La hostelería pide al próximo Gobierno gravar a operadores como Mercadona por servir comida y bebida en sus supermercados

Hostelería de España, la patronal que representa a 320.000 establecimientos entre bares, restaurantes o cafeterías, entre otros, retoma su batalla contra Mercadona y otros operadores del sector por servir comida y bebida para ser consumida en sus establecimientos. En un documento remitido a los partidos políticos en vísperas de las elecciones, la patronal amplía esa ofensiva a otros supermercados con servicios similares, así como a ferias o macroeventos gastronómicos "sin equiparación fiscal ni cumplimiento de la normativa sanitaria", o particulares que sirven comidas preparadas en sus domicilios "ejerciendo actividades de economía sumergida y poniendo en grave riesgo la salud y los derechos de ciudadanos y consumidores".

Esta reivindicación forma parte del texto de 30 medidas que la patronal ha remitido a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones del 29-N con el fin de reforzar la competitividad del sector. El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ya cargó el pasado mes de mayo, coincidiendo con la clausura de la Asamblea Anual de Hostelería de España, contra el modelo de Mercadona, que ya están empezando a copiar otros supermercados, de convertir sus tiendas en bares. "Ahora tenemos gasolineras, tiendas, hipermercados o supermercados que quieren ser bares. Eso es competencia desleal. Nosotros lo que les decimos es que desde un punto de vista económico y de la competencia que monten lo que quieran, pero que todos tenemos que jugar en igualdad de condiciones y ser iguales ante la ley", reclamó en su discurso hace cinco meses.

La petición actualizada ahora en el marco electoral incide en que la hostelería tradicional sufre "una clara asimetría competitiva" frente a modelos de negocio, en clara alusión a la compañía de Juan Roig, con lagunas regulatorias que, en su opinión, desdibujan la competencia. "La comida y bebida consumida en espacios de degustación, abiertos al público y con concurrencia en espacios comerciales, clubes y asociaciones, deben cumplir con la misma normativa que en esa misma actividad se exige a bares y restaurantes".

La patronal justifica la elaboración del documento por la necesidad de responder al peso económico y social de un sector que representa a más de 300.000 empresas y genera empleo directo para dos millones de trabajadores entre asalariados y autónomos, casi un 10% de los cotizantes. "El conjunto de la hostelería representa el 6,7% del PIB, mientras que la restauración aporta por sí sola el 4,7%. Su actividad impulsa, además, una amplia cadena de valor vinculada a la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria agroalimentaria y los servicios y suministros para los establecimientos", resalta el documento.

El documento va más allá de lo que considera competencia desleal y dedica una buena parte de su argumentario al área fiscal. Al margen de solicitar el mismo trato impositivo para todos aquellos operadores que sirvan comida en sus establecimientos, la organización plantea el blindaje del IVA reducido del 10% en hostelería, ante la insistencia de las autoridades comunitarias de subirlo al 21% en un informe hecho público en mayo. La propuesta de Bruselas instaba a España a eliminar el tipo reducido y aplicar el general para recaudar 7.000 millones de euros adicionales al año, tomando en cuentas las estimaciones previas realizadas por la Autoridad Fiscal (Airef). "Su eliminación desplazaría demanda hacia otros destinos y pondría en riesgo empleos y actividad", señaló Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada, investigador en la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos durante la presentación del informe Competitividad Fiscal 2025, elaborado por el IEE, el servicio de estudios de CEOE, en el que escribió el capítulo referido la subida del IVA al turismo.

En materia laboral, la patronal también demanda la eliminación del sobrecoste de cotización para la contratación de extras, ya que supone un gasto adicional de 31,22 euros por día trabajado. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, considera que este gravamen penaliza la contratación temporal en el sector. "Ese sobrecoste se aplica en la hostelería, pero no en la agricultura, y hace inviables las contrataciones. Es un castigo sin sentido", señala el directivo, que apunta que ese contrato se usa de forma intensiva para picos de producción vinculados a banquetes, bodas o grandes reuniones.