Los pisos turísticos reclaman 500 millones de euros al Estado por el fiasco judicial del registro único

La anulacin por parte del Tribunal Supremo del Real Decreto-ley sobre el registro de alquileres de corta duracin o pisos tursticos ha dejado tras de s mltiples prdidas millonarias a sus propietarios. As lo retrat la patronal del sector del alquiler temporal, Fevitur , que calcul que los daos patrimoniales, el lucro cesante y los gastos derivados de esta normativa alcanzan ya los 496 millones de euros .

Una cifra que llega a ms de dos meses de que el alto tribunal sentenciara que el Estado se excedi en sus competencias al imponer un modelo exhaustivo de control a travs de los Registros de Propiedad, cuando su potestad, segn afirm el ente, se limitaba a coordinar una ventanilla nica digital y unificar los datos estadsticos. Lejos de ordenar, la medida bloque la comercializacin de mltiples inmuebles y gener una colisin en su rol administrativo entre el Gobierno central y los autonmicos, que fueron quienes recurrieron a la medida, particularmente la Comunidad Valenciana.

Lo que en mayo se cifr en 160 millones de euros por la patronal, ayer su presidenta, Silvia Blasco , que representa a 526.000 viviendas de uso turstico y 350.000 alojamientos temporales , la actualiz a 500 millones de un total de 180.000 personas damnificadas que fueron encuestadas para este proceso.

Las razones de esta escalada monetaria, segn la patronal, se dan porque en la cifra previa no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el lucro cesante , que en concreto es el ingreso que una persona deja de percibir como consecuencia de un dao, un incumplimiento de contrato o un acto ilcito provocado por un tercero.

Un coste medio de los propietarios para obtener el nmero de registro turstico bajo este decreto que se sita en torno a los 33.000 euros . Explic Blasco en la jornada que llev a cabo el Consejo General del Notariado y del que participaron entidades como el Consejo de Estado .

El malestar del sector se agrava al constatar que el Ejecutivo central desoy las advertencias sobre la ilegalidad de su norma. Raquel Hurtado Soto , letrada del Consejo de Estado, record que este rgano ya haba avisado de que el decreto invada competencias autonmicas y resultaba contraproducente . Surge la duda si esta forma de actuar es la adecuada. Se aprob una norma que se advirti que podra tumbarse por invadir competencias. Gener ms inseguridad jurdica y result contraproducente, afirm, la letrada.

En un contexto en que miles de propietarios se vieron sometidos a procedimientos y costes, al verse obligados a solicitar el Nmero de Registro de Alquiler , a inscribir o inmatricular sus inmuebles o hacer declaraciones de obras nuevas. Las calificaciones han impulsado a los propietarios a ingresar recursos judiciales .

Hasta fines de mayo, el registro ha inscrito ms 340.000 viviendas desde su puesta en marcha; 258.000 pisos tursticos y 83.000 alquileres de temporada. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a cargo de Isabel Rodrguez , detect hasta 11.000 contratos de pisos o habitaciones tursticas ilegales por carecer de permisos gracias a la ventanilla.

A quin se le reclama? Los propietarios y gestores estamos ya francamente cansados de intentar tener garantas, que era el ahorro de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, afirm Blasco. Sin embargo, hoy no existen certezas acerca de qu futuro tendrn los propietarios que busquen obtener compensaciones por la nulidad de este decreto. Es ms, aunque desde la patronal de pisos tursticos afirman que ya hay acciones judiciales en marcha , todava no hay respuesta acerca de si se resolvern de manera satisfactoria.

A su vez, durante la jornada se mencion que el diseo del Gobierno convirti a los registradores de la propiedad en un cuello de botella para el acceso al mercado de miles de viviendas que ya estaban legalmente inscritas en los registros autonmicos. El abogado, Javier Valentn , representante de la Asociacin Canaria del Alquiler Vacacional Valentn, ha sealado que los registradores quisieron erigirse en una pseudoautoridad que decida sobre el derecho de los ciudadanos a comercializar sus inmuebles.

Tras reveses judiciales, el Gobierno busca conseguir modificar la regulacin del alquiler . El plan del Ejecutivo pasa esta vez por introducir cambios en contratos, impuestos y uso de las viviendas y, segn lo avanzado hasta ahora, se articular a travs de un Real Decreto-ley .

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre los pisos turísticos reclaman 500 millones de euros al Estado por el fiasco judicial del registro único y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.