La patronal eleva la presión para que el Gobierno actúe contra el incremento de bajas laborales

La patronal lleva meses esforzándose para que la sociedad española escuche lo que opina sobre el aumento de la incapacidad temporal en España, cuya incidencia se ha duplicado en la última década: resiente la competitividad de las empresas, especialmente la de las pequeñas, y reclaman medidas contundentes para atajar el problema, mensaje que ha intensificado en los últimos días . El foro principal para que esa conversación fructifique en resultados es la negociación tripartita del Ministerio de Seguridad Social con los sindicatos UGT y CC OO y con las patronales CEOE y Cepyme. Pero el diálogo empezó hace casi dos años y todavía no ha cristalizado en medidas concretas para solucionar el incremento de bajas, un fenómeno que el líder del PP catalogó el martes como " un cáncer ". También criticó los convenios, acordados por sindicatos y organizaciones empresariales, que complementan el salario de los empleados de baja. Una posición matizada después por su partido, pero que sirvió este miércoles al presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, para percutir en esa idea : "Es algo de lo que queremos hablar con los sindicatos. Habría que detectar cuál es la parte de absentismo profesional". Al otro lado, las centrales se sienten cada vez más agredidas por el tono patronal en este tema.

Lejos queda el 10 de mayo de 2023 , cuando las patronales y los sindicatos presentaron el último acuerdo nacional de convenios , ya expirado y con escasas posibilidades de ser renovado a corto plazo. En aquel texto expresaban una posición compartida sobre la incapacidad temporal : "Manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. En ese sentido, deseamos establecer líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras", decían CC OO, UGT, CEOE y Cepyme. Y proponían una medida concreta, difícil de asumir por los sindicatos por la desconfianza que generan las mutuas entre algunos trabajadores , pero que finalmente se incluyó en el acuerdo. Este instaba a la Administración pública a desarrollar convenios para aumentar el protagonismo de las mutuas en el diagnóstico y el tratamiento de las bajas traumatológicas.

Un año después, en septiembre de 2024 , esa previsión trascendió el ámbito bipartito y se incluyó en el último gran acuerdo del diálogo social, la tercera parte de la reforma de pensiones. Es la última vez que el Gobierno ha conseguido atraer a la patronal a un pacto, que acabó saliendo adelante con el apoyo parlamentario del PP . Así, quedaba establecido el instrumento para que los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas llegasen a acuerdos con la Seguridad Social para aprovechar mejor los recursos de las mutuas, con la esperanza de acortar bajas que se alargan por las colas de la sanidad pública.

Sin embargo, esa previsión apenas ha tenido desarrollo real, dado el rechazo de las comunidades autónomas, la mayor parte gobernadas por el PP. Según informa la Seguridad Social, han firmado esos convenios tres autonomías del PSOE (Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha) y dos dirigidas por el PP (Cantabria y Baleares). Navarra, presidida por la socialista María Chivite, está en negociaciones para suscribir esta colaboración, pendiente de desarrollo en las demás.

Esta es la medida principal acordada hasta ahora, pero el Gobierno quiere adoptar más, y para ello abrió una negociación específica en octubre de 2024. Empezó con mal pie , después de que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, propusiera crear una nueva baja laboral "flexible" que permita trabajar parcialmente. Esa posición fue matizada poco después por el Gobierno, tras el aluvión de críticas de los socios del Gobierno y de los sindicatos, y se planteó como una reincorporación gradual al trabajo una vez se tenga el alta.

Desde entonces ha continuado la conversación al respecto de patronales, sindicatos y Gobierno, con momentos de mayor y menor intensidad. Enfrentó un momento crítico en marzo, cuando los representantes de CC OO y UGT advirtieron que no acordarían nada respecto a la incapacidad temporal si no se desbloqueaba la jubilación parcial del personal laboral de la Administración pública . Ese precepto fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de junio , pero los negociadores siguen viendo lejos un posible pacto en materia de bajas.

"El Gobierno confía en que puedan alcanzarse pronto acuerdos que puedan trasladarse a reformas legales", dice el Ministerio de Seguridad Social, que agrega: "Hay que tener en cuenta que las dinámicas de negociación no son lineales y los contactos con los interlocutores son permanentes. En los últimos años se han alcanzado importantes acuerdos en materia de Seguridad Social y la incapacidad temporal ahora mismo es el asunto de más calado que se está trabajando en la mesa de diálogo social de Seguridad Social". El ministerio planteó un borrador de texto articulado en octubre , que no ha vuelto a actualizar.

El problema principal es la dificultad del Ejecutivo para satisfacer a la vez a sindicatos y patronales. Y la Seguridad Social quiere un acuerdo con todas las partes, de manera que tenga alguna opción de que las reforma con rango de ley (una parte se puede sacar adelante por decreto) prosperen en el Congreso . Con el paso de los meses han ido quedando fuera de la mesa algunas de las medidas que más atraían a la patronal, relacionadas con el funcionamiento y gestión de las mutuas y sus facultativos, así como el aumento del control de las bajas por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Fernando Luján, negociador de UGT, subraya que la parte de las "altas progresivas" (como rebautizó la Seguridad Social al concepto de las bajas flexibles) debería pasar por un cambio legal, mientras que la parte puramente de gestión de la incapacidad temporal sí podría salir adelante por decreto, como la posibilidad de un órgano que centralice los tribunales médicos. "Veo difícil el acuerdo tripartito. Tengo la sensación de que la patronal está en otros temas", dice Luján, que rechaza de plano la posibilidad de que las mutuas ganen voz en la concesión del alta. Estas entidades ya pueden decretar la incorporación en las contingencias profesionales, pero no en las comunes, como sí reclaman algunas voces patronales.

El negociador de CC OO, Carlos Bravo, echa de menos que en ese decreto de la jubilación parcial no se haya incluido también una prestación singular para pacientes oncológicos o la posibilidad de dar el alta para una actividad pero no para otra a los pluriempleados cuando el médico de atención primaria lo estime oportuno, entre otros asuntos. "Son elementos que se cayeron de forma inexplicable de ese texto, que iban a estar ahí y que espero que se aprueben". A la vez, Bravo critica que las comunidades apenas hayan implementado el acuerdo para incrementar el protagonismo de las mutuas.

Bravo cree que el Gobierno no volverá a convocarles hasta que pase el parón veraniego, y que habrá más opciones de alcanzar un acuerdo una vez pasen las elecciones en CEOE, previstas para el 1 de octubre. "Veremos si entonces tienen un discurso más constructivo que el de ahora, que imposibilita avanzar en materia de incapacidad temporal. Es grosero y está apartado de la realidad", dice, recordando algunas conceptos planteados en los últimos meses por CEOE, como el de " bajaciones ". Garamendi ha dicho que los 17.000 millones que dice que pagan las empresas en incapacidad temporal son "un impuestos encubierto". La última reunión de esta mesa de negociación se celebró el 20 de abril .

Fuentes empresariales vienen manifestando que consideran varias medidas planteadas por el Gobierno como insuficientes. También critican que hayan pasado meses sin que el Ejecutivo haya convocado una nueva reunión (la última fue en abril) y que varios cambios por decreto ya se deberían haber implementado. Con todo, no cierran la puerta a un posible consenso. "Con la Seguridad Social está costando llegar a acuerdos porque partimos de posiciones muy diferentes, pero avanzamos poco a poco", dijo en mayo a este periódico la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre la patronal eleva la presión para que el Gobierno actúe contra el incremento de bajas laborales y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.