La nueva ley antiblanqueo obligará a los clubes de fútbol a informar de sus fichajes y cambios en el accionariado

Los grandes equipos de fútbol de España tendrán que someter a un mayor escrutinio sus operaciones financieras. La nueva ley de prevención del blanqueo de capitales que prepara el Gobierno obligará a los clubes a identificar a los inversores, patrocinadores e intermediarios con los que trabajan y a comunicar a las autoridades las operaciones más jugosas, con especial atención a los movimientos en el accionariado y a los fichajes de jugadores. El objetivo es evitar que estas entidades deportivas formen parte, directa o indirectamente, de los complejos entramados que mueven el dinero negro a lo largo del mundo.

Todos los cambios están incluidos en el borrador del Anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo , con el que el Gobierno pretende adaptar definitivamente la normativa española al nuevo marco legislativo comunitario antes de julio de 2027. Por el momento, el texto se encuentra en el portal de audiencia e información pública del Ministerio de Economía, donde estará hasta el próximo 30 de septiembre.

El fútbol profesional se ha convertido en un objetivo prioritario del legislador por su enorme volumen de negocio , las transacciones transfronterizas y las estructuras societarias complejas. La Unión Europea ya puso el foco sobre el sector hace dos años , cuando dio forma a su regulación antiblanqueo. Ahora, el Ejecutivo quiere finiquitar la adaptación del marco nacional a este esquema.

Para ello, aprovechando la misma normativa, el Gobierno también pondrá en marcha la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), una nueva unidad que canalizará toda la labor de control. Y, en paralelo, actualizará el listado de sujetos obligados a vigilar y suministrar la información, a los que considera los "primeros guardianes del cumplimiento normativo".

Además de a los clubes profesionales, se incluye en ese grupo a los agentes de futbolistas, lo que permite estrechar el cerco sobre el deporte rey. Con estas novedades, el Gobierno pretende cerrar una de las vías que, según los análisis de riesgo nacionales e internacionales, están utilizando las organizaciones criminales para mover y blanquear fondos ante el endurecimiento de los controles por parte de la banca tradicional.

La idea preliminar es que la vigilancia sobre el fútbol se concentre en cuatro ámbitos considerados especialmente sensibles . En concreto, las entidades deportivas deberán informar sobre las operaciones con inversores, tanto si implican cambios en el capital como si se articulan mediante otras fórmulas de financiación. También se someterán a examen los contratos suscritos con los patrocinadores, las operaciones y comisiones pactadas con agentes de fútbol u otros intermediarios, y los movimientos vinculados al traspaso o fichaje de jugadores.

En todos esos casos, con independencia de la cuantía de dinero que se esté moviendo en cada transacción, los clubes y los representantes tendrán que identificar a las personas y empresas con las que realizan las operaciones y comprobar quién se encuentra realmente detrás de ellas. La norma también obliga a verificar la identidad de los titulares reales que en último término poseen o controlan los fondos o las sociedades que intervienen en un movimiento.

El anteproyecto, no obstante, contempla mecanismos para modular las obligaciones en función del nivel de riesgo, hasta el punto de excluir a los clubes considerados de bajo riesgo. Así, la normativa comunitaria en la que se inspira el borrador permite dejar fuera a los equipos con una cifra de negocios anual inferior a cinco millones de euros. Un umbral que, en la práctica, no alcanza a los clubes de Primera y Segunda División española, cuyas cuentas superan con holgura esa cuantía. Por su parte, en el caso de los agentes de fútbol, el plazo temporal para adaptarse a las nuevas reglas se retrasa hasta julio de 2029.

El fútbol es solo una de las actividades que quedan bajo el nuevo perímetro de control . El anteproyecto amplía y actualiza la lista de sujetos obligados para incorporar, entre otros, a los promotores y agencias inmobiliarias, incluidos los intermediarios de alquileres de lujo cuando la renta anual alcance o supere los 120.000 euros.

También se incluye a las personas que comercien con bienes culturales, incluyendo las galerías de arte y casas de subastas, cuando el importe de la operación sea como mínimo de 10.000 euros. Esta cuantía también marca el límite de la vigilancia en el caso de almacenar o comerciar bienes en zonas francas o edificios de aduanas. También quedan incluidos en el listado los proveedores de juegos de azar, los intermediarios de los programas de residencia por inversión y los profesionales dedicados al depósito, custodia o transporte de dinero.

En el caso de los sujetos vigilados, la normativa amplía el control sobre los hermanos de quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos de máxima responsabilidad política, tanto en el ámbito estatal como autonómico y, en determinados supuestos, el local. Hasta ahora, las medidas reforzadas sobre los familiares de estos perfiles se centraban fundamentalmente en cónyuges, padres e hijos. El borrador amplía ahora el foco a los hermanos de jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y parlamentarios, así como de los cargos de alta dirección de los partidos políticos. El criterio se extiende también a los cargos equivalentes en entidades locales de más de 50.000 habitantes.

Para identificar a estos familiares, los bancos y demás sujetos obligados podrán recurrir a ficheros y bases de datos especializadas que contempla la propia ley. La normativa también prevé una lista oficial de los cargos considerados personas con responsabilidad política, que permitirá facilitar su identificación. Una vez detectado el parentesco, bancos, inmobiliarias, empresas de juego y otros sujetos obligados deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia, con mayores comprobaciones sobre el origen de los fondos y del patrimonio y un seguimiento más estrecho de las operaciones.