La falta de incentivos para cuidar los montes y prevenir los incendios en España: "Es más rentable no hacer nada"

El tiempo pasa despacio en el campo y la frontera entre el pasado y el futuro se desdibuja. Los abuelos de Rosendo Castelló abandonaron a principios del siglo XX la finca familiar, situada a las afueras del pueblo barcelonés de Tordera (19.047 habitantes), porque ya no podían afrontar los costes. 300 hectáreas gestionadas por la familia desde el siglo XVI quedaron entonces abandonadas al sol y a la lluvia. Los abuelos se trasladaron a la provincia de Lleida, donde nació Castelló: "Soy hijo del éxodo rural ", se describe este economista de formación a sus 60 años. Hace más de tres décadas heredó la finca y decidió regresar a sus orígenes. Para ello, tuvo que pagar un precio caro.

La mayor parte de la propiedad estaba ocupada por montes abandonados , con hongos matando los pinos, ramas y troncos caídos por todas partes y una vegetación por limpiar. Durante todos estos años, Castelló calcula que ha invertido más de un millón de euros en conservar la finca. Prácticamente todo lo que ha sacado con su explotación, sin obtener beneficio alguno, y en gran parte gracias al rentable cultivo de kiwi en una pequeña parcela de la finca. "Seguramente lo que he estado haciendo durante mis últimos casi 40 años no lo volvería a hacer de ninguna forma con el cambio climático y el avance de los incendios", lamenta el economista y agricultor.

El desánimo de Castelló ilustra cómo el modelo económico roto de la gestión forestal aboca al abandono de los montes, que cubren más de la mitad del territorio español, y al dejar acumularse la materia orgánica eleva el riesgo de incendios como los registrados en los últimos días en Ávila, Madrid y Castellón. Más del 70% de la superficie forestal española está en manos privadas, según los datos más actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), pero los tres millones de propietarios que la poseen apenas tienen motivos para conservarla más allá del sentimiento de responsabilidad familiar o del altruismo hacia la sociedad.

"Los bosques solo generan beneficios sociales y prácticamente nada más", sentencia Paco Carreño, presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España. El problema es que la explotación maderera apenas rinde (en el mejor de los casos, como el del eucalipto, no llega al 10% sobre la inversión hasta el momento de la tala). A ello se suma que gran parte de los cultivos, como los pinos o los alcornoques, tardan décadas en talarse o hasta un siglo en el caso del pino blanco. La dificultad de conservar las facturas de la gestión durante tanto tiempo hace casi imposible deducir esas inversiones del IRPF en el momento de la tala. "La carga tributaria es prácticamente la misma tanto para quien gestiona el monte que para quien lo abandona", señala Rubén Gimeno, fiscalista del Consejo General de Economistas.

Hoy Castelló calcula que gasta unos 50.000 euros al año en el mantenimiento del monte, aunque la cifra varía, y asegura que no ha deducido ni un solo céntimo del millón invertido desde el inicio. En al menos dos ocasiones estuvo cerca de abandonar la finca. La primera, hace dos décadas, por una plaga que acababa con sus castaños; la segunda, hace 15 años, por otra que afectaba a los pinos. A diferencia del economista agricultor, muchos no superan el estrés y, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, solo un 28% de la superficie forestal española cuenta con algún plan de gestión a largo plazo (casi la mitad de ella, en tierras públicas). Para hacerse una idea, esa área cuidada entre particulares y poderes públicos equivale al tamaño de Castilla-La Mancha.

"Es más rentable no hacer nada, esperar a que el pino crezca por cuenta propia y talarlo", critica el director económico de la Asociación Forestal de Galicia, Daniel Rodríguez. Así operaba precisamente hace medio siglo el padre del profesor de física Juan Ramón Gallástegui con el puñado de montes de su familia en Santiago de Compostela, que suman unas 10 hectáreas. "El pino prácticamente nacía solo. También ayudaba que eran raros los incendios", cuenta el hijo, de 67 años, que gestiona la finca desde la muerte de su padre, hace unas cuatro décadas. Los productos del monte también eran mucho más rentables: "Las piñas se vendían en sacos en el mercado, ya que la gente lo necesitaba para encender el fuego", añade. Recuerdos de una economía atrapada en el pasado.

Hacienda ya intentó abordar el problema mediante el régimen de estimación objetiva del IRPF, conocido como " módulos ", que se extendió a las actividades agrícolas en 1995 y a las forestales en 2000. En lugar de calcular el beneficio restando los gastos a los ingresos, este sistema aplica a cada actividad un índice específico para reflejar sus costes y su rentabilidad estimada. No obstante, según los representantes del sector y los expertos consultados por este diario, estos coeficientes no han sido capaces de reflejar el lento ritmo de la actividad forestal.

"Me tributan hasta el 13% por lo que vendo como si yo ganara algo", gruñe Gallástegui, que asegura que nunca ha sacado beneficios. Uno de los principales defectos del sistema de módulos es limitar los ingresos anuales a un máximo de 250.000 euros. Desde el Consejo General de Economistas, Gimeno explica: "Una única venta de madera, fruto de décadas de crecimiento, puede obligar al productor a perder el derecho al régimen especial".

La situación es aún peor para gran parte de los propietarios de montes que están fuera del sistema de módulos y luego deben tributar su renta en el régimen normal, o de estimación directa. Normalmente lo hacen porque cuentan con otras actividades laborales que obligan a cotizar vía estimación directa, lo que dispara la carga fiscal. Es el caso de Castelló, opta por cortar al año solo la mitad de los chopos listos para la tala: "El impacto fiscal es mucho más grande si corto más", explica. Por poner un ejemplo concreto, un silvicultor casual pagaría hasta el 27% del ingreso final obtenido, frente al 4% equivalente bajo el régimen de módulos, según un informe de 2024 elaborado por la plataforma del sector forestal Juntos por los Bosques y las ONG ambientalistas Greenpeace y WWF.

El estudio recomienda una reforma de la fiscalidad del sector forestal, con propuestas como la deducción en el IRPF de los gastos de mantenimiento de los montes. Para las fincas con un plan de gestión aprobado por las autoridades forestales autonómicas, el grupo sugiere además la eliminación del impuesto sobre sucesiones, así como del impuesto de sociedades. En este último caso, la idea es atraer empresas y profesionalizar la gestión de los montes. "Estas medidas pondrían a disposición de la bioeconomía más recursos forestales renovables y contribuirían al desarrollo rural, a frenar el abandono del territorio y a reducir riesgos catastróficos como los incendios", defiende Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Los cambios también llegan al campo, aunque lo hagan a su propio ritmo. La Generalitat de Cataluña, la comunidad con mayor superficie forestal ordenada, aprobó el pasado 9 de julio una deducción del 15% en el IRPF, con un límite máximo del 5% de la cuota íntegra autonómica, para inversiones no productivas y actuaciones de prevención de incendios en fincas con planes de gestión aprobados por las autoridades catalanas. "Es una medida tímida, pero importante", se contenta Castelló con cierto orgullo de su tierra.