La pesadilla de trabajar en los juzgados de Baleares: "Llaman para renunciar"

"Si te toca plaza en Mallorca te echas a temblar". Pablo Rodríguez, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del sector justicia, asegura que los tribunales de Baleares viven una crisis de personal porque encontrar vivienda en el archipiélago es como buscar una aguja en un pajar. La presión inmobiliaria está ahuyentando a los auxiliares, gestores y tramitadores procesales. Son la columna vertebral de la justicia. Pero con sueldos de entre 1.600 y 2.000 euros vivir en las islas se hace difícil; planear comprar una casa es construir un castillo en el aire.

Unos 1.400 funcionarios judiciales viven en el archipiélago balear. El 58% son interinos. Un auxilio judicial, el primer escalafón, cobra en torno a 1.600 euros netos mensuales; el tramitador puede ganar 1.800, y el gestor procesal, 2.000. Sin embargo, su papel es clave, porque redactan los borradores de los escritos judiciales, documentan embargos y reciben y registran los escritos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, Carlos Gómez, se ha posicionado públicamente para alertar de la precariedad de estos empleados. "Baleares es un sitio temporal para los funcionarios judiciales", y la razón "es la presión inmobiliaria", denuncia. El personal viene y va. El que se queda lo hace a sabiendas de que, con más de 30 años, y tras aprobar una dura oposición, tendrá que compartir piso. Gómez recuerda el caso de una trabajadora de la Sala de lo Civil y de lo Penal, de su propio tribunal, que se vio obligada a irse; cobraba 1.300 euros mensuales.

Hace unos días, en un acto institucional, Gómez puso sobre la mesa una llamativa solución: construir viviendas en los juzgados. Defendió que el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Palma, cuya construcción está prevista en los próximos años, puede incluir la construcción de pisos y este ser un antídoto a la fuga de talento. Una propuesta que ha trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Justicia.

La Administración busca soluciones. Por ahora, el parche consiste en tirar de candidatos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que no necesariamente cuentan con formación jurídica o conocimientos administrativos. La bolsa de opositores se agotó. No hay previsión de que se convoque una nueva a medio plazo. Rodríguez, de CSIF, identifica un patrón. "Al darles la plaza dicen que sí en 24 horas". Luego buscan vivienda. A los pocos días "llaman para renunciar".

Legalmente, rechazar una plaza implica l a expulsión definitiva de la bolsa de trabajo en ese territorio. Rebeca, almeriense de 33 años, es tramitadora de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Palma. Lleva tres años en la isla. Paga 430 euros por una habitación en un piso que comparte con otra chica. "He tenido suerte", admite. Sabe que lo suyo es un chollo, porque conoce muy bien el mercado inmobiliario de Mallorca a través de cuatro grupos de Telegram y dos de WhatsApp. En los chats, los trabajadores están al quite si una habitación se queda libre.

En Palma, una de las urbes con mayor presión, una habitación en un piso compartido puede rondar los 700 euros. La búsqueda de inquilino funciona como un casting. Es común prohibir parejas, mascotas y niños. Los baños suelen ser compartidos. No es raro exigir pagos anticipados, un mes de fianza y el primer mes de alquiler de adelanto, normalmente.

La ansiedad por encontrar un lugar donde vivir obliga a muchos a pagar por habitáculos que solo han visto a través de la pantalla. En este resquicio anidan los engaños. Manuela, de 54 años, tramitadora procesal, ha conseguido plaza en Palma tras 11 años como interina en la Comunidad Valenciana. Fue víctima de un engaño: pagó 1.400 euros por la reserva de una habitación que solo vio por fotos porque necesitaba incorporarse cuanto antes. Pagó, pero el supuesto propietario le pidió más dinero como condición para visitar el piso. Cuando Manuela decidió romper el acuerdo, no le devolvieron lo adelantado.

Manuela ha denunciado, cuenta por teléfono. Ahora hace las maletas para iniciar su nueva vida. Deja atrás a su familia, dos hijas y su hogar. Pero espera que sea temporal. Pagará 800 euros en un piso que compartirá con la propietaria. "No está mal", dice. "Al menos tiene aseo propio". En Palma, dice, las habitaciones más baratas —nadie habla de pisos; los dan por inalcanzables— están alejadas de la ciudad o en barrios con mala fama. Pedir pagos por adelantado es lo normal, explica.

Carmen, granadina de 33 años, es tramitadora procesal en Palma de Mallorca. Paga 843 euros por un piso de apenas 40 metros cuadrados. "La gente me dice que es un pisazo". Vive sola, algo inalcanzable para muchos. Tiene una habitación, una cocina, un baño y un salón. Lo suyo fue suerte, supo que el anterior inquilino del inmueble se iba y lo sustituyó. Pero cuando termine el contrato no sabe si podrá seguir. El casero le ha recordado que le está haciendo un favor. Antes pagaba 410 euros en un piso con otras tres compañeras. "No era muy grande, compartíamos baño, no había aire acondicionado, la cocina estaba en mal estado, el casero no arreglaba las cosas…". Pero añade: "De lo que había estaba bien". El factor común en las tres trabajadoras es la resignación. Pasan por el aro. Les toca aceptar que es lo que hay.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre la pesadilla de trabajar en los juzgados de Baleares: "Llaman para renunciar" y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.