Los sindicatos ultiman la fecha de la huelga general en noviembre entre críticas de la patronal y la derecha

Los representantes de los trabajadores irán en las primeras semanas de noviembre a la huelga general por la crisis de acceso a la vivienda que sufre España, empujados por la ola de indignación social desde el desahucio de Maricarmen. Pero, de momento, no han acordado el día concreto del paro. Este martes fue tema de discusión en una reunión del Sindicato de Inquilinas con las centrales con las que están más coordinadas desde el principio de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, como la anarquista CGT. En el encuentro, en el que también participaron CO.BAS o Solidaridad Obrera, no se definió oficialmente qué fecha concreta proponer, un día después de que CC OO y UGT, los dos grandes sindicatos del país, anunciasen que también pararán. Ese respaldo da más fuerza a una convocatoria que está condicionando la agenda política de España.

Distintas fuentes sindicales apuntan a la primera semana de noviembre (entre el 2 y el 6) como la opción más plausible, aunque también hay voces a favor de la semana siguiente, con los días 10 y 11 como los que más consenso despiertan. De prosperar alguna de esas fechas, la huelga se celebraría poco antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del día 29. La cercanía con esa cita ha despertado fuertes críticas de la patronal, de la derecha política y reproches de algunos sindicatos, como CSIF, USO o Fetico. Sin embargo, otros de clase y con importante implantación territorial, como el gallego CIG y los vascos LAB y ELA, anunciaron este martes que también respaldarán la huelga general. Es un apoyo clave para que el paro tome músculo en esos territorios.

La primera reacción del martes llegó desde la otra esquina del diálogo social, con un comunicado conjunto de CEOE y Cepyme. "La huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios este lunes, horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestaria en materia de vivienda", opinaron las patronales CEOE y Cepyme. Creen "que las reivindicaciones que han motivado este anuncio no son, en esencia, de naturaleza laboral", así que catalogan como "inadmisible" que "se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".

Precisamente ese aspecto, a quién interpela la indignación social que ha motivado esta huelga y contra quién se dirige, está siendo un tema de discusión. "La huelga general se convoca contra la oposición por derribar los decretos de vivienda", dijo este martes la vicesecretaria general del PSOE y coordinadora estratégica de la campaña socialista, María Jesús Montero. Sin tanta claridad, el presidente del Gobierno trasladó una idea parecida tras el Consejo de Ministros en que se han vuelto a aprobar esos decretos: "Va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional".

Los sindicatos mayoritarios están dejando claro en sus intervenciones que, en su opinión, la crisis de acceso a la vivienda es una asignatura a resolver, principalmente, por comunidades y ayuntamientos. "La responsabilidad [en materia de vivienda] está en el sitio donde está, en primer lugar en las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas", dijo este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Por su parte, Unai Sordo comentó este lunes: "Si en las elecciones generales lo que se dirime son políticas materiales, políticas que tengan que ver con los salarios, con los servicios públicos, con la vivienda, con la sostenibilidad ecológica del país, con el modelo energético, con el pleno empleo, creo que la izquierda tiene una oportunidad".

El PP ve en estas y otras intervenciones de los sindicatos mayoritarios un favor a Pedro Sánchez. El grupo de Alberto Núñez Feijóo cuestiona que los sindicatos hayan convocado precisamente en este momento, en el que ha comenzado ya la precampaña electoral con la mirada puesta en el 29-N. El presidente del Gobierno, según ha asegurado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, busca sacar "algún tipo de rédito político" de las manifestaciones y la crispación en la calle.

Vox va más allá. Considera que tras la convocatoria hay "unos sindicatos paniaguados del Gobierno, que no representan a los verdaderos trabajadores de España y que ahora han decidido echarse a la calle, con un Gobierno en funciones, después de haber convocado una huelga general por el desahucio de una señora con ocasión de una ley de Felipe González". "Es la España distópica a la que nos han llevado", completó Pepa Millán, portavoz de la formación de ultraderecha en el Congreso. Vox cuenta con un sindicato propio, Solidaridad, que no consigue penetrar en las empresas españolas: a lo largo de 2025 firmó solo dos convenios de 1.017 negociados en España, frente a los más de 600 de cada uno de los sindicatos mayoritarios.

Tienen más participación en la negociación colectiva otros sindicatos que de momento tampoco respaldan la convocatoria. Es el caso de Fetico, normalmente con un enfoque alejado al de la izquierda y de los principales sindicatos de clase. "Mantenemos la preocupación ante la participación de los sindicatos en los procesos de elección de gobierno o que implican un posicionamiento político claro", dice esta central, acusada recientemente por CC OO de actuar como un "sindicato amarillo" en las elecciones sindicales en subcontratas de Glovo, acusación que Fetico rechaza.

Tampoco apoya el paro USO: "Pudiendo compartir parte de los argumentos respecto a la vivienda, como organización no podemos compartir la convocatoria y menos hacerlo el mismo día que se convocan las elecciones generales". Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF, que rechaza la huelga, coincide en que "la vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía" y sostiene que "las elecciones generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas". El ferroviario Semaf también se opone al paro: "Nosotros somos un sindicato gremial, apolítico e independiente".

La convocatoria sí recibió a lo largo de este martes el respaldo de sindicatos autonómicos de clase, con mucha presencia en las empresas de sus territorios. Es el caso de los vascos ELA y LAB. "Es el momento de aumentar la presión a favor de políticas redistributivas que beneficien a las y los trabajadores: contra el rentismo y la especulación y por unos salarios dignos", dice en un comunicado el Langile Abertzaleen Batzordeak (Comisiones de Obreros Abertzales en euskera).

El gallego CIG también pidió ir a la huelga por "el aumento insoportable de los precios que agrava el empobrecimiento de la clase trabajadora y a la falta de medidas gubernamentales para garantizar una vivienda digna". El también gallego CUT respaldará el paro con este lema: "No es solo la vivienda, es el sistema". El sindicato médico Amyts, el de enfermeras Satse y el de educación ANPE de momento no se han pronunciado.

Una línea discursiva que se ha apagado en las últimas horas es la de la presunta "ilegalidad" de la convocatoria, agitada inicialmente desde el ámbito patronal. La semana pasada, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dijo que no ve "dentro de la legalidad" una huelga general por la vivienda ya que "no está dentro de un conflicto laboral". Sin embargo, el comunicado de este martes de la organización que preside no incide en esta línea. Advierte que estudiará con atención la convocatoria formal de huelga cuando se produzca y que reaccionará en consecuencia, sin más precisión.

Los sindicatos rechazan que la huelga sea ilegal en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo: establece que las huelgas generales de carácter solo político son ilegales, pero si tienen una naturaleza mixta, de manera que se pueda interpretar una motivación o repercusión laboral, sí son legales. La huelga general del año pasado, convocada por CGT y apoyada con paros parciales de CC OO y UGT, se celebró pese a que el lema tenía aún menos adscripción laboral: se convocó en protesta por la masacre israelí en Gaza.

Las centrales vienen reivindicando la importancia del precio de la vivienda en el día a día de los trabajadores, hasta el punto de que ya reclaman que se tome en cuenta al negociar las subidas salariales, y no solo la inflación o los resultados de la empresa.