José Antonio Rojas Nieto: Las controvertidas renovables: la quinta
La transición energética nos plantea una disyuntiva que suele quedar oculta detrás de las metas de capacidad instalada y energía neta inyectada a la red.
México puede multiplicar sus centrales solares y eólicas y, al mismo tiempo, importar la mayor parte de los equipos.
Obtendría electricidad, pero desaprovecharía una oportunidad para ampliar sus capacidades industriales.
No se trata de elegir entre renovables y manufactura nacional, sino de desarrollar ambas sin encarecer innecesariamente el suministro ni comprometer su confiabilidad.
En ejercicios preliminares he intentado examinar dos ejercicios ilustrativos.
Siempre con la intención de descubrir los lineamientos a impulsar para lograr que en el año 2040 logremos inyectar a nuestras redes un 50 por ciento de energía libre de gases de efecto invernadero y abatir un poco –al menos– nuestra dependencia del gas natural importado.
Por un lado, tendríamos 8 mil megavatios fotovoltaicos, con una inversión supuesta de 6 mil 400 millones de dólares.
Por el otro, 3 mil megavatios eólicos terrestres, con 5 mil 400 millones de dólares de inversión.
Son ejercicios para averiguar cuánto de esas inversiones podría transformarse en producción, ingeniería, empleo especializado y conocimiento generados en México.
Una central fotovoltaica incluye módulos, estructuras, seguidores, cables, transformadores, subestaciones, obra civil y sistemas de supervisión.
México cuenta con capacidades en varios de estos rubros y podría avanzar hacia componentes de módulos, inversores y electrónica de potencia.
Pero fabricar estructuras no equivale a producir celdas solares: cada eslabón exige tecnología y escala propias.
En la eólica, buena parte de la inversión se concentra en el aerogenerador, en torres, palas, góndolas, generadores, convertidores y controles.
México ha fabricado torres y palas, aunque es indispensable verificar qué capacidades permanecen activas y certificadas.
Debemos distinguir tecnología desarrollada en México, manufactura localizada con tecnología nacional o extranjera, ensamble de piezas importadas, servicios realizados aquí y equipos importados terminados.
Una empresa extranjera que fabrica en México puede aportar valor agregado nacional; una empresa mexicana que importa equipos no convierte su precio de venta en producción mexicana.
Tampoco un módulo ensamblado aquí con insumos importados es cien por ciento nacional.
Por ello, las metas porcentuales generales resultan insuficientes.
Necesitamos una matriz por componente que registre participación en la inversión, valor agregado mexicano comprobable, capacidad de producción, precios, calidad, garantías, tecnología y refacciones.
La política industrial debe avanzar por etapas: primero, estructuras, acero, torres, cables, transformadores, obra civil e ingeniería; después, subconjuntos electromecánicos, materiales compuestos, controles y mantenimiento especializado; finalmente, diseño y fabricación de equipos críticos, laboratorios y capacidad exportadora.
La condición decisiva es una demanda de largo plazo creíble.
Las contrataciones públicas, incluidas las de CFE y hoy las exitosas inversiones mixtas pueden crear escala si se acompañan de financiamiento, certificación, capacitación y compromisos verificables de inversión y aprendizaje.
Los apoyos deben exigir calidad internacional, entregas oportunas, productividad y desarrollo de proveedores, procura eficiente y oportuna.
Cualquier preferencia nacional deberá ajustarse a la legislación mexicana y a los compromisos comerciales internacionales.
Hay otra exigencia: evaluar las renovables por su costo integral para el sistema, no sólo por el precio de generación.
Transmisión, almacenamiento, reservas, servicios conexos, estabilidad y rampas también cuestan.
La manufactura nacional puede reforzar la seguridad de abastecimiento y mantenimiento, pero no sustituye la obligación de ofrecer electricidad confiable al menor costo sistémico compatible con los objetivos sociales y ambientales.
Importan igualmente la calidad del empleo, la formación técnica, las empresas regionales y los beneficios para las comunidades.
Antes de adjudicar grandes programas conviene verificar fabricantes y publicar una ruta de demanda.
Después habrá que medir, además de megavatios instalados, valor agregado nacional, aprendizaje, exportaciones, desempeño técnico, nivel de empleo, masa salarial, nivel de asimilación tecnológica.
Soberanía energética no significa fabricar absolutamente todo ni cerrar la economía: significa contar con capacidades para decidir, diseñar, producir, operar, reparar e innovar.
Si vinculamos la expansión renovable con una política industrial exigente y realista, México aprovechará el sol y el viento y fortalecerá su futuro productivo.
