La UE urge a bajar los impuestos a la electricidad para hacerla más atractiva frente a los combustibles fósiles

La Unión Europea se prepara para gestionar un creciente estrangulamiento en sus redes eléctricas en un momento en que la electrificación industrial y el auge de los centros de datos disparan la demanda. Una propuesta de regulación del Consejo Europeo y de la Eurocámara a la que ha tenido acceso EL PAÍS advierte de una posible "escasez observada o prevista" en los puntos de conexión y abre la puerta a que los reguladores establezcan prioridades sobre quién puede conectarse cuando no haya capacidad suficiente. También llama a rebajar la fiscalidad de la electricidad para que sea menor que la del gas y los carburantes, un paso clave para acelerar una electrificación hoy más urgente que nunca.

La segunda gran tormenta energética en un lustro es algo más que una llamada de atención para un continente, Europa, que depende casi íntegramente del exterior para saciar su adicción a los combustibles fósiles. Hoy, a diferencia de en las dos icónicas crisis de los años setenta, hay salida a esa dependencia: el 75% de la demanda energética actual puede electrificarse con tecnologías hoy disponibles, según los últimos cálculos de la Universidad de Oxford. Para ello, sin embargo, hace falta liberarse de inercias y ataduras mentales. Y dar un paso al frente con medidas de acompañamiento económico para que ese cambio sea viable.

Ese último flanco es el que quieren atacar de una vez por todas los Veintisiete, tratando de aligerar la carga fiscal que soporta la electricidad para hacerla aún más competitiva frente a sus pares fósiles. La propuesta mantiene el principio de que la electricidad no debe soportar una fiscalidad superior a la de los combustibles —en particular el gas—. Permitirá revisar cómo se calculan los peajes de red. Y plantea que los Estados puedan asumir con fondos públicos una parte de los costes de determinados usuarios.

Hoy, con los precios de los hidrocarburos disparados por la concatenación de guerras en Ucrania y en Oriente Próximo, la brecha es enorme: quienes tienen un coche eléctrico o han instalado una aerotermia bien saben del ahorro que supone. En condiciones normales, sin embargo, esa brecha se cierra; en gran medida por un diseño de la fiscalidad en muchos países que, lejos de acompañar, lastra la electrificación.

La transición hacia la electricidad como principal fuente de energía en hogares, transporte e industria "se ve obstaculizada allí donde los marcos fiscales nacionales siguen favoreciendo a los combustibles fósiles frente a la electricidad", incide el documento. Un diseño fiscal que, en fin, "desincentiva el cambio hacia soluciones energéticas de menor coste, renovables y bajas en carbono".

Pese a su enorme potencial renovable, con costes de generación mucho más bajos que en la mayor parte del continente, España es uno de esos países en los que el esquema tributario no es precisamente favorable para la electrificación masiva de los usos finales. Pese a algunos pasos recientes —estructurales, como la eliminación paulatina del impuesto a la producción eléctrica (7%); o coyunturales, como la rebaja temporal del IVA sobre la factura de la luz hasta el 10% (frente al 21% habitual) para hacer frente al estallido de precios—, la fiscalidad penaliza mucho menos a los carburantes, caros, contaminantes y procedentes del exterior, que en la mayoría de países del centro y el norte de Europa.

El otro gran problema para los altos precios de la electricidad está en el diseño de los mercados eléctricos europeos. El para muchos sacrosanto sistema marginalista, en el que el último kilovatio hora que se consume marca el precio mayorista de la luz, ha incentivado durante años la entrada de renovables. Sin embargo, en tiempos convulsos como los actuales, el estirón del gas se está contagiando a todos los rincones del mercado, disparando los precios en todas las franjas horarias salvo en las solares.

Otra de las cuestiones clave es cómo repartir una infraestructura cuya capacidad puede no ser suficiente para atender simultáneamente todas las nuevas demandas. La UE quiere permitir que los reguladores adopten medidas para evitar peticiones especulativas de conexión, exigir que los proyectos tengan un grado suficiente de madurez y establecer prioridades entre categorías de usuarios.

La propuesta de regulación menciona expresamente a hogares, pymes, servicios públicos y sociales, comunidades energéticas, centros de datos, industrias electrointensivas y transporte. Los criterios deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios y podrán tener en cuenta el impacto de cada proyecto sobre la congestión, así como costes y beneficios económicos, ambientales, de seguridad y sociales, dice el texto.

El cambio es especialmente relevante para España por la carrera para atraer centros de datos. En este país, remarca González Casares, hay solicitudes de acceso a la red por unos 22 gigavatios (GW) para estas instalaciones, aunque solo alrededor de tres corresponderían a proyectos considerados suficientemente sólidos para ejecutarse antes de 2030.

El nuevo diseño de las tarifas también apunta a que la factura eléctrica proporcione más información sobre el coste que tiene para el sistema la forma en que se consume. La expansión de los contadores inteligentes será clave, dice la propuesta del Consejo y del Parlamento Europeo: el compromiso exige una cobertura mínima del 50% de los consumidores finales en 2030 y del 75% en 2033, con plazos ampliados para los países que partan de una penetración inferior al 30%.

El objetivo es que las tarifas puedan enviar señales que incentiven la reducción de los picos de demanda, el almacenamiento y la flexibilidad. La factura eléctrica europea empieza a evolucionar desde una lógica basada principalmente en cuántos kilovatios hora consume un usuario hacia otra que también tiene en cuenta cuándo, dónde y bajo qué condiciones utiliza la red.

En condiciones normales, sin embargo, esa brecha se cierra; en gran medida por un diseño de la fiscalidad en muchos países que, lejos de acompañar, lastra la electrificación. "El ritmo de electrificación está intrínsecamente ligado al coste de la electricidad, que a su vez depende no solo de los cargos de red, sino también de los impuestos que gravan las facturas eléctricas", se lee en el texto de la regulación, que han examinado esta semana las capitales. "Los Estados miembros deben garantizar que la electricidad reciba un tratamiento fiscal más favorable que el gas natural, proporcionando así una señal de precios que impulse la electrificación de la Unión".

Pese a algunos pasos recientes —estructurales, como la eliminación paulatina del impuesto a la producción eléctrica (7%); o coyunturales, como la rebaja temporal del IVA sobre la factura de la luz hasta el 10% (frente al 21% habitual) para hacer frente al estallido de precios—, la fiscalidad penaliza mucho menos a los carburantes, caros, contaminantes y procedentes del exterior, que en la mayoría de países del centro y el norte de Europa. "Si queremos que familias y empresas sustituyan los combustibles fósiles por electricidad, la señal fiscal debe acompañar ese esfuerzo", incide, en conversación con este diario, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares. "No tiene sentido pedir que se electrifique la economía mientras la fiscalidad penaliza esa decisión", añade.