Las rentas más altas acaparan tres cuartas partes de las ventajas fiscales al alquiler de vivienda

Los descuentos a los caseros en el IRPF cuestan a Hacienda unos 1.100 millones al año, de los que más de 800 millones van a parar al 10% más rico de la población
Las rentas más altas de España concentran la mayor parte de las rebajas fiscales que Hacienda concede a los propietarios que alquilan viviendas. El 10% de los contribuyentes con mayores ingresos del país acumulan el 73% de todo el ahorro fiscal asociado a la tradicional reducción del IRPF, que la normativa reserva únicamente a las casas que sirven de residencia habitual para el inquilino. Al otro lado, la mitad de los arrendadores con menos poder adquisitivo apenas reciben el 1% de la ventaja fiscal.
Los cálculos proceden de un estudio elaborado por Alfonso García, Francisco García-Rodríguez y Dmitry Petrov, investigadores en la Universidad de Alcalá, y al que ha tenido acceso este periódico. Los académicos utilizan los microdatos fiscales del Panel de Hogares de 2023, que combinan las declaraciones del IRPF con información del Catastro, y concluyen que este incentivo supuso, en total, una pérdida de recaudación estimada para Hacienda de 1.133 millones de euros en aquel año. De esa cantidad, 826,5 millones (el 73%) fueron a parar al 10% de propietarios que, entre alquileres, salarios, inversiones y otros ingresos, más dinero tenían.
Si se segmentan más los grupos de renta, 629 millones de euros (el 55%) acabaron en el 5% de propietarios más acomodados, y 268 millones, casi una cuarta parte del total, en el 1% más rico. En el otro extremo, el 50% de los arrendadores situados en la mitad inferior de la tabla se llevaron tan solo 11 millones de la ventaja tributaria.
La concentración del beneficio fiscal responde a una doble circunstancia. Los investigadores explican que los contribuyentes con rentas más elevadas son con más frecuencia arrendadores y, además, obtienen ingresos más cuantiosos por sus inmuebles (bien sea porque alquilan más de un piso o porque se trata de pisos más caros). A ello se suma el carácter progresivo del IRPF, que hace que cada euro de reducción fiscal suponga un ahorro mayor para los contribuyentes de la parte alta de la distribución, que tienen los tipos impositivos más altos. Así, aunque solo el 37% de los arrendadores pertenecen al 10% con más renta, este grupo concentra casi tres cuartas partes del beneficio fiscal.
Los datos permiten observar quién recibe los ingresos del alquiler y cómo se distribuyen entre la población. Según las cifras, alrededor de 2,9 millones de personas ―aproximadamente el 8,5% de la población mayor de edad― declaran ingresos por arrendamientos. Y, aunque hay propietarios que cobran alquileres en todos los niveles económicos, su presencia aumenta considerablemente a medida que crece el poder adquisitivo.
Para medir esta distribución, los investigadores ordenan a la población según su nivel de ingresos y la dividen en 100 grupos del mismo tamaño, llamados percentiles. En el primer peldaño está el 1% más pobre y en el último, el 1% más rico. Los datos reflejan que, entre el 40% de la población con menos renta, apenas el 2,6% recibe rendimientos inmobiliarios. El porcentaje va ascendiendo y llega al 14,3% entre quienes se sitúan entre los percentiles 80 y 90, alcanza el 25% en el tramo comprendido entre los percentiles 90 y 95 y llega al 42,5% en el 1% más rico. Esto no significa, sin embargo, que la mayoría de los caseros pertenezca a los grupos más acomodados. El 63% se encuentra entre el 90% de la población con menos renta y solo el 5% forma parte del 1% más rico.
Las diferencias entre los propietarios de rentas bajas y altas se aprecian tanto en las cantidades que ingresan por alquiler como en el tipo de inmuebles que arriendan. Entre el 40% de la población con menos renta, quienes reciben ingresos por esta actividad obtienen una media de 363 euros mensuales, de los que 344 proceden del alquiler de viviendas destinadas a residencia habitual (que son las que pueden acogerse a la ventaja del IRPF). En este grupo, por tanto, apenas hay diferencias entre los ingresos procedentes de todos los inmuebles y los que corresponden exclusivamente a viviendas.
En el extremo opuesto, el 1% con mayores ingresos obtiene una media de 2.400 euros mensuales por el conjunto de sus alquileres, de los que 1.793 euros vienen de viviendas habituales. La diferencia refleja que sus ingresos por arrendamientos son mucho mayores y que, además, diversifican con otros bienes inmobiliarios, ya sean locales comerciales o viviendas de uso turístico. En este ejercicio se descartan trasteros y garajes porque los expertos solo tienen en cuenta los inmuebles de 25 metros cuadrados o más.
A partir de esta radiografía, los investigadores plantean algunas reflexiones. Una de las cuestiones que consideran más relevantes es el destino de los beneficios fiscales asociados al alquiler, que en la práctica suponen una pérdida de recaudación para las arcas públicas. En 2023, año de referencia para el estudio, la reducción era todavía del 60%. Tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, con efectos a partir del ejerccio 2024, el descuento se redujo al 50% con carácter general y se elevó hasta el 90% si se cumplían algunos requisitos (alquilar a un joven o rebajar el precio, entre otros, da derecho a una reducción mayor). Un porcentaje que el último decreto sobre vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso eleva incluso al 100% (es decir, se percibiría íntegro el rendimiento del alquiler) si se cumplen una serie de casuísticas.
Los autores comparan el coste de las ventajas tributarias que reciben los arrendadores con los recursos destinados a ayudas directas a los inquilinos. En concreto, señalan que la reducción fiscal aplicada al 1% más rico tiene un coste similar al presupuesto anual del Bono Alquiler Joven, de unos 200 millones. Y plantean si parte de esos recursos podría reorientarse hacia quienes pagan el alquiler, en lugar de beneficiar fiscalmente a quienes lo cobran.



