". También en las operaciones entre particulares: "Es cada vez más frecuente que lo pidan los propios clientes". Lo atribuye, en parte, a los incentivos fiscales: mientras una empresa puede deducirse o compensar el IVA, un particular asume íntegramente el coste. Por esto, "una rebaja del IVA en algunas actividades de servicios contribuiría a reducir la economía sumergida".
En cualquier caso, una cosa es intentar cobrar una parte del precio bajo cuerda y otra muy distinta es lograrlo. La Agencia Tributaria mantiene la vigilancia sobre el sector inmobiliario. El pasado junio llevó a cabo una operación coordinada en agencias inmobiliarias de toda España para recabar información sobre posibles irregularidades en las transacciones: desde cuestiones societarias hasta problemas de valoración, alquileres turísticos, intermediación o pagos en negro. Según fuentes del organismo, que insisten en que no es posible cuantificar los pagos ocultos en la vivienda, la actuación se encuentra todavía en una fase preliminar y sus resultados tardarán meses e incluso años en conocerse. Además, Hacienda explica que la detección de irregularidades se apoya en el cruce de información procedente de distintas fuentes, que permite detectar inconsistencias entre lo declarado por los contribuyentes y los datos de los que dispone la Administración. Asimismo, las denuncias tributarias que recibe el organismo también constituyen una vía relevante para descubrir posibles fraudes.
Una de esas fuentes es el Consejo General del Notariado, que colabora con la Agencia Tributaria, las haciendas autonómicas y las autoridades de prevención del blanqueo de capitales mediante la información que remiten sobre las operaciones formalizadas. Los notarios, que niegan cualquier vinculación con este tipo de prácticas, subrayan que los controles actuales hacen mucho más difícil ocultar pagos en una compraventa. María Teresa Barea, portavoz de la institución, recuerda que cualquier operación de este tipo es "ilícita y ajena a la función notarial", y cualquier notario que tenga conocimiento de ella está obligado a denunciarla. Además, la ley exige identificar los medios de pago utilizados en la operación. "En cualquier escritura que tenga precio o contraprestación en dinero es obligado legalmente dejar constancia detallada de los medios de pago empleados, hasta el último céntimo de la operación".
A las organizaciones de consumidores como la OCU no suelen llegar consultas concretas sobre pagos en negro en compraventas, aunque justifican que podría deberse a que los afectados no suelen acudir a estos organismos para reclamar cuando el vendedor es un particular, razona. Aun así, la organización asegura haber recibido comentarios sobre viviendas protegidas en las que el vendedor exige cantidades adicionales fuera de escritura o recurre a contratos paralelos para encubrir el sobreprecio. Y, sobre todo, denuncias relativas a alquileres, donde proliferan cobros indebidos de honorarios de agencia que en algunos casos se presentan como servicios añadidos. "Pocas agencias se siguen arriesgando a solicitarlo en forma de servicios añadidos, aunque las hay y hemos denunciado los casos de los que teníamos constancia", indica.
Los episodios que siguen aflorando hoy tienen poco que ver, sin embargo, con la dimensión que alcanzó este fenómeno durante la burbuja inmobiliaria, a comienzos de los dos mil. Esta práctica fraudulenta estaba tan extendida que en julio de 2007 llegaron a circular en España 56.956 millones de euros en billetes de 500, según datos de GESTHA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, a partir de las estadísticas del Banco de España. En marzo de 2025 quedaban 3.157 millones en billetes de 500 en circulación. La magnitud del fenómeno era tal que Hacienda tuvo que actuar. En 2007, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió al Banco de España información sobre las retiradas masivas de billetes de alta denominación. La investigación detectó unas 2.000 operaciones vinculadas al uso de más de 1.000 billetes de 500 euros por operación. "Se corroboró la correlación entre la actividad inmobiliaria, principalmente de constructoras e inmobiliarias, y la utilización de billetes de 500", detalla José María Mollinedo, secretario general del sindicato.
Varios factores contribuyeron a la drástica reducción del dinero en B en la compra de vivienda. "El primero ha sido el control específico sobre los billetes de 500 euros. Después, los límites a los pagos en efectivo, primero de 2.500 euros y, posteriormente, de 1.000 euros. Más tarde, la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar de emitir billetes de 500 euros y, finalmente, la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de 2021, que ha reforzado el papel del valor de referencia de Catastro en numerosas operaciones tributarias", explica Mollinedo. También ha ayudado el endurecimiento de las condiciones de financiación. Hoy las hipotecas suelen limitarse al 80% del valor de compra o tasación. "Esto dificulta extraordinariamente que una persona destine decenas de miles de euros a un pago opaco que después no podrá justificar ante el banco", expone Mollinedo.



